Las facultades de Derecho de las universidades de América Latina, públicas y privadas, todas, se encuentran repletas. La gente estudia derecho, pero no estudia ingeniería, la gente estudia derecho, pero no ciencia, ni biología, ni matemática, menos física y mucho menos astronomía. Prefieren derecho a pesar de que el futuro está en la ciencia y la tecnología, no en la notaría. Derecho es la carrera más buscada en Guatemala y en Latinoamérica. Por cada cuatro estudiantes que estudian derecho, solamente hay uno que estudia ingeniería. Quienes desean estudiar derecho, asumo yo, buscan la justicia, son personas cuyo objetivo es propiciar sociedades pacíficas, justas e inclusivas, que estén libres de temor, del hambre, de la desnutrición y de la permanente violencia. Pero no, parece que eso no lo enseñan en las facultades de Derecho.
De acuerdo al Centro de Justicia de las Américas, Costa Rica es el país con mayor cantidad de abogados y notarios, con 389 por cada 100,000 habitantes, le sigue Colombia con 356, Brasil con 327, Perú con 250 y Guatemala con 200 aproximadamente por cada 100,000 habitantes. Los que estudian derecho son muchísimos más que los que se gradúan. La eficiencia terminal de la carrera de derecho de la Universidad de San Carlos de Guatemala fue del 10 % en el 2020, si, de cada 100 que se inscriben en una cohorte, solamente 10 terminan en el tiempo que dice el currículo.1 El tiempo de graduación es mayor de 15 años. Cierto, algunos pocos, poquísimos estudiantes de derecho terminan en tiempo, pero la gran mayoría de estudiantes son estudiantes perpetuos. Eso no solamente es caro sino muestra a facultades de Derecho que no pueden ni resolver sus problemas internos, mucho menos será siquiera entender la raíz de las injusticias y del sistema de justicia de juguete que desgobierna el país.
Pero lo dramático en Guatemala, es la forma en que los programas de derecho han emergido durante las últimas tres décadas con el objetivo perverso de ser parte de las Comisiones de Postulación de altas cortes, de fiscal general y de otros cargos públicos importantes. En un país cada día más cooptado por la corrupción sistémica ya identificada por la Comisión Internacional Contra la Impunidad, CICIG, y reportada en diferentes medios académicos, como Paraíso Desigual: Economía de Captura, emergen nuevas facultades de Derecho sin facultades racionales ni éticas. En un país que, durante los últimos gobiernos, de Giammattei para atrás, ha cedido ante el narcopoder nacional e internacional, las grandes farmacéuticas, las mineras, las constructoras y otros que financian de todo, helicópteros a figuras clave, hoteles, prostitución, parrandas, campañas políticas de todos los oportunistas. En este lastimado país, las nuevas escuelas de Derecho son el ejemplo de lo que no debe ser el derecho, de lo que no debe ser la justicia, de lo que no debe ser la moral, de lo que no debe ser la ética. Por supuesto, hay profesores honestos, cursos honestos, pero en general las facultades nuevas buscan poder político por el poder mismo.
Ciertamente las últimas universidades creadas en Guatemala son ejemplo de ese descalabro jurídico. Mire, para dar solamente tres ejemplos: La Universidad de Occidente, que usurpa su nombre de la verdadera Universidad de Occidente de Quetzaltenango de 1876, nace en 1994 como una extensión de la Universidad Francisco Marroquín en Quetzaltenango, para tener una facultad de Derecho y participar en el juego sucio de politiquería barata de venderse al mejor postor y poner magistrados y fiscales de acuerdo a los intereses de los corruptos. Sin el voto de la Universidad de Occidente, dudo que hubiera llegado Consuelo Porras a ser fiscal general. La Universidad Regional, una universidad conceptualizada por algún corrupto que se especializa en diseñar universidades de juguete, refleja los intereses de Estuardo Gálvez, ya conocido en el bajo mundo de la manipulación. Pero lo peor, es la nueva universidad Juan José Arévalo de Walter Mazariegos, ya aprobada por sus amigotes del Consejo de Universidades Privadas, donde él participa y empezará con una carrera, ¿saben cuál es? Sí, esa es.
No puedo dejar de mencionar otra universidad de corruptos: La Mariano Gálvez, la que le dio el título falso, plagiado, de mentiras, a la actual fiscal del Ministerio Público, quien no aprendió nada de derecho ni nacional y menos internacional, como lo refleja la estupidez que ha hecho con las órdenes de captura de Iván Velásquez y Luz Adriana Camargo, la fiscal general de Colombia. Esos son los frutos de nuestras brillantes Escuelas de Derecho.
Pero como ya sé como son los corruptos, alguno de estos innombrables dirá, que fácil es criticar y no hacer nada. Yo respondo que en calidad de director de una Unidad Académica de San Carlos en el 2004 desarrollamos y ejecutamos lo que a la fecha ha sido el mayor programa de transformación del currículo de derecho que ha tenido una carrera de derecho en América Latina. El programa, con fondos de la Cooperación de los Países Bajos, NUFFIC, lo coordinó el jurista Víctor Ferrigno quien puede dar fe de la profunda e intensa transformación del currículo de derecho de la Universidad de San Carlos Quetzaltenango. Yo dirigí ese programa.
Por eso, el futuro de la justicia guatemalteca empieza con transformar profundamente las escuelas de Derecho y sacarlas de las Comisiones de Postulación de altas cortes y fiscal general. Esta toma de conciencia la han hecho respetables profesionales de derecho y de educación en derecho, pero la mayoría no, muchos juegan el juego de la corrupción. Por eso, habrá que repetir que sin derecho no hay justicia, y sin justicia no hay nada, nada de nada.
