El modus operandi del Ministerio Público no ha cambiado, sigue siendo la misma cadena pseudo jurídica: Identificar personas que no apoyan a corruptos, inventar casos, fabricar evidencia, pedir a un juez corrupto órdenes ilegales de detención, encarcelar mediáticamente, extorsionar, obligar a aceptar casos y si estos no aceptan, sigue la persecución, eso se ha repetido una y otra vez con José Rubén Zamora, Virginia Laparra, Stuardo Campos entre otros. También lo hicieron con estudiantes y profesores de la Universidad de San Carlos que se opusieron al fraude electoral del pseudo rector.
Cualquiera que se opone a los fraudes y a la corrupción está ganando un expediente fraudulento de persecución penal. Fue el mismo modelo utilizado para bloquear la elección de Bernardo Arévalo. Entonces el Pacto de Corruptos diseñó a la carrera su Golpe de Estado, golpecito, que no les funcionó, lo que no implicó que no persiguieran, encerraran, extorsionaran a quienes han defendido esta quebrantada democracia. Ahora lo hacen con los 48 Cantones y escriben otra página más en la historia macabra de la justicia guatemalteca: de la persecución individual a la persecución comunitaria.
En Guatemala se le encarga al Ministerio Público, MP, la persecución penal de tal forma que debería dirigir la investigación de los delitos velando por el estricto cumplimiento de las leyes del país. Nada de eso hace el actual MP, más bien dirige la persecución mediática que Funda Terror le indica, siguiendo estrictamente los lineamientos del Pacto de Corruptos, poniendo especial énfasis en la protección de Alejandro Giammattei y Miguel Martínez, dos manipuladores compulsivos, adictos al poder, al dinero, al sexo entre hombres, al robo, a las mentiras, a la cocaína, a todo lo que parece que valora la fiscalía y sus perritos fieles que salen en las redes sociales haciendo el ridículo, desde el actual jefe de la fiscalía de la impunidad hasta cuentas anónimas en las redes sociales que saben las intimidades de las persecuciones penales y que antes de que sucedan las cosas ya las anuncian con la arrogancia que da el poder mal habido. Eso sí, prontamente se adhieren a los principios morales del Papa Francisco para llenarse la boca de falsos moralismos porque todos estos son creyentes en dios, pero servidores del Diablo.
Hay que reconocer que la corrupción como problema social ha sido estructural en Guatemala desde que Guatemala es Guatemala, esto es, desde su origen. En la Colonia ya la corrupción de los españoles con los abusos de la Encomienda era una norma. En la Independencia, la corrupción nace con el país y así nos hemos ido acostumbrando, normalizando con la corrupción como parte de la vida cotidiana. Las leyes no funcionan en un país donde no se respetan las leyes. Pero aun, dentro de este panorama obscuro de la historia democrática se percibe una decadencia moral, se percibe que la corrupción se generaliza y se profundiza a tal extremo que el mismo sistema de justicia queda totalmente atrapado por intereses políticos, bueno, intereses politiqueros.
Tuvimos un respiro con la Comisión Internacional Contra la Impunidad, CICIG. Entonces se hacía justicia y se develaron casos enormes de corrupción. Aunque sabíamos que había corrupción, lo que la CICIG encontró y comunicó a la sociedad guatemalteca fue enorme. Aprendimos de que gobiernos enteros no solamente permitían la corrupción, eran parte estructural de la corrupción. Se lograron juicios de casos emblemáticos como el de La Línea, una estructura criminal dirigida por el presidente y la vicepresidente de entonces, juicios realizados por el juez Gálvez que por hacer bien su trabajo debió exiliarse. ¡Vaya premio que le da un país a los honestos! Se entendió la forma en que el Ministerio de Comunicaciones fue cooptado por ministros que se enriquecieron y aceptaron estos hechos vergonzosos a través de mal utilizar la Ley de Aceptación de Cargos, es el caso de Sinibaldi. Toda la estructura del Partido Patriota fue una estructura criminal que utilizaba las mismísimas instituciones como Fonapaz, el triste recordado Fondo Nacional para la Paz, cuya función era desarrollar y ejecutar proyectos para erradicar la pobreza pero que fue entendido por quienes lo dirigieron como la institución para hacerlos millonarios. ¡Descarados!
Pero como todo problema social no atendido, la corrupción empeora. Si nuestro silencio como sociedad continúa, si nuestros líderes son solamente miembros de una banda, si los profesores universitarios no entienden que tienen una obligación moral para no callar, si los maestros por fin reconocen la historia de sus luchas sociales antes de ser cooptados por Acevedo, si los universitarios de San Carlos, todos, no se dan cuenta que están en una institución cuya historia es la defensa del pueblo y siguen atemorizados ante las órdenes de un rectorcito de tercera categoría cuya especialidad es destazar cerdos, si los artistas, todos y todas, no expresan su descontento social, si los trabajadores públicos honestos, todos, no participan en recuperar la democracia, si los deportistas, campeones o no, no piden un mejor país con sus voces y con sus actos, si los jueces honestos no se rebelan contra órdenes ilegales, si los policías y quienes los dirigen no toman conciencia de que el único camino a la democracia y al bienestar de todos es recuperar la justicia, entonces realmente, con lagrimas en los ojos, debemos reconocer que tenemos el país que merecemos.
El camino de la destrucción de la democracia está anunciado por las acciones del Ministerio Público que ahora cambia cualitativamente su estrategia al acusar de terrorismo a miembros de los 48 Cantones. Escuchen bien: Terrorismo por defender la democracia, terrorismo por querer un mejor país, terrorismo por evitar un fraude, terrorismo por alzar su voz, terrorismo. Como si no fue suficiente que nos robaran la democracia de la Revolución de 1944. Como si no fue suficiente treinta años de guerra de gobiernos asesinos, genocidas que sí eran terroristas. Como que los doscientos mil muertos de la guerra civil, 200,000, no fueron suficientes para que ahora un grupito de envalentonados güizaches, inventores de títulos falsos, vengan a acusarnos de terroristas y nosotros en silencio. Eso es lo que al final llora sangre, nuestro silencio que huele a indiferencia, a miedo, a incapacidad de querer dejarles a nuestros hijos un país mejor.
Para tener un país mejor debemos merecerlo, esto es, hacerlo, construirlo. El sistema de justicia guatemalteca empeora, requiere una transformación profunda. La otrora persecución individual ahora es persecución comunitaria. Los otrora delitos contra el patrimonio ahora son de terrorismo. Esto solamente lo podemos detener los guatemaltecos. No podremos tener un mejor país desde el silencio, desde el miedo. Hagamos este país mejor guatemaltecos, guatemaltecas. De verdad, hagámoslo. Si no es ahora, no será nunca.
