La obsesión de los golpistas es dar su Golpe de Estado, viven, caminan, deambulan, sueñan cómo dar el Golpe, para eso inventan delitos, inventan casos, identifican personas a quienes atacar, solamente para demostrar que hubo fraude, que el Movimiento Político Semilla tuvo financiamiento ilícito y dale que dale a esa obsesión golpista que lo hacen a través de un cooptado sistema de justicia y operacionalizado por un Ministerio Público, MP, que no hace lo que dice la ley, que le pide investigar objetivamente, investigar para la averiguación de la verdad, pero no. Eso no lo hace. Se ensañan contra aquellos que han identificado la corrupción y los han expuesto, casos insignia como los de José Rubén Zamora o Virginia Laparra, no digamos las decenas de inocentes que tuvieron que huir por un sistema de justicia cooptado. 

El extremo del MP ha sido utilizar un pseudo modelo de investigación que identifica personas estratégicas, defensores de los derechos humanos, periodistas, políticos de oposición, para hacer alaracas posteriores, personas que realmente no han cometido delitos, los delitos los inventa el ente investigador. La semana pasada captura al secretario de finanzas de Semilla y utiliza el mismo modelo, el mismísimo. Hacen el gran show de una captura importante y cuando tienen que presentar cargos, solamente presentan estupideces, estupideces que el mismo juez utilizará obligándolos, extorsionándolos para que acepten cargos. Los asustan con el petate del muerto pero el susto es real. Abandonados por quienes están en el poder, un poder que no usan sino de adorno, los sindicados del Movimiento Semilla, aceptan cargos y con ello sigue la narrativa falsa de que hubo fraude. Fraude solamente hubo en la cabeza de los corruptos que compraron con millones y mentiras al mismísimo sistema de justicia. ¡Qué horror!

Los ciudadanos de a pie creen que esta estrategia judicial queda muy lejos de sus vidas y que eso les pasa a los políticos que se meten a cosas. Pero no. Esa estrategia pseudo judicial se la pueden aplicar a cualquiera y lo harán, cuando a ellos, los corruptos, les interese y les convenga. La pseudo base legal de la estrategia es una Ley de Aceptación de Cargos, que más debería llamarse Ley de Imposición de Cargos. Así que este no es solamente un problema de jueces y de abogados, no, para nada, es un problema de todos porque un país sin justicia no es nada, nada de nada. El modelo de aceptación de cargos trabaja en los dos sentidos, siempre para que los corruptos salgan bien. 

Para describir la naturaleza de la cooptación de la justicia en Guatemala basta escuchar la aberrante situación de Floridalma Roque, una persona, un ser humano literalmente asesinado, descuartizada, por un médico, si, un médico que supuestamente tenía que ayudarla, protegerla, cuidar de su vida. Kevin Malouf utilizando la pseudo ley de aceptación de cargos aceptó haber realizado una mala práctica, según él, luego de verse perdido entre todas sus mentiras.  Él le llama mala práctica al hecho de que no atendió adecuadamente a su paciente, Floridalma Roque, de tal forma que la paciente murió. Ciertamente pudo haber sido un accidente, pero no fue ni cerca un accidente. Malouf, fiel a su nombre, en lugar de recurrir a un hospital para salvar a la paciente, dejó que muriera y no solamente eso, la descuartizó como carnicero, una historia que solamente recuerda a Jack el Destripador. Todos los hechos de este asesinato quedaron claros en el juicio con Malouf y sus colaboradores, quienes confesaron. Eso no fue suficiente para el juez, quien tergiversa la ley de aceptación de cargos y libera a este asesino, un hecho repudiable. ¿Por qué el juez en cuestión liberó a este asesino confeso que escondió evidencia, engañó a la familia de la víctima y fue a enterrar a su víctima luego de descuartizarla? ¿Por qué? ¿Qué compromisos tienen estos jueces, estrellas del pacto de corruptos, para tergiversar totalmente la ley y la justicia? 

José Luis Benito el ministro de comunicaciones del corrupto ex presidente Jimmy Morales, quien impuso a la fiscal actual, utilizó esta ley que en reversa debería llamarse Ley de Remoción de Cargos, porque los limpia. El extremo es que el dinero colectado por coimas encontrado en un apartamento de Antigua Guatemala con el nombre de Benito, 122 millones de quetzales, regresa al ladrón. O sea, acepta unas cositas, unas cosillas, le imponen un castigo ridículo comparado con el delito real y ya. Lo mismo para Sinibaldi. Lo mismo. La justicia al servicio de los corruptos. 

Cuando la tergiversación de la Ley de Aceptación de Cargos no funciona, entonces utilizan el viejo modelo «no hay denuncia» el cual se convierte en el modelo de «no hay pruebas» cuando hay denuncias y si esto sigue utilizan el modelo descarado de «no investigo». Ese es el triste caso de B-410, un caso extremo de defraudación fiscal reportado por el superintendente de la oficina de recaudación fiscal de Guatemala, SAT. El caso es enorme, fue enorme, pero lo puso en la refrigeradora el MP. Este es el mayor caso de defraudación fiscal reportado en Guatemala. El presidente de la República, el presidente del Congreso, el presidente del Organismo Judicial, todos deberían pedir cuentas por este caso. El MP no ha movido ni un dedo para encontrar a los culpables de esta evasión multi millonaria, fondos robados a nosotros, los ciudadanos, a nosotros. Lo que sí hicieron los del MP fue atacar a la persona que denunció el fraude, al mismo superintendente. En cualquier parte del mundo ya hubieran hecho movimientos sociales los ciudadanos agredidos, pero aquí no. Hemos normalizado la corrupción y la indiferencia de nuestras autoridades después de decenas de años de la cooptación de la justicia. 

El actual sistema de justicia es un heredero del conflicto armado, 1960-1985. Desde entonces el sistema de justicia estaba cooptado por corruptos. Ya la corrupción militar tenía enormes redes criminales, si no recuerden el caso de la Cofradía.  Nuestros intentos de sacudirnos a estas redes criminales han fallado. Las reformas en la forma de elegir altas cortes y magistrados fallaron rotundamente. Debemos hacer un planteamiento serio para que tengamos justicia, justicia que respete la ley, investigación que respete la evidencia, esto es, un sistema de justicia que no sea manipulado por redes criminales. Este es el problema de fondo. El sistema de justicia está al servicio de redes criminales. Urge liberarlo. Urge. Eso no se hará en silencio, no emergerá por generación espontánea. Ese es un trabajo de todos, de todas. Hagámoslo ahora porque si no es ahora, no será nunca.

 

Fernando Cajas

Fernando Cajas, profesor de ingeniería del Centro Universitario de Occidente, tiene una ingeniería de la USAC, una maestría en Matemática e la Universidad de Panamá y un Doctorado en Didáctica de la Ciencia de LA Universidad Estatal de Michigan.

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