Claramente el Ministerio Público tiene el poder total en este país. Este es un poder absoluto donde no existe la ley sino más bien una tergiversada forma de usar la ley para los intereses particulares de la fiscal, que realmente ni son los intereses de ella, ni de su secretario, sino los intereses del Pacto de Corruptos, un poder real que se beneficia de un Estado de Derecho sin Derecho. Si la función nominal de esta institución es realizar la investigación penal, buscar evidencia, probar teorías de los supuestos delitos, aquí, en este lastimado país, su función es perseguir a quienes se oponen a los intereses de los corruptos. Antes lo hacía discretamente. Conforme pasa el tiempo sus actuaciones son cada vez más cínicas ante el silencio de una sociedad que observa atemorizada cómo manipulan su sistema de justicia. Un país sin justicia no es nada.
Como vivimos un mundo del revés, un mundo al revés, no solo jurídica sino también socialmente, éticamente al revés, es difícil clarificar el problema. El problema es tan profundo que ya no se sabe dónde empieza, aunque si sabemos donde terminará. Empieza en una sociedad que no puede, quiere o puede vivir de acuerdo a la Ley. Cada uno y cada cual busca la forma de evadir la norma sintiéndose un privilegiado momentáneo de esta anarquía jurídica. Ahora el foco de atención está en el Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala, CANG, un colegio cooptado hasta los dientes. En la búsqueda de tener el poder total para elegir al próximo fiscal, la lucha es férrea por esta usurpada institución. Esta y las universidades tienen poderes sobre humanos para influir en la justicia guatemalteca.
El problema de fondo lo introdujeron los Constituyentes de 1985 cuando queriendo democratizar el proceso de selección de altas cortes y de fiscal general les dieron a las universidades y en este caso al Colegio de Abogados y Notarios el poder de postular a los candidatos. O sea que, si bien el presidente en funciones puede escoger al nuevo fiscal, esto lo hará de una lista. Esta es la lista de la discordia porque con la politización de las universidades y la extrema politización del colegio de abogados el proceso produce resultados politizados. O sea, la justicia está en manos de las universidades y del colegio de abogados, unas casi cooptadas y el otro totalmente cooptado. ¡Válgame Dios! Las universidades politizadas, algunas de ellas creadas solamente para tener carreras de derecho, sin alumnos, para tener opción a elegir cortes y fiscal general del Ministerio Público.
Este caos jurídico viene de una conceptualización equivocada del papel que deben tener las universidades y los colegios de profesionales en la sociedad. Las universidades deben ser las encargadas de la educación pública, las encargadas de la producción científica, tecnológica y humanística, no las encargadas de la justicia y menos de poner cuadros dirigentes en el sistema de justicia. Y aquí en Guatemala, aquí, en este país del revés, las universidades tienen un enorme peso en la elección de cortes y de fiscal general. En lugar de desarrollar educación de alto nivel, pertinente para el país, en lugar de hacer investigación científica y tecnológica, los rectores y decanos andan en el combo de elegir altos cuadros para el sistema de justicia. Así que aquí no se respetó el viejo principio de zapatero a tus zapatos.
El otro problema es la misma concepción de un colegio de profesionales como una institución cuyo único objetivo es el beneficio de sus agremiados. La concepción generalizada de un colegio profesional es que debe servir para los intereses de los agremiados. ¡Qué egoísmo! Esa no es su función, no debería ser su función exclusiva y no es su función primaria. Los colegios profesionales nacen en el mundo no para proteger agremiados sino más bien para proteger al público, a nosotros, de los posibles abusos de dichos profesionales en su práctica. Esto ni siquiera les pasa en la cabeza a los colegios de profesionales en Guatemala. Los colegios son instituciones públicas y los agremiados están obligados a colegiarse para ejercer la práctica para que el Estado ejerza control sobre ellos y sus posibles abusos. No al revés. Si no fuera así la ley no obligaría a los profesionales a colegiarse para ejercer.
La ley de colegiación para profesionales universitarios según el Artículo 90 obliga a los profesionales a colegiarse. ¿Por qué? No acaso somos libres los guatemaltecos de libre asociación. ¿Cómo explicar jurídicamente esto? La razón por la que los constituyentes obligan a la colegiación es porque el bien público de defender a la sociedad de los abusos de los profesionales, de las posibles malas prácticas de los profesionales es un bien superior que el bien de libre asociación. La concepción de que el colegio de profesionales es solamente para la mejora y el bienestar de los agremiados es en el mejor de los casos limitada y en el peor, equivocada.
Así, mientras el sistema de justicia utiliza el ridículo caso de Firmas Falsas en contra del Partido Político Semilla y se lo impone al Licenciado Eduardo Masaya simplemente para cooptar al Colegio de Abogados y Notarios y hacerse del poder de la próxima elección de fiscal general, los guatemaltecos miramos atónitos la forma discrecional en que se utiliza la «justicia». Pero debemos más que observar. Debemos actuar. Debemos pronunciarnos por el abuso y mal uso de la justicia con fines políticos. Esto no es solamente tarea de abogados, no, es tarea de todos. Entre más se socave la democracia a través de socavar al sistema de justicia más viviremos en un país no solamente autoritario sino anti democrático. No podemos permitir eso. Analicemos, hablemos, rompamos el silencio y exijamos un sistema de justicia justo, un Ministerio Público que no ande inventando casos, sino que realmente investigue los miles de miles de delitos que quedan impunes, especialmente de los más poderosos. Hagámoslo porque si no lo hacemos perderemos la poca democracia que tenemos. Hagámoslo. Si no es ahora, no será nunca.
