En las actuales condiciones, donde el sistema de justicia claramente está cooptado hasta las entrañas, es difícil, sino imposible construir la democracia. Los y las guatemaltecas hemos luchado por la democracia, lo hemos hecho por décadas. Las manifestaciones del 2023 son un ejemplo claro de esta lucha, urbana y rural, nacional e internacional. ¿Qué es lo que hace que no nos liberemos de quienes han cooptado las instituciones que fueron conceptualizadas en la Constitución como democráticas? En principio es el diseño Constitucional. Parecemos esclavos de nuestra propia Constitución. Debido a un cambio en la ley orgánica del Ministerio Público, ahora se dificulta la remoción de la fiscal, dicen los juristas. En efecto, el artículo 251 de la Constitución sí le da la potestad al presidente para remover al fiscal general “por causa justificada debidamente establecida”.
Pero el diseño Constitucional fue cambiado en la época de la CICIG, Comisión Internacional Contra la Impunidad de Naciones Unidas en Guatemala al establecer en el artículo 14 de la Ley Orgánica del Ministerio Público una reforma en donde definen «causa justificada» concibiéndola como la comisión de un delito doloso en el ejercicio de su función, siempre y cuando haya sentencia condenatoria debidamente ejecutoriada. Este agregado hace casi imposible retirar a un fiscal general sin que se dé un proceso judicial. Y más ahora, justo ahora, cuando el sistema de justicia está cooptado, este nuevo diseño constitucional asegura la permanencia del fiscal general. ¿Es eso democracia?
La democracia de nosotros es una caricatura del gobierno del pueblo para el pueblo. El Pacto de Corruptos, un grupo de delincuentes que han cooptado todo y que dan órdenes a sus pequeñas marionetas, parecen gobernar el país. En el centro de la Democracia derrotada está el Ministerio Público que nunca contestó las preguntas de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, así, por ejemplo, se le pregunta, ¿Cuáles son los criterios para impulsar una causa, una investigación, cuando se trata de denuncias que no tienen pruebas, denuncias anónimas? La respuesta fue, «nosotros tramitamos todas las denuncias». ¿Todas? Lo cierto es que el sistema de justicia, en particular del MP se ha enfocado en debilitar la democracia a través de crear casos, construir evidencias. Tome las causas contra el partido político Semilla.
Al partido político Semilla se le siguen casos que nunca los hubieran siquiera iniciado y menos inventado sino hubiera pasado a segunda vuelta en la contienda electoral. Si el problema hubiese sido de firmas falsas, eso debía haber sido detectado dentro del tribunal electoral. Ya se ha escrito hasta la saciedad que la responsabilidad jurídica de las hojas de afiliación no está en el secretario general del partido, sino en quien recauda las firmas. Pero siguen necios. Luego salen con financiamiento electoral no reportado. También era el tribunal electoral el que debió identificar ese extremo, que más parece un invento. Este caso se lo han llevado a tal extremo que ahora de forma publicitaria giran orden de aprehensión contra Ligia Hernández, quien varias veces acudió a la fiscalía a afrontar el caso. Pero no. El caso es el show, el teatro, la novela, para dejar en el ambiente que Semilla es ilegal. ¡Patrañas!
Y así van los casos, uno tras otro, todos ilegales, todos armados a conveniencia de querer hacer un golpe de Estado. Todos en reserva. Todos. Note el de Usac: Botín Político, otro efecto de la demencia de algún mal escritor de novelas que insinúa que había una estructura criminal en la toma de la Universidad de San Carlos cuando se dio el descarado fraude de Walter Mazariegos, y que esa estructura criminal era para llegar a la presidencia del país. ¡Válgame Dios! Y eso resultó poco con los ataques a funcionarios ya en el poder, amenazas a diestra y siniestra a diputados que han querido separarse del Pacto de Corruptos, en fin. Hemos llegado al extremo de la manipulación del sistema de justicia.
Los casos no han sido solamente del ataque al partido político Semilla. El sistema de justicia le ha dado por dejar libre a personajes confesos, empezando con José Luis Benito a quien se le encontraron maletas con 122 millones de quetzales en Antigua Guatemala, sí, ¡122 millones! También liberaron a Baldizón, otro criminal confeso. También a Sinibaldi, otro de los que se enriqueció con fondos del Estado y así la línea. Ahora se les presenta el caso de la mayor defraudación de impuestos detectada en la historia de Guatemala. Ese delicado caso apenas empieza a describir que vivimos en un país de impunidad. La Superintendencia de Administración Tributaria, SAT lo develó, no el MP.
Al escuchar la conferencia de prensa realizada por la SAT parecía más bien la conferencia de un ministerio público que entendía qué significa evidencia, qué es investigación, qué es metodología, cómo generar herramientas para realizar una investigación, cómo mantener la objetividad, esto es, todas las cualidades que el MP guatemalteco no tiene. A juzgar por la naturaleza de la investigación criminal en el seno del MP este enorme caso de defraudación fiscal, que eventualmente estará relacionado con corrupción y sin duda con quienes robaron a diestra y siniestra en el gobierno anterior: Alejandro Giammattei y Miguel Martínez, este caso se desvanecerá como han desvanecido los casos de corrupción de los gobiernos anteriores. Esa es la democracia de papel nuestra, esta que está en las manos de los corruptos.
Ahora, la recuperación de la democracia requiere de un liderazgo fuerte Presidente. La estrategia de ajedrez debe verse en el tablero de la política nacional. Aún es posible dar la batalla por este país nuestro. Muchos de los enemigos políticos del país estarán involucrados en el caso identificado por la SAT como «B410» y con ello entenderemos mejor a los enemigos de la democracia. Hay que insistir en recuperar al sistema de justicia. Si no seremos una democracia derrotada. Vamos Guatemala, Si no es ahora, no será nunca.
