Fernando Cajas

Fernando Cajas, profesor de ingeniería del Centro Universitario de Occidente, tiene una ingeniería de la USAC, una maestría en Matemática e la Universidad de Panamá y un Doctorado en Didáctica de la Ciencia de LA Universidad Estatal de Michigan.

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La magistrada presidenta del Tribunal Electoral, Blanca Alfaro informa que ha recibido la denuncia número 37 del Ministerio Público, MP, en contra de ella, en lo que va del año. ¡Imagínese! El MP se ha dedicado a darle y darle a la socavación del Estado de Derecho, indica la magistrada Alfaro. En efecto el Ministerio Público le da seguimiento a la obsesión freudiana que Porras, la fiscal general, tiene con el Partido Político Semilla. Después de su último discurso político, la fiscal general habló por 17 minutos sus incoherencias habituales, que según ella la posicionan como la próxima presidenta de Guatemala. Como en el caso de los psicóticos, no se sabe qué provocó este arrebato, ya usual en ella, pero parece ser que fue el informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, o las declaraciones del secretario Santiago Palomo sobre la cooptación del Padrón Electoral.

Las personas normales tienden a pensar que todo el mundo actúa desde un pensamiento similar. La mayoría somos honrados, queremos un país mejor para todos y todas. Pero los psicópatas que tienen este país cooptado, desde la fiscal general, no funcionan así. Los psicópatas que tienen a este país entre sus garras, manipuladores, mentirosos, hacen todo para lograr sus mezquinos objetivos, dice la literatura especializada en el comportamiento de psicópatas. Los guatemaltecos de a pie, los que trabajamos, los que no somos juristas ni analistas profesionales, ni políticos, sino simplemente ciudadanos percibimos ya una relación tóxica, generada por una persona tóxica, una psicópata que confunde su función de funcionaria pública encargada de dirigir la investigación penal, un ente apolítico, no político. Lo que percibimos es un Ministerio Público empeñado, realmente obsesionado en derrocar al gobierno de Arévalo y con eso la pelea no es solamente con el presidente, es con todos nosotros los que queremos un mejor país, un país realmente mejor.

La defensa de la democracia realizada por todos los sectores ciudadanos en el 2023 refleja que la mayoría de guatemaltecos queremos un mejor país y no este país cooptado por redes criminales, donde no se puede hacer nada decente. Para construir una calle de un pueblo X, calle de una triste cuadra que adoquinarán, las empresas constructoras deben pagar coimas, mordidas, a miembros del concejo municipal de X. Por fin, después de años de gestiones los vecinos honrados reciben la grata noticia que la calle será adoquinada. Llega el día de la primera piedra, donde con fondos de los mismos vecinos, deben pagar tremenda parranda de inauguración para que el alcalde de X y su séquito se saque la foto, la ridícula foto y luego viene el calvario de la construcción, que no solamente llevará al menos un año, si no dos, con la calle cerrada por la incompetencia de los constructores y por la burocracia municipal. Así, los ridículos 100 metros de adoquín tardarán en ser colocados una eternidad. Ya entregada la obra se sabrá que hicieron mal los drenajes, que no dejaron drenajes pluviales y que esta micro obra no debió ser una obra faraónica. ¡Qué barbaridad! Lo mismo sucede en el gobierno central cooptado por corruptos como el caso del paso a desnivel de la autopista Los Altos, en Quetzaltenango, un dolor de cabeza heredado de la corrupción de Giammattei (https://bit.ly/4dt5jkH).

La corrupción es el problema más grave que acosa a la población guatemalteca. Nuestra intensa participación política, apoyando en la segunda vuelta electoral al presidente Arévalo fue fundamental para que él ganara la segunda vuelta, no digamos el enorme liderazgo de los 48 Cantones y otras organizaciones sociales y el enorme apoyo internacional que se tuvo. Ahora es tiempo de que nuevamente mostremos nuestro apoyo para la eliminación de la corrupción y también es tiempo de que el presidente Arévalo deje de jugar ajedrez y de una vez por todas la estrategia sea práctica, esto es la remoción inmediata de la fiscal general. La Constitución de la República de Guatemala establece que el presidente sí puede remover al jefe del Ministerio Público. Si no se puede remover a un funcionario que comete delito tras delito, entonces qué tipo de democracia es esta, ¿la democracia de las mafias?

Ahora bien, hay que replantear la complejidad de la corrupción incrustada en todas las instituciones, hasta en la familia, como institución. Así que estamos tratando de resolver un problema profundo. Cuando criticamos las acciones nepotistas de Alejandro Giammattei y Miguel Martínez, ambos manipuladores compulsivos que se enriquecieron a costa del deterioro total de la calidad de vida de los guatemaltecos, se trata de entender mejor la dinámica de los manipuladores para defendernos mejor. La herencia de Jimmy Morales y Alejandro Giammattei no solamente es el saqueo de los fondos del Estado, es el nombramiento y ratificación de la fiscal general, cuyo objetivo dejó claro el Pacto de Corruptos: Impunidad para los corruptos.

La defensa de la corrupción la representa la cooptación de la institución que debería hacer la investigación penal con objetividad y sin inclinaciones políticas, menos politiqueras. Así, nos encontramos en el frente de batalla entre la fiscal general y el Pueblo de Guatemala. Esta no es una pelea, no es una novela entre Consuelo Porras y Bernardo Arévalo, no es una riña personal, es fundamentalmente la lucha entre la democracia y el autoritarismo, es el encuentro entre la verdad y la mentira, entre el respeto y el abuso, es realmente la lucha por la institucionalidad democrática y no solamente la pelea entre dos personas.

Por eso, la remoción de la fiscal general es un asunto fundamental para recuperar esta débil democracia que se encuentra en la encrucijada de defender un normativo de bajo nivel, creado por Thelma Aldana y aprobado de forma inconstitucional en el Congreso de la República del 2016 donde se le quita al presidente la potestad de remoción del fiscal general. Es hora de que el presidente Arévalo recupere la esencia de la Constitución, de lo contrario el Ministerio Púbico no tendrá límites de poder, serán los títeres de los dueños del país y no se ejercerá justicia, se ejercerá venganza, será el fracaso de un Estado de Derecho y triunfará la trampa para consolidar un Estado de terror, sin ley, ni orden; sino con privilegios para unos pocos.  Vamos Guatemala. Si no es ahora, no será nunca.

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