Quien iba a decir que la universidad revolucionaria se convertiría ella misma en una institución antirrevolucionaria, clasista, elitista, racista, dictatorial, llena de fraude, elemento clave para la consolidación de la corrupción, centro de despilfarro, con docentes que entraron en un silencio casi total, gobernada por un narco rector lleno de limitaciones emocionales y principalmente académicas, un graduado de un programa inexistente de esos de fin de semana que fue adquiriendo poder vendiendo su alma al diablo, liquidando, metafóricamente, al decano de Humanidades, Mario Calderón, para él llegar al puesto de la decanatura y darle el tiro de gracia al humanismo universitario san carlista.
Guatemala ha tenido dos universidades estatales. La de San Carlos con orígenes religiosos fundada por órdenes católicas precedida del Colegio Mayor de Santo Tomás en Antigua Guatemala en el Siglo XVII y la Universidad de Occidente fundada el 20 de noviembre de 1876, universidad pública estatal laica parte del Proyecto del Estado de los Altos, con sede en la Ciudad de Quetzaltenango. Tanto la Universidad de San Carlos previo a la Revolución del 44 como la Universidad de Occidente fueron proyectos de formación de carreras liberales para la fundación del nuevo Estado/Nación, nuevo Estado republicano que requería principalmente abogados. Entonces la educación era elitista, machista, clasista, racista y reflejaba las enormes desigualdades sociales perpetuadas por gobiernos dictatoriales. La Revolución de 1944 trajo consigo la creación de nuevas instituciones y la Universidad Nacional y Autónoma de San Carlos tuvo un giro profundo al convertirse en una institución realmente revolucionaria.
La contrarrevolución encontró su mayor resistencia en el profesorado y estudiantado universitario de la San Carlos. Ya clausurada la Universidad de Occidente, 1902, por Estrada Cabrera, debido a que no soportaba las críticas de los docentes y estudiantes contestatarios de entonces, los dos proyectos universitarios guatemaltecos se empezaron a diluir. Aunque la Constitución revolucionaria ya daba un enorme paso con conceptualizar a la Educación Pública Superior, la guerra civil no permitió la diversificación de carreras y se centró en carreras liberales que fueron cooptadas por el neoliberalismo y un capitalismo miope que de a poco convirtió la educación superior en una mercancía y no en un bien público.
A mediados del siglo pasado las universidades norteamericanas empezaban a compartir programas con opciones de educación superior que de a poco fueron ofreciendo carreras cortas, primariamente de educación técnica, el Comunity College. Ese concepto no fue trasladado a América Latina donde se consolidaron las universidades ofreciendo licenciaturas, casi siempre carreras largas, pero en Guatemala se convirtieron en carreras larguísimas porque muchos de los estudiantes no eran estudiantes de tiempo completo, eran y son, trabajadores que estudiaban. La Guerra Civil hizo que la Universidad de San Carlos fuera una universidad contestataria en contra de los gobiernos militares y genocidas de la época. La misma Universidad Landívar también siguió este camino social. Emerge una universidad llamada Francisco Marroquín que se definió como anticomunista, anti san carlista para los niños ricos de la oligarquía nacional.
Por mucho tiempo solamente existieron estas tres universidades hasta que el Consejo de la Educación Privada, (CEP), abrió la llave y empezó a autorizar universidades que eran y son proyectos realmente comerciales, empresariales, claramente proyectos procorrupción como la nueva universidad del actual usurpador de la rectoría que tiene en las puertas de la autorización del CEP, aunque la Constitución define a las universidades privadas con funciones públicas, Artículo 85 de la Constitución. Pero su acabose fue que los constituyentes de 1985 les dieron funciones políticas especialmente en las Comisiones de Postulación de tal forma que emergieron muchas universidades privadas por el simple hecho de participar en comisiones en elección de altas cortes, algunas sin alumnos, pero con voto en esos espacios que tergiversaron las verdaderas funciones universitarias.
El coletazo de la revolución y la guerra civil, cuando el claustro y los estudiantes fueron revolucionarios vino a finales del siglo pasado y se consolida este Siglo XXI cuando ya los rectores reflejaban los intereses politiqueros y comerciales. Los últimos tres rectores han sido sometidos a enormes presiones y han formado parte del Pacto de Corruptos de forma descarada y han erosionado lo poco democrático y académico que tiene la USAC. El último proceso electoral fue un fiasco y una preparación para el fraude presidencial, este último no les salió y aun siguen dando patadas de ahogados en su golpe de estado. Sin embargo, los corruptos dejaron infiltradas hasta los tuétanos las instituciones, principalmente a la San Carlos, donde un consejo superior se ha dedicado a atemorizar, manipular y erradicar todo tipo de protesta, en especial la de los estudiantes consientes que no solo fueron sometidos a las falsedades el Ministerio Público que inventó un caso digno de un cuento chino, USAC: Botín Político. Para muestra un botón.
En su intento de callar las voces de protesta la Dirección General de Asuntos Jurídicos de la USAC siguió un proceso en contra de docentes, estudiantes y trabajadores de la USAC. Este proceso fue la imagen especular del mismo realizado por el Ministerio Público, mismas disque pruebas, mismas disque evidencias, mismas falsedades. Una de las acusadas, Marcela Blanco, no estudiante de la USAC recién fue sancionada por el consejo superior de la San Carlos, óigase bien, por el consejo superior. ¡Que ridiculez! Estos miembros del consejo superior de la San Carlos se creen la Corte de Constitucionalidad del país, emitiendo castigos a diestra y siniestra, violando derechos humanos básicos y tergiversando la ley. Esta psicosis e incapacidad jurídica solamente refleja el liderazgo menos que mediocre que rige a la Universidad Nacional.
Mientras las universidades en el mundo se transforman para ser más democráticas, para atender los problemas sociales de las comunidades donde se encuentran inmersas, mientras las carreras se hacen más eficientes y paralelamente se crean alternativas de educación pública superior que puedan ofrecer programas técnico de alto nivel y de un par de años de duración, la nuestras, se ahoga, se hunde y somos testigos los mismos profesores que recibimos una universidad mucho más revolucionaria y pertinente que la caricatura que estamos dejando.
Repito, para ingresar a la universidad nacional nuestra los estudiantes deben ganar unos exámenes de admisión, mal elaborados, sin capacidad predictiva alguna, y en general apenas el 10% de quienes toman dichos exámenes los ganan. Así, si se examinan y de cada 1000 ingresan 100. Estos cien empiezan al viacrucis universitaria burocrática, muchos abandonan y apenas el 10% se gradúan, esto es 10, esto es aproximadamente el 1% de eficiencia terminal. ¡Que barbaridad! Este es un genocidio académico poco estudiado y nunca aceptado por la USAC. A esto se agrega la casi nula oferta de educación técnica superior, solamente tiene un instituto tecnológico y este casi lo tienen asfixiado las autoridades actuales.
La recuperación de la Universidad de San Carlos solo será posible si reconceptualizamos al sistema de educación superior e insertamos una oferta basada en investigación científica y tecnológica para que la educación pública superior responda a necesidades reales, no solamente del mercado, sino necesidades de la población, con el convencimiento de que las universidades deben ser sistemas culturales para la innovación, de tal forma que se enfoquen en la creación de una sociedad más justa, en la recuperación de nuestro planeta, en el vencimiento de la pobreza y en la lucha por la democracia. En Guatemala eso si es posible. Si no es ahora, no será nunca.
