Otra vez la Corte de Constitucionalidad le da luz verde al uso indebido a una ley, la Ley Contra la Delincuencia Organizada, para que se aplique a un partido político. Los ciudadanos que no somos juristas debemos entender que este es un atentado mayor contra la democracia, es parte del golpe de estado en cámara lenta que fraguaron los cobardes miembros del Pacto de Corruptos que ordenando a sus sirvientes del Ministerio Público y a jueces golpistas cancelaron injustamente al Movimiento Político Semilla. Entonces, desde el 2023, cuando Arévalo pasó a segunda vuelta se les vino la noche encima e inventaron una docena de casos falsos. Uno de ellos es el de «firmas falsas», un cuento chino que montaron para poderle aplicar la Ley del crimen organizado a Semilla.
El caso es espurio, ilegal, injusto y sucio. Para el juez Orellana Semilla no tiene derecho a conocer el expediente. O sea, montan un caso falso, inventan hechos falsos, aplican una ley inaplicable porque a los partidos políticos en contienda solamente se les puede aplicar la ley de partidos políticos y el ente, el único ente que puede suspender un partido es el Tribunal Supremo Electoral. El invento de las firmas falsas, ampliamente discutido en este medio de comunicación, muestra claramente que esa no es responsabilidad del partido político sino de quien colectó las firmas. En el caso eventual de que existan firmas falsas el tribunal electoral debe realizar las investigaciones, pero no, por encargo de la falsa, mentirosa, corrupta, ladrona, arrogante, Consuelo Porras, decidieron llevarlo a un juez de narco actividad. ¿Por qué? Porque ese juez está dispuesto a violar la ley al enmarcar, como sea, el delito inventado por ellos mismos en la ley contra el crimen organizado.
El Movimiento Político Semilla no se organizó para delinquir, no es una organización criminal. El Juez Orellana no tiene competencia para conocer las supuestas pruebas del Ministerio Público. El Ministerio Público no debió iniciar investigación alguna sin conocer primero la investigación del tribunal supremo electoral, por lo que se saltaron al tribunal electoral, el que es supremo. Aquí se saltaron todas las trancas. Ahora bien, cualquiera dirá que Semilla debe ser juzgado. Nadie niega eso. Pero debe hacerlo un tribunal competente y se debió hacer en el tiempo legalmente establecido para ello porque se deben observar los plazos que la ley de la materia indique. Ahora, el problema va mucho más allá de la suspensión de Semilla. Ese mismo mecanismo puede utilizar el ministerio público contra cualquier organización, cualquiera, léase una empresa privada, una universidad, un periódico, una iglesia, una venta de zapatos, una empresa constructora y con ello no solamente cerrarla, sino quedarse con los bienes y peor aún, criminalizar a sus legítimos dueños.
¡No! dirá alguien, Semilla debe ser investigado. No es lo de las firmas falsas, son los 40,000 dólares que recibió Semilla. Eso también ya fue explicado. Pero como Curruchiche no entiende que hay donaciones legales, registradas a partidos políticos honestos, inventó este otro caso. A la fecha ni se sabe por qué suspendieron a Semilla porque el caso está en reserva eterna. Mientras tanto, basándose es una Ley Contra la Delincuencia Organizada, Semilla está suspendido. Al final el problema de fondo no es la suspensión de Semilla sino la forma autoritaria, ilegal y antidemocrática en que este grupo de criminales, léase Consuelo Porras, Rafael Curruchiche y Fredy Orellana aplican la ley porque lo pueden hacer con cualquiera cuando quieran y como quieran. En el fondo, lo que está en juego es la defensa del Estado de Derecho, base fundamental de la democracia.
La suspensión de Semilla es reflejo del autoritarismo y la ilegalidad que ha imperado en los últimos años en el sistema de justicia y principalmente en el Ministerio Público, refleja cómo estos operadores de injusticia arman casos falsos tales como los de Virginia Laparra, José Rubén Zamora, Semilla y muchos más para defender la corrupción. Por eso debemos insistir fundamentalmente en la defensa de la democracia, esto es, en el respeto de la ley. Sí en la Universidad Pública nuestra donde se forman nuestros juristas no se respeta la ley y se impone un rector corrupto, Walter Mazariegos, ¿qué esperamos del resto?, si nuestros niños y niñas están siendo educados en un sistema de educación cooptado por un capo que manipula la ley, Joviel Acevedo, ¿qué esperamos del resto?
Los países donde se respetan la ley son países prósperos porque no puede existir progreso donde reina la injusticia. Esta nueva oportunidad de construir un verdadero país pasa porque rescatemos al sistema de justicia, una tarea de todos y no solamente de juristas. Hagámoslo. Sino es ahora, no será nunca Guatemala.
