Para iniciar este artículo considero necesario determinar el significado de la palabra extorsión, la cual deviene del latín extorsio y -extorsiōnis, y consiste en la presión que se ejerce sobre alguien mediante amenaza para obligarlo a actuar de determinada manera y obtener así dinero u otro beneficio.
Los sinónimos de esta palabra son: chantaje, coacción, coerción, daño, molestia, menoscabo, perjuicio y trastorno.
Existen muchas formas para extorsionar a las personas, empresas, industrias y a toda clase de actividades económicas, sociales y políticas, no importando que en la legislación penal está tipificada como delito y tenga consecuencias de restricción de libertad o pecuniarias.
Hoy abordo el tema de las extorsiones en el área rural, por quienes escudándose en las funciones de autoridades comunitarias se dedican a extorsionar a muchísimas personas cobrándoles un disimulado e ilegal peaje o impuesto de paso a quienes por necesidad están obligadas a transportarse en vehículos automotores y motocicletas por los caminos vecinales de los diferentes pueblos, aldeas y caseríos en los departamentos del país.
Esos grupos de extorsionistas armados de palos y machetes, algunos con armas de fuego, obstaculizan el paso vehicular con piedras y troncos, los cuales remueven cuando los conductores pagan la cantidad de dinero requerida en forma inmediata; supuestamente, indican que la recaudación del dinero obtenido servirá para la construcción de puentes, arreglo de los caminos vecinales e incluso para solicitar a las empresas privadas la introducción de la energía eléctrica en sus comunidades, así como para las cofradías o grupos religiosos del lugar.
Ese tipo de actividades ilegales nos recuerdan el oscuro pasado vivido especialmente en las áreas rurales con las mal recordadas Patrullas de Autodefensa Civil, brazo armado del ejército, quienes con el amparo de las fuerzas militares causaron inmensos perjuicios a la población campesina obligándolas a buscar asilo en otros países y por ende ahondaron sus penas en territorios extraños a su entorno.
Estos señores integrantes de los grupos de extorsionadores se identifican como miembros de los cocodes y por su ignorancia indican que son propietarios de los caminos que están dentro de la jurisdicción de su aldea, lo cual justifica para ellos el cobro que hacen. Ni son dueños de los caminos ni están investidos de autoridad para extorsionar en sus diferentes modalidades a la población. Lástima que su población los haya elegido para buscar el desarrollo de sus comunidades pero que, dicha función la hayan tergiversado convirtiéndose en vulgares delincuentes.
Un ciudadano de ochenta años en Totonicapán es víctima de extorsión por parte de su cocode, pues le indican que durante cuatro años debe ser integrante de dicha organización, de lo contrario tendrá que pagar la suma de treinta y dos mil quetzales al cocode para que le exoneren de dicho servicio.
Sin entrar a considerar los aspectos legales de estas conductas, sería bueno que los afectados interpusieran denuncias de estas acciones en el Ministerio Público, pues aparte de ser cobros ilegales cometen otros delitos concurrentes como la asociación ilícita, poniendo en entredicho a los integrantes honestos y correctos de los cocodes, los cuales se organizaron para buscar el bien común en sus comunidades y no ser una forma para delinquir.
En la vida, toda regla tiene su excepción; es de reconocer que hay organizaciones comunitarias en el país que cumplen muy bien el mandato para el cual fueron elegidos y se proyectan a su comunidad; Oj Alá que así fueran todos.
