Guatemala es un país que obtiene suficientes ingresos públicos, pues se pagan impuestos directos e indirectos, estatales y municipales que supuestamente son destinados para construir infraestructura, desarrollo social y económico para vivir con mejores condiciones que pudieran permitir la satisfacción de las más ingentes necesidades.
No escribo pensando como un iluso, basta que los guatemaltecos pudiéramos ver y tener a mano los presupuestos generales de la nación de gobiernos anteriores para conocer las cantidades millonarias que fueron dilapidadas por los exgobernantes quienes con el mayor descaro dispusieron del erario nacional como que si hubiera sido de su propiedad en beneficio de sus familiares, amantes, la clase económicamente dominante, correligionarios, compra de voluntades políticas supuestamente de oposición, jueces y magistrados.
La rendición de cuentas se redujo a informes técnicos, cifras agregadas y documentos contables justificativos extensos que no permitieron evaluar el destino del dinero público para mejorar o no la vida de las personas a quienes estuvo destinado; de ahí que, el título del presente artículo sea el de pagar sin saber y vivir sin exigir o interpretándolo de otra forma, pero con el mismo contenido fuera el de vivir sin exigir y pagar sin saber.
Cuando los ciudadanos no pudieron identificar con claridad a dónde fue su dinero, cómo se gastó, en qué se transformó y mucho menos cuál fue el retorno social, se produce en su vida diaria la idea que el Estado como un garante idóneo únicamente tiene una presencia extractiva o simplemente recaudatoria que debió ir más allá de los simples bacheos, por lo tanto, el impuesto dejó de tener un objetivo.
Cuando no se pudo conocer el destino del dinero público y menos la calidad de los servicios que se debieron prestar a la sociedad, los impuestos perdieron su condición de herramienta colectiva de mejora y se les principió a concebir como una carga impositiva inevitable, lo que en otras palabras se entiende como que, se paga más sin vivir mejor y, se debe entender que ese problema no es sólo fiscal, es político porque de hecho se rompe el acuerdo tácito entre quien paga y quien administra dichos fondos, eso produce efectos profundos y duraderos en la vida pública y en la condición de ilegitimidad del Estado para seguir cobrando.
Los problemas que no distinguen niveles socioeconómicos y afectan tanto a colonias populares, zonas periféricas, comunidades rurales y barrios urbanos por igual, son entre otros: las calles con inmensos baches, pobre iluminación en diferentes sectores, fugas de agua que no son atendidas, recolección de basura y su tratamiento o clasificación en los vertederos, escuelas públicas en galeras, mercados insalubres y mala atención en los saturados hospitales nacionales y centros de salud, hacen visible la ausencia del Estado y las municipalidades.
Cuando el Estado se ausentó o nunca llegó a la población, no solo dejó de prestar servicios, también permitió a la población entender que allí ya no hubo autoridad legítima y los vacíos que se produjeron, en mayor o menor medida fueron llenados por formas de control informal por parte de los vecinos y en los escenarios más graves por parte del crimen organizado quien se sintió autorizado de hecho para regular conductas, imponer reglas, cobrar cuotas y hasta tomar justicia por su propia mano. Allí donde el Estado no llegó, llegaron las maras y demás.
La ausencia del Estado permitió la violencia explícita, ésta se convirtió en la lenta erosión de la convivencia pacífica y llegó a normalizar el miedo, se fragmentó el tejido social, se perdieron espacios comunes y apareció la autocensura, lo cual produjo un daño enorme a la población a lo largo y ancho del país. El Estado siguió funcionando, nadie reclamó ni exigió y de ese abandono se están viviendo las consecuencias actuales.
