Guatemala, un país con cerca de 16 millones de habitantes, reconocida como la economía más grande de Centroamérica, obliga a preguntarse: ¿cuál ha sido la eficacia de las políticas educativas aplicadas durante los últimos veinte años? así mismo, ¿cuál ha sido el modelo de desarrollo y la concepción de justicia social?
Es entendible que, como consecuencia de la corrupción vivida durante los últimos siete gobiernos anteriores, hubo una tácita aceptación para que miles de personas hayan llegado a la vida adulta sin una educación básica completa o en su caso sin una alfabetización plena, lo cual incidió en el ejercicio de su libertad.
La educación en Guatemala no debe ser entendida como un “servicio más” en el mercado de los bienes públicos, por el contrario, es la condición que posibilita la libertad, su participación en el mundo laboral e intelectual, de lo contrario, sin capacidades lectoras y sin escolaridad básica, se considera como inconsistente cualquier actividad que realice, no puede haber deliberación, se empobrece el concepto de derechos humanos y el ejercicio de la ciudadanía se convierte en una palabra limitante a la información y comprensión de las reglas que estructuran la vida colectiva.
Lo anterior, ha significado durante muchísimos años el objetivo del estrato económicamente dominante y representa una forma de dominación social sin violencia porque se disfraza con programas educativos supuestamente son accesibles a toda la población. El analfabetismo, la educación primaria y la secundaria no terminadas son las tres carencias educativas que las distintas autoridades de los gobiernos pasados no pudieron, no quisieron o no se les permitió proporcionar a la población y por ello, algunos analistas consideran que, posiblemente, una de cada cuatro personas mayores de quince años en el país está en la condición de analfabetismo o analfabetismo funcional.
La magnitud del rezago educativo en Guatemala constituye uno de los rasgos más visibles en la conducta de la población, pero menos debatido por las autoridades educativas en cuanto a su importancia social, más evidente en el interior del país, lo que evidencia las desigualdades históricas acumuladas y que, las autoridades educativas han distribuido el acceso a la escolaridad de manera desigual, poniéndole más atención a las áreas urbanas como que si la educación fuera un derecho territorial urbano antes que un derecho humano para toda la población.
¿Cuándo se diseñarán estrategias de gran escala para el área rural donde vive la mayor parte de la población, donde la escolaridad se interrumpe por falta de trabajo, migración interna y externa, violencia comunitaria y mercados de trabajo a los que sólo les interesa la fuerza física de los trabajadores?
El acceso a la escolaridad en Guatemala funciona como un mecanismo de clasificación social en atención a factores como: el lugar de nacimiento, la situación económica de la familia, disponibilidad de escuelas cercanas, el idioma en la región, la facilidad de transporte y la seguridad en el territorio. La educación no debe interpretarse solo como la acumulación de años escolares, ya que consiste específicamente en la formación de una realidad compartida: lenguaje, comprensión, juicio, reconocimiento recíproco.
¿Será posible que las actuales autoridades educativas logren reconocer la educación como una condición de dignidad e igualdad a la cual tiene derecho la población guatemalteca, desmontar el diseño institucional que, hasta ahora, ha permitido que el acceso al saber continúe siendo un privilegio y no un derecho efectivamente universal? Oj Alá.
