Desde hace muchos años me he preguntado el por qué los gobiernos de la República han sido tan permisivos en el otorgamiento de licencias, concesiones y permisos a las empresas extranjeras que han venido para efectuar la exploración, extracción y explotación de la minería en Guatemala y la respuesta más inmediata es: debido a la corrupción de los gobernantes anteriores.
Al decir corrupción, debemos entenderla como cualquier acto de cohecho activo o pasivo, extorsión, amenaza, desvío de fondos públicos, contratos simulados y toda conducta permisiva que no se encuadre dentro de las normas legales.
Esta actividad genera empleos e ingresos económicos, sin embargo, en la mayoría de los casos, genera preocupación por el impacto directo de la desviación y contaminación del agua de los ríos que surten a las comunidades dejándolas sin la recepción del vital líquido. Dichos actos provocan daños irreparables a los ecosistemas de la región y, además, producen los conflictos sociales porque el agua desviada la utilizan para fines de limpieza del mineral.
Valdría la pena que, las autoridades correspondientes en Guatemala trataran de integrar un órgano interinstitucional que reúna a instituciones académicas, empresas mineras, asociaciones relacionadas con el tema y colegios profesionales para fortalecer el conocimiento, la innovación y las buenas prácticas en el sector minero; de esa forma la actuación de las empresas extranjeras estaría bajo la lupa de dicha instancia.
Este comité o agrupación generaría la oportunidad para que los negocios relacionados con la minería sean transparentes y previstos para saber qué hacer ante las vicisitudes y problemas que se presenten, lo cual daría también la oportunidad para prevenir o crear legislación actualizada con beneficios para el país, nuevas patentes que generarían múltiples empleos directos e indirectos en las regiones donde se explotan los recursos minerales.
Además, se podría contar con la opinión de dicho ente para regular los aspectos económicos relacionados con las regalías o ganancias económicas para el Estado de Guatemala y que no vuelva a ser sólo una persona quien otorga las concesiones, permisos y licencias para la exploración, extracción y explotación; de hecho, si no se desarrolla el conocimiento profesional de guatemaltecos, la minería seguirá siendo una industria primaria.
¿Será posible que las universidades puedan considerar la creación de carreras vinculadas a la minería? ¿Ello brindaría mejores oportunidades al desarrollo de la actividad minera? Dicha estrategia fortalecería el modelo de educación especializada y la formación de profesionales altamente capacitados.
El mineral más explotado en territorio guatemalteco es el oro, y su purificación implica la utilización de la sustancia denominada cianuro que produce efectos letales por su alta toxicidad. Una de las técnicas utilizadas para su extracción es la de minería a cielo abierto; lo cual provoca la destrucción de bosques y tierras agrícolas convirtiéndolos en pérdida para el patrimonio natural. Otros minerales extraídos son el plomo, níquel y yeso.
La creación del ente propuesto facilitaría la discusión y negociación entre el sector gubernamental y las empresas mineras, supuestamente se evitarían las denuncias de violaciones a los derechos humanos y en particular de los derechos colectivos de los pueblos indígenas, pero, en especial de los habitantes de los caseríos, aldeas y municipios donde se asientan las minas.
