Sí, ese es el deseo de la corriente política ultraconservadora que sigue viendo comunismo en cualquier acción gubernamental que conlleve algún beneficio a la población; siguen creyendo que vivimos en el siglo dieciséis cuando la religión católica y la fuerza de las armas fue utilizada para sojuzgar y amenazar.
El publicar los actos de corrupción de las personas que ejercieron empleos públicos es el pecado original de los periodistas que día a día dan a conocer en cualquier medio de comunicación; el registro de ataques y amenazas a la libertad de expresión a los periodistas departamentales, lo cual indica una degradación de la vida política, ese aumento de actos negativos se ha desatado en una persecución selectiva hacia ellos.
Pero, no sólo en los departamentos; también en la ciudad capital el silenciamiento directo o indirecto forma parte del envilecimiento hacia la expresión de la verdad, hacia el periodismo investigativo. Aunque se presuma que hoy se goza de la libertad que fuera negada a la población durante muchísimos años, en ese lapso también se han multiplicado los agentes corruptores, desinformadores y su imprescindible servicio al sector más retrógrado de pensamiento en el país.
El deterioro de la libertad de expresión en esta supuesta era democrática sigue los mismos caminos que la delincuencia común: organizada y desorganizada de los grupos de poder y empresarios cuya mayor y mejor ocupación son los negocios ilegales con que incursionan en el campo de la política. El botín de estos grupos ha sido utilizado por medio de operaciones de lavado de dinero que sirvieron para “aceitar” campañas políticas.
La supuesta democracia en que vivimos no ha sido un lugar seguro para el periodismo guatemalteco; el acoso permanente a los periodistas que elaboran reportajes sobre el ocultamiento de actos administrativos lesivos al país o los indicios de corrupción desatan la persecución penal en su contra para su posterior enjuiciamiento en los Tribunales del país, eso mantiene la zozobra para informar a la población.
El trabajo periodístico exhibe los nexos de boyante negocio del narcotráfico que ha servido al crimen organizado para diversificar sus ingresos; recordamos el caso de la Línea que fue una compleja red de corrupción aduanera encubierta por exfuncionarios de gobiernos anteriores y silenciada por las diferentes instancias judiciales.
La supuesta alternabilidad política nos indica que la democracia no es igual a libertad de expresión, pues cada una de ellas puede prescindir de la otra, sobre todo cuando fue penetrada por los nuevos grupos políticos autoritarios y ligados a las fortunas amasadas en crimen organizado, pero que se presentaron como imprescindibles en la política partidista nacional para ganar elecciones.
Lamentablemente, en Guatemala siempre ha existido la libertad de pensamiento, es decir, podemos pensar lo que deseamos, pero no podemos publicarlo a menos que nos arriesguemos a ser objeto de descalificaciones, criminalización, amenazas, atentados contra nuestras vidas y en el peor de los casos en el asesinato disfrazado de crímenes comunes.
Estos grupos contrarios a la verdad y a la libertad de expresión persiguen la destrucción del Estado de Derecho simbolizada en la elección y nombramiento de jueces, magistrados en el poder judicial; su paso inicial fue la desestabilización del andamiaje institucional del país, por eso Guatemala es vista en el contexto internacional como un paraíso fiscal para la fuga de capitales.
