En Guatemala, desde la invasión armada de 1524, las decisiones que afectaron a la mayoría de la población fueron tomadas por quienes ejercieron el poder político, económico y religioso; para ello utilizaron varios medios de convicción, en especial la intimidación psicológica, violencia y hasta el asesinato en masa. Y no lo digo yo, lo dice la Historia de Guatemala.
El desarrollo administrativo en el país obligó a la creación de instituciones que controlaran el desarrollo económico y social, de ello derivaron relaciones laborales que marcaron jerarquías y por ende poder; el cual se manifestó en diferentes formas.
Administrativamente las instituciones del Estado fueron creciendo y tomando preponderancia atendiendo a las actividades que realizaban; de esa forma se llegó a darle importancia a las municipalidades, ministerios de Estado, Secretarías de la Presidencia, vicepresidencia y presidencia de la República.
En ese contexto, el poder del Estado fue ejercido por los funcionarios y empleados públicos, supuestamente, con el fin de darle soluciones a los diferentes problemas que presentaba la sociedad; se desarrolló el poder público de solucionarlos; es decir, que las instituciones gubernamentales eran las que tenían el poder de soluciones.
Y así han pasado quinientos años, la población pidiendo soluciones a sus problemas colectivos y el entramado gubernamental con el poder de resolverlos no lo hace; y la sujeción del pueblo a los caprichos de ministros y presidentes, así como de los intereses económicos de la oligarquía nacional e internacional más la inexistente voluntad política de quienes la han gobernado, corroboraron las relaciones de poder en Guatemala.
Pero la situación está principiando nuevamente a cambiar, se principia a escuchar nuevos pensamientos, ideas y proyectos de beneficio social que han traído a la población la esperanza de mejorar su precaria condición de vida o al menos paliarla; entre estos nuevos comentarios populares está tomando auge el de los Gobiernos Departamentales.
Es decir, que los gobernadores como representantes directos del Presidente de la República, tendrán que asumir acciones de dirección en las actividades administrativas que desarrolla el Estado a nivel nacional en sus respectivas jurisdicciones. La presidencia de la República por medio de su Secretaría de Coordinación Ejecutiva, por mandato constitucional, realiza el proceso de desconcentración de actividades administrativas por medio de las Jornadas Móviles de Servicios Integrados, para trasladárselas a las autoridades locales y que la población del interior del país no tenga que viajar a la capital para realizar los trámites que tendrá en su localidad.
El Gobierno Departamental contará con todas las instituciones y dependencias que conforman la administración pública, es decir, que se evitará en alguna forma tiempo, recursos físicos y económicos, aparte que, se tendrá un mejor control por parte de la ciudadanía sobre sus asuntos, ello evitará también el engorroso problema de la persistente tramitología y su proceso de corrupción.
Generalmente, la figura política de Gobernador Departamental ha sido intrascendente, sin mayor repercusión positiva para la población; un puesto técnico político que ha sido desempeñado por personajes sin cualidades para ejercer ese cargo y como un premio a su afiliación política. Ojalá que se logren los cambios necesarios para beneficio de la población.
