Un funcionario con poder puede tomar decisiones que afectan a los más vulnerables sin valorar los daños que puedan causar a la población; tal el caso de los imperios que a través de la Historia han decidido, por así decirlo, el destino del mundo.
La batalla de Estados Unidos de América, Europa, Rusia y China ha extendido su poder económico e influencia política en muchos países cercanos y lejanos para satisfacer los intereses de sus élites socioeconómicas, específicamente para la importación de materiales de toda índole que les son de utilidad en la producción diversa de sus economías.
Los mandatarios de estas naciones reaccionan como seres humanos que son ante las circunstancias que de una u otra forma les afectan en lo personal o supuestamente a los intereses nacionales de producción, exportación e importación; por ello, en algunos casos las decisiones fueron o son como reacciones personales a los comentarios de otros mandatarios o sus funcionarios.
Dependiendo de la importancia de los problemas, es lógico que se requiere de una cuidadosa deliberación y previsión de las consecuencias que traen consigo las decisiones que directa o indirectamente afectan los intereses de la población, tal el caso de los países que se encuentran en procesos de guerra y cuyas decisiones de sus mandatarios repercuten en muerte, destrucción, exilio, pobreza y angustia.
En la política doméstica de Guatemala, el concepto económico del paternalismo y la limosna no ha sido superado desde épocas remotas como la invasión armada española, el período colonial, la época moderna y la actualidad en que, con diferentes manifestaciones sigue latente el servilismo de los lacayos al servicio de los sectores económicamente pudientes que heredaron de sus ancestros la tierra arrebatada a la población y por supuesto, la administración del Estado.
El poder de decisión de los funcionarios públicos, en su mayoría, está en manos de personas analfabetas funcionales quienes dirigen instituciones ajenas a su conocimiento general o específico, provocando con ello, el atraso e ilegalidades en el desarrollo de las actividades que supuestamente deberían estar destinadas al beneficio de la población económica y culturalmente desposeída por diferentes razones.
Nuestro país está en una continua guerra desde hace muchísimos años, y no termina. Es la guerra económica que se libra diariamente en las calles, mercados y negocios de artículos de primera necesidad; no necesariamente toda la canasta básica alimenticia, llevando el mejor resultado la élite integrada por los verdaderos dueños del país, sus sirvientes aglomerados en cámaras del agro, de comerciantes, industriales, financieros, constructores; los peones que funcionan como sus representantes en más de cincuenta dependencias gubernamentales y los funcionarios públicos cuyo trabajo es cuidar los intereses de sus amos en su actividad como legisladores, administradores e impartidores de supuesta justicia en todas sus instancias.
Las preguntas del siglo son: ¿Quiénes tienen el verdadero poder de decisión en Guatemala?, ¿cuántos grupos de poder local luchan por tener puestos en los diferentes organismos del Estado y gobierno? Por aparte, los grupos de presión liderados por el sector denominado narco y las empresas transnacionales que usufructúan los bienes nacionales, también tienen poder de decisión.
Negro destino económico, social y político depara a Guatemala la conducta ignorante y servil hacia intereses foráneos por parte de la mayoría de los gobernantes quienes por unos dólares más, para superar su pobreza económica particular, vendieron no sólo parte de la soberanía nacional y la corrupción de sus actos ha enlodado sus apellidos y desprestigiado a su descendencia.
