SÍ. Eso es lo que la población desea, la devolución inmediata del dinero que fue robado, estafado, apropiado por parte de los políticos, industriales, exfuncionarios, empresarios de la construcción y otras actividades, así como los alcaldes detenidos, supuestamente juzgados y ahora liberados por el sistema de justicia mediante una irrisoria medida cautelar, pero que no recupera el dinero objeto del delito.
El contubernio sordo vigente entre los contratistas del Estado y los focos donde se puede hacer trinquete, es decir en las instituciones y dependencias gubernamentales, es la forma más desvergonzada en que puede un funcionario o empleado público “ajustar” su sueldo mensual.
En las redes sociales, circulan los videos de las visitas realizadas por varios diputados en su función fiscalizadora a diferentes obras en construcción, hospitales, centros de salud, institutos y escuelas, oficinas incluso del Congreso mismo, donde constan en vivo y a todo color los grandes hurtos, robos, apropiaciones indebidas, malversación de fondos públicos y la desfachatez de los implicados para responder con menosprecio a los diputados fiscalizadores, aunque nunca lo hicieron en el gobierno anterior.
La corrupción moral que demuestran los implicados al tratar de justificar los actos delictivos cometidos, debe haber hecho palidecer de la vergüenza a sus madres y padres, pues tratar de demostrar inocencia ante actos tan burdos de robo los coloca en una situación psicológica de idiotas, retrasados creyendo que sus estúpidas respuestas es su mejor defensa.
Y en esa cadena de corrupción, los fiscales, jueces y magistrados tienen mucho que ver, porque al igual que en todo el mundo, la justicia se compra buscando los caminos más fáciles para hacerlo o sea el uso de DON DINERO ante lo cual sucumben los más “encopetados y supuestamente de las mejores familias” quienes a pesar de su “profundo” espíritu religioso, se ven inmersos en el fango de la corrupción.
La lucha contra la corrupción y el fraude consiste en descubrir las conductas deshonrosas y faltas a la integridad; lo que merece una verdadera ejecución de auditorías forenses que identifiquen esquemas fraudulentos con empresas de fachada y la simulación de prestación de servicios que permita judicializar los casos de más alto nivel en la estructura de la corrupción gubernamental e incluso la privada.
Valdría la pena realizar una investigación o encuesta a nivel nacional sobre los datos de la corrupción; conocer el porcentaje que la población considera como “corrupción frecuente” conocida como “mordida” sobre todo lo que experimentó cuando realizó trámites y tuvo contacto con el o los servidores públicos que le extorsionaron o refirieron para obtener un servicio que, en principio es gratuito para el público usuario y obligatorio prestarlo por parte del funcionario o empleado gubernamental.
¿Cuánto en dinero representa la corrupción en Guatemala, cuál es la tasa prevalente, cuál es el departamento más corrupto del país? ¿Existe alguna estrategia específica para el combate a la corrupción o también eso es “secreto de Estado”?
Lo que la población necesita es que se recupere de una u otra forma el dinero despojado al Estado, porque nada se gana con que, por medio de las acciones judiciales les impongan una multa o medida sustitutiva además irrisoria en comparación con las cantidades desfalcadas; porque ese dinero se podría emplear en la compra de medicinas para el abastecimiento de hospitales y centros de salud.
