Fernando Mollinedo C.
El auge de los partidos estuvo acompañado de muy severas transformaciones sociales que de forma rápida impactaron en la acción pública, constituyéndose en una nueva configuración del modo de ejercer política, la que en otras palabras era la contracara de la misma política. Estados que regularon lo económico con una inclinación hacia el poder económico contra poblaciones que generaron fuertes identidades colectivas y regímenes gubernamentales denominados “democráticos” que se legitimaron bajo la idea de la representación política de intereses sociales.
En el transcurso del tiempo, la población tuvo mayor acceso a la información, lo que aumentó de manera significativa la demanda ciudadana para participar en eventos de toda naturaleza, desde conciertos populares y religiosos hasta concentraciones deportivas y políticas de protesta contra el estado actual de las instituciones y dependencias gubernamentales.
El marco legal guatemalteco reconoce en el artículo 5º. de la Constitución Política de la República de Guatemala, la Libertad de Acción, es decir que toda persona tiene derecho a hacer lo que la ley no prohíbe; esta normativa en la práctica afronta la incapacidad de algunos funcionarios de gobierno en el sentido que, como empleados estatales están obligados a interpretar las normas legales de acuerdo la especial conveniencia de sus jefes, directores, ministros, gobernadores y en especial de sus amos.
Así mismo, muchos ciudadanos desconocen los mecanismos de participación disponibles, algunos no tienen tiempo para dedicarse a la actividad política y otros no tienen los recursos necesarios para involucrarse de manera activa; por lo que, se deja “en las manos” de los propietarios y caciques de los partidos que se integran cada cuatro años con diferentes intereses políticos y económicos para la designación de candidatos para presidente de la República, ministros, gobernadores, diputados y alcaldes.
Lo ideal sería fomentar políticamente la transparencia, la rendición de cuentas, garantizar el acceso a la información a todos los integrantes, grupos y comunidades afines con el partido y a la población histórica y reiteradamente marginada para abrir espacios de diálogo con la sociedad. Para abordar estos desafíos en necesario que los mismos “partidos políticos” a nivel interno adopten medidas concretas que promuevan durante todo el tiempo una cultura de participación ciudadana para conocer la plataforma ideológica o “filosofía” que sostiene dicha organización en caso de llegar al poder por medio del voto popular para el bienestar de la población y no sólo para pedir el voto en el año que se realicen las elecciones.
Es indispensable que la ciudadanía no siga en esa pasividad de ser solamente observadora de los acontecimientos; pues, por el contrario, cada uno de nosotros tenemos un papel activo y crítico que desempeñar en los procesos “democráticos” puesto que, con nuestra participación se convierte en una herramienta fundamental para el fortalecimiento de esa anhelada “democracia”.
Cuando supusimos que poco a poco llegábamos a ese punto ideal en que la justicia abarcara a todos, resulta que no, no y no. Entonces es cuando nos damos cuenta de quién y quiénes son los responsables de haber cometido el error de votar por esos funcionarios pues no hemos valorado el peso específico de nuestra participación (voto) y hemos permitido que otros en nombre del pueblo hagan y “micos y pericos” del erario nacional.
