Fernando Mollinedo C.
La población guatemalteca padece los estragos de las enfermedades mentales originadas por la violencia colectiva; en primer lugar, están las consecuencias cuando se llegan a presentar en la persona, ahí es cuando hablamos de trastornos psíquicos, Las más frecuentes son: depresión, el trastorno por estrés post traumático, ansiedad y otros que conducen al consumo de sustancias que incrementan el riesgo de un suicidio.
En segundo lugar, lo ocupa un fenómeno que al cual podríamos denominarlo trastorno social es decir la alteración del funcionamiento de algo o de la actividad de alguien, es en otras palabras perturbar o alterar el funcionamiento normal de la mente o la conducta de alguien. Como ejemplo cito el bloqueo de calles y carreteras, puentes y demás vías de comunicación.
Cuando lo vemos a nivel social, identificamos dos fenómenos: uno es la ruptura del tejido o red social que ocurre cuando las personas tienden a aislarse porque perciben su entorno como inseguro, lo cual rompe muchas veces la resiliencia comunitaria, incluso la capacidad de hacer gobierno en las propias comunidades.
El otro es el fenómeno que podría calificarse como trauma social, el cual se refiere a que, cuando algunas comunidades se quedan marcadas por tener zonas donde existe una presencia de crímenes de eventos traumáticos de alto impacto como asaltos y crímenes las distinguen como peligrosas, tal el caso de Villa Nueva, la zona 5 y las colonias El Paraíso en zona 18; ver a una persona tatuada produce reacciones inmediatas de alejamiento, por eso, en el imaginario social guatemalteco se vive con muchas creencias, ritos y formas de relacionarse que empiezan a girar en torno a esos eventos.
Los estragos de las enfermedades mentales afectan a la sociedad en general; es un problema de salud pública que debe atenderse de forma social pues incapacitan a las personas y, de hecho, de alguna forma dejan de ser productivas.
El enfoque que las autoridades hagan respecto de la prevención a la violencia para evitar la comisión de actos delictivos puede consistir en la implementación de programas evaluados sobre la prevención que tengan una consistencia técnica y científica a largo plazo.
¿Realmente, funciona la subdirección de Prevención del Delito de la Policía Nacional Civil, El Ministerio de Trabajo y Asistencia Social, el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social en materia de prevención de la violencia, o no les compete a ellos tal responsabilidad? De no ser así, ¿entonces a quién? Cierto, se han hecho muchos esfuerzos, pero es necesario mayor inversión en prevención.
Otra forma de violencia es la que, de forma descarada e inmoral, ejercen los progenitores (generalmente hombres) en contra de sus menores hijos a quienes están en pagar en ley y por dignidad una pensión alimenticia mensual al no cumplir con tal circunstancia arguyendo mil y una razones para evadir tal obligación.
El objetivo de la pensión alimenticia para los hijos menores de edad tiene como objetivo primordial convertirla en los medios necesarios para garantizar en primer lugar la subsistencia alimentaria y las necesidades materiales e inmateriales básicas; por lo que no puede considerarse dicha cantidad como una dádiva, regalo, limosna o prebenda para los menores con derecho a ser alimentados.
En LA HORA, que sigue siendo Tribuna, no Mostrador, he manifestado muchísimas veces que en Guatemala hace falta la creación de un CÓDIGO DE FAMILIA que contenga las disposiciones de mayor importancia en las relaciones familiares en beneficio de la salud mental para la niñez que es la parte más débil de la familia.
