Fernando Mollinedo C.
En su afán de proyectar en la población una formación personal basada en la moral, ética y religión, algunos de los principales funcionarios del presente régimen optaron por utilizar el nombre de DIOS en sus campañas políticas. Este recurso, de hecho, es y fue utilizado por muchos candidatos a puestos de elección popular para dar una imagen de persona correcta, decente, honesta y confiable.
La ignorancia de las masas aún es objeto de explotación psicológica por parte de los candidatos, es decir que manipulan a quienes ejercen el derecho al voto y en especial a la mayoría de la población prometiéndoles trabajo, educación y salud. Tales ofrecimientos son generalmente bien recibidos de buena fe, con ingenuidad y confianza por el electorado que cree, cada cuatro años, en la posibilidad de que los candidatos ganadores cumplan con las promesas que hicieron a los asistentes a cada uno de los mítines donde expusieron sus ideas sobre la forma de gobernar el país.
Casi todos los regímenes han ignorado las políticas públicas que separan a la religiosidad de la administración pública; dando un giro hacia las diferentes corrientes religiosas, incluso, además de las infaltables alusiones a ellas en los discursos presidenciales, diversos analistas han criticado la injustificada participación de representantes eclesiásticos permitiéndoles su injerencia directa en la toma de decisiones de Estado en nombre de su señor dios.
El artículo 36 de la Constitución Política de la República de Guatemala, establece la libertad de religión, indicando que “El ejercicio de todas las religiones es libre. Toda persona tiene el derecho a practicar su religión o creencia, tanto en público como en privado, por medio de la enseñanza, el culto y la observancia, sin más límites que el orden público y el respeto debido a la dignidad de la jerarquía y a los fieles de otros credos”
Actualmente, no se ha prestado atención del cambio en la política gubernamental hacia las organizaciones religiosas denominadas iglesias, tal circunstancia promueve el desdén hacia que, el Estado es LAICO y de hecho desata controversia entre los feligreses de las distintas religiones pues no hay un denominador común para que la reconstrucción del tejido social tenga por objetivo la cultura de paz.
Las iglesias buscan intervenir en la política educativa como ya lo han hecho en contra de la educación sexual y para coartar los derechos de las mujeres; recordemos que más de un prelado o jerarca religioso ha justificado la pederastia, la violación y el femicidio como “responsabilidad de las víctimas”, eso sería también como querer olvidar la Historia y olvidar que, también “el perdón” que pregonan como medio de reconciliación ha sido rechazado por las familias de las víctimas.
Mencionar el “Estado Laico” y “una perspectiva incluyente y equitativa” no es sufriente para cortar las intenciones religiosas ni justifica la injerencia de grupos de interés que, aún sin el reconocimiento oficial y mucho menos constitucional, han actuado como agentes políticos para promover leyes que, según su criterio, fueron “dictadas” por su dios particular.
Involucrar a cualquiera iglesia y a sus miembros en tareas de política pública o gubernamental es peligroso, pues constituye una afrenta a los miembros de otras religiones que, en su caso, tendrían igual derecho. PERO, como no es así porque no somos un reino con iglesia y religión oficial propia, entonces se debe respetar a la población. Debemos recordar que Guatemala no tiene religión oficial a partir del derrocamiento de Rafael Carrera, en las siguientes constituciones se reconoce el derecho de la iglesia a tener bienes propios y personalidad jurídica, pero no a que sea la religión oficial; por lo tanto: el gobierno debe ser LAICO.
