Fernando Mollinedo C.
Por mandato constitucional es obligación del Estado proporcionar y facilitar educación a sus habitantes sin discriminación alguna; pues ésta tiene como fin primordial el desarrollo integral de la persona humana para obtener el conocimiento de la realidad y cultura nacional. Lo anterior está contenido en los artículos setenta y uno, setenta y dos, y setenta y cuatro de la Constitución Política de la República de Guatemala; que contemplan el derecho y la obligación de la población a recibir la educación preprimaria, primaria y básica.
El lunes 5 del corriente mes, escribí aquí en la tribuna de LA HORA un artículo relacionado con la evaluación de alumnos, maestros y profesores del sector público, manifesté algunas circunstancias que inciden desde hace muchísimo tiempo en la mala calidad de la enseñanza y lo inefectivo de las “autoridades” educativas a través de los años.
En relación a la evaluación se esperaría que se realice desde un enfoque formativo, donde se evalúa el resultado del aprendizaje y el proceso de enseñanza realizado por los docentes; para dicha terea sería recomendable el trabajo colaborativo y consenso del personal docente activo; pero no el de los burócratas que dirigen la educación con crasa ignorancia de la realidad, desde atrás de un escritorio.
El pobre escenario de la educación en Guatemala se agravó drásticamente a consecuencia de la pandemia, ya que el sector de la población juvenil, a pesar de no ser tan afectado por el COVID, sufrió serios embates por la situación económica de sus hogares, su salud emocional, la deserción escolar más la brecha tecnológica y la falta de conectividad. Por ello, a los educandos se les hace muy difícil lograr el concluir su educación media.
La realidad objetiva nos muestra que, a lo largo de los últimos veinticinco años, la labor pedagógica de los docentes, en términos generales, no ha sido lo suficientemente efectiva en los aspectos básicos de la enseñanza como lo son la matemática, comprensión de lectura y razonamiento lógico.
Ya no se quiere la enseñanza de memoria, hay que enseñar a los alumnos a saber vivir con los demás, generar la curiosidad y proporcionar los elementos necesarios para que en un futuro cercano tengan la capacidad de aprobar los exámenes obligatorios para ingresar a la universidad pública o el ámbito laboral.
El organismo ejecutivo, la Segeplan y otros órganos administrativos, por obligación deben tener los informes que contienen datos terroríficos en el rubro educativo con las implicaciones que muestran un rezago enorme en áreas y temas sustantivos para la educación nacional como lo son: LA IGNORANCIA LEGAL Y ADMINISTRATIVA de los directores de planteles educativos en los niveles de educación primaria y secundaria, “supervisores educativos” así como de las personas que ejercen cargos ejecutivos en las Direcciones Departamentales de Educación en toda la república.
A un año y medio que las “autoridades educativas” concluyan las funciones de sus cargos, es urgente cimentar las bases que trasciendan a las administraciones anteriores y las políticas partidistas en materia educativa que conduzcan al bienestar y capacitación de los niños y jóvenes, a fin de lograr que sean los agentes de transformación social.
