Fernando Mollinedo C.
Parece ser que la indolencia de la sociedad guatemalteca juega un papel preponderante en favor de todos aquellos actores políticos no democráticos que se instalan en el poder con la idea de perpetuar el concepto arcaico que durante cientos de años impusieron con la compra de voluntades y la imposición religiosa por medio de la espada y la cruz.
La conducta autoritaria y personalista de los gobernantes con liderazgos que se valen de la democracia para que, una vez en el poder, hacerla retroceder en el tiempo de la política moderna y como consecuencia de ello, desencadenar el vandalismo operado desde el mismísimo poder del Estado, tal como pasó con la “quema del Congreso” cuando las hordas irrumpieron con violencia inusitada en el seno del organismo legislativo ante la mirada complaciente de la policía nacional civil.
Sorprende que el vandalismo político existente provenga del corazón del mismo sistema político y aunque no es nuevo, lo que si sorprende aún más, es que se esté ejecutando de la manera cuasi legal al utilizar la fuerza electoral de los profesionales trabajadores estatales para lograr “democráticamente” el aval institucional y elegir a quienes de una u otra manera otorgan favores judiciales y/o utilizan, manipulan, ceden, conceden, regalan directa o indirectamente los recursos del Estado a sus financistas de campaña y empresas extranjeras.
¿Por qué los ciudadanos guatemaltecos son embaucados cada cuatro años por un líder claramente incapaz, peligrosamente impulsivo, intrigante e indiferente a la verdad? ¿Por qué tanta gente acepta ser engañada? ¿Por qué miles de miles de personas que son respetables y que se respetan a sí mismas se someten a la insolencia de un tirano? ¿Cuáles son los mecanismos psicológicos que llevan a una nación a abandonar sus ideales e incluso su interés y amor propio?
¿Será que llegó al momento de ver la pérdida de la dignidad civil y humana? El costo de esa sumisión es la corrupción moral, el desperdicio presupuestario o la consiguiente pérdida de vidas en los aspectos de salud, infraestructura, desnutrición y delincuencia. ¿Por qué, la mayoría de los empleados y funcionarios estatales que laboran en instituciones que tienen como objetivo la función de proteger a la sociedad, tienen como meta gobernar para sus intereses personales?
Pero la pregunta obligada es: ¿existe alguna forma para detener la ilegalidad y el dominio arbitrario para prevenir la catástrofe civil que esta forma de tiranía provoca invariablemente? El vandalismo político lo encontramos en la satanización y persecución de los otros, los que no se callan y se atreven a cuestionar la mesiánica verdad oficial, o cuando se atenta contra las instituciones democráticas porque estorban los impulsos e intereses de los líderes autoritarios.
Sin que esto sea apología del delito, la única forma posible para detener esta agresión que se origina desde el poder omnímodo, es exigir masivamente y sin vacilaciones el respeto a la inclusión democrática cueste lo que cueste; al fin y al cabo, los corruptos no son inmortales y la mayoría de ellos han dado muestras de cobardía social.
