Fernando Mollinedo C.
La violencia del narcotráfico está fuera de control, dentro y fuera de las cárceles; en las ciudades y en el área rural, en los distintos modos, formas o medios que utiliza el crimen organizado para lograr sus fines, sean estos políticos, administrativos, judiciales, legislativos o bien económicos respecto del control de ciertas áreas geográficas para el trasiego de drogas, armas y personas.
Al parecer de muchas personas versadas en el análisis nacional, el gobierno ha sido completamente rebasado por los operadores en tierra del crimen organizado; también sus operadores de cuello blanco siguen adelante con sus planes para obtener el control total de la administración pública. Para otros analistas, pareciera que todas las medidas adoptadas por el gobierno central significan su apoyo incondicional a los empresarios, constructores, industriales, comerciantes, ganaderos, agroexportadores y transportistas entre otros, para desmantelar al Estado en favor de los intereses de la iniciativa privada.
La realidad es un proceso muy lacerante marcado por la polarización social; el encono diario de la población que se manifiesta por medio de mensajes y bromas sarcásticas en contra de los gobernantes de turno deja en claro que las acciones gubernamentales no satisfacen las necesidades de los habitantes del país. ¿Cuántos funcionarios son representantes directos o indirectos de los intereses de los distintos cárteles que operan en zonas, rutas y poblaciones del territorio nacional?
La pregunta no es en vano, la realidad se demuestra con las leyes decretadas por el Honorable y los fallos judiciales que últimamente han dictado jueces y magistrados; también se observa en la indolencia e ignorancia en el uso del erario nacional para obtener vacunas contra el Covid-19, en la compraventa de medicina a las droguerías y farmacéuticas chafas, en la persecución policial y jurídica a los líderes sociales que defienden los ríos, manantiales y tierras comunales.
Varias rutas violentas se entrecruzan en la vida cotidiana de los guatemaltecos: la violencia del crimen organizado, la delincuencia de muchos empleados y funcionarios institucionales, el robo descarado de madera y jade, el cobro ilegal de los trasportistas de pasajeros, la presencia incontrolada de grupos de asaltantes en el Centro Histórico de la capital, migraciones internas de poblados enteros huyendo del terror y la violencia.
La violencia es signo inequívoco de la descomposición social y política del país, de sus instituciones y su viabilidad histórica; es la negación del derecho para el retorno al camino de la reconciliación social interna; no se han superado las grietas sociales que dejó en la población la guerra interna, conflicto armado o como prefieran llamarlo, aún hay personas conservadoras atoradas en el pasado, pertenecientes a la élite económica ignorando las justas demandas de los trabajadores y utilizan los términos de “comunistas, guerrilleros, terroristas” para referirse a los líderes campesinos. Pero son ellos quienes siguen imponiendo su terror por medio de sus aliados gubernamentales.
