El caso de la deportación de los menores guatemaltecos inmigrantes no acompañados, fue dado a conocer hace unos días por parte de Ron Wyden, senador demócrata, quien dio a conocer los planes de deportaciones que se llevarían a cabo por parte de la administración Trump, al enviar una carta a la directora interina de la Oficina de Reasentamiento de Refugiados (ORR) Angie Salazar, denunciando las deportaciones que se llevarían a cabo, enfatizando la violación al mandato de protección a menores de dicha oficina, alertando a organizaciones pro inmigrantes estadounidenses accionar en favor de la protección de los menores.
Indicando dentro de la misiva que: “Esta acción amenaza con separar a los niños de sus familias, abogados y redes de apoyo, para lanzarlos de nuevo a las mismas condiciones de las que buscan refugio, y hacer desaparecer a niños vulnerables más allá del alcance de la ley y supervisión estadounidense”.
El gobierno de Estados Unidos, había preparado la deportación de más de 600 menores inmigrantes a Guatemala, acción que se realizaría el domingo recién pasado, pero Sparkle Sooknanan, jueza federal de distrito de Columbia, quien actuó en calidad de magistrada de emergencia, emitiendo dictamen, con lo que frenó de emergencia el plan de deportación que se llevaría a cabo por la administración migratoria, cuya expulsión tenía como fin realizar sacar a cientos de menores inmigrantes guatemaltecos no acompañados residentes en Estados Unidos.
Debo enfatizar que la demanda que fue presentada por parte del cuerpo legal del Centro Nacional de Derecho de Inmigración (NILC,), tiene como objetivo frenar el plan de deportación de más de 600 menores inmigrantes guatemaltecos no acompañados, ya que desde el punto de vista legal, argumenta que contraviene la legislación migratoria vigente en Estados Unidos, ya que no pueden ser deportados de forma acelerada al estar exentos y a la vez, tienen derecho a protecciones migratorias adicionales, como es la petición de asilo.
Según varios medios de comunicación estadounidenses, se indica que a pesar de la orden judicial emitida, algunos de los menores inmigrantes, 10 de ellos, ya se encontraban dentro de una aeronave en Harlingen, estado de Texas, denuncia formulada por parte de la abogada Laura Smith, exigiendo la jueza que se explique el paradero de los menores.
Acción en la que también debe actuar la Cancillería guatemalteca, a través de los funcionarios consulares que le corresponda la circunscripción, como parte de la asistencia y protección consular, conocer la ubicación de los mismos y las condiciones en las que se encuentran, como parte de los derechos que le asisten a los menores, sector más vulnerable de la migración.
La medida de deportación fue detenida con base a la demanda que fuera presentada por parte de representantes legales de organizaciones estadounidenses defensoras de inmigrantes, que argumentaron que la deportación era una política ilegal, sin transparencia y violaba los derechos de los menores a un proceso ante corte migratoria.
Sparkle Sooknanan, jueza federal de Columbia, fue nombrada durante la administración Biden, quién emitió la orden de emergencia en horas de la madrugada del domingo, para frenar la deportación de los menores guatemaltecos a su país de origen.
La argumentación que fundamentó el dictamen Sooknanan, en su resolución, fue que «las circunstancias extraordinarias descritas en la denuncia justificaban una intervención inmediata para impedir cambios irreversibles mientras se evalúa el caso».
A la vez, se conoció que una audiencia virtual quedó programada para llevarse a cabo a las 15:00 p.m. de Washington del domingo pasado, misma que se conoció que fue trasladada para el mediodía, aunque después la adelantó para mediodía.
Según la publicación del Washington Post, la administración federal republicana decidió continuar con el operativo de deportación de los menores inmigrantes guatemaltecos que se realizaría, a pesar del bloqueo judicial de la jueza Sookanan.
Se debe resaltar que la decisión entra en un capítulo que se debatirá en relación a los derechos de los menores inmigrantes no acompañados y de las políticas migratorias que están siendo impulsadas por la administración republicana, sentando un precedente que podrá aplicarse para miles de menores inmigrantes.
Ya que se argumenta que los menores inmigrantes, independientemente de la forma que ingresaron a Estados Unidos, tienen el beneficio de contar con un proceso migratorio, en el que se incluya contar con solicitudes de amparo, así como audiencia ante juez en corte migratoria, enfatizando que los menores serían perjudicados al ser retornados a su país.
Se conoció que los menores inmigrantes no acompañados de nacionalidad guatemalteca incluidos en la demanda, conforman parte del universo de menores que permanecen bajo custodia del Departamento de Salud y Servicios Humanos de Estados Unidos (HHS) y que constituye un primer grupo.
Existe el cuestionamiento por parte de los representantes legales de organizaciones estadounidenses defensoras de inmigrantes, que los menores tengan la capacidad amplia de poder comprender el argumento emitido por parte del gobierno estadounidense de señalar la repatriación como «voluntaria» ya que para los abogados es una deportación forzada.
Ante la deportación de menores inmigrantes no acompañados, anunciada por el gobierno de Estados Unidos, el gobierno de Guatemala manifestó que esta preparada para recibir a los menores connacionales en cantidades de 150 menores por semana, lo que fue comunicado a la administración Trump.
Dentro de las razones argumentadas por funcionario de la Cancillería guatemalteca, se indicó que varios de los menores inmigrantes guatemaltecos están próximos a cumplir la mayoría de edad, por lo que podrían ser trasladados de centros de acogida a centros de detención de adultos, por lo que se manifestó la aceptación de recibirlos y el traslado sería a cuenta del gobierno de Guatemala.
Según datos estadísticos consultados de HHS, las autoridades tienen bajo su custodia a 2,198 menores no acompañados en el mes de julio, cifra que se incrementa diariamente, no detallando la nacionalidad, pero se presume que sean la gran mayoría procedentes de Guatemala, Honduras y El Salvador, por lo que habrá de conocerse la postura que tienen los gobiernos en relación a las deportaciones de sus connacionales, que hasta el momento se desconocen.
En el tema de la niñez inmigrante, debe enfatizarse el debate que se ha tenido en relación al Acuerdo Flores, el cual se ha tomado como la protección legal para menores migrantes desde 1997 en Estados Unidos y garantiza condiciones dignas y seguras, el cual ha querido ser eliminado en varias ocasiones.
Al asumir por primera vez la presidencia Donald Trump, se implementó la política de tolerancia cero aplicable en la Frontera Sur de Estados Unidos, Durante el primer mandato de Donald Trump, se desató separando a muchos menores migrantes de padres o tutores para ingresar a la Unión Americana, recordando a cientos de menores dentro de jaulas, que promovieron críticas a nivel nacional e internacional.
Menores inmigrantes en EE. UU., un tema abandonado por gobiernos
La crisis humanitaria migratoria comprendida de los años 2019 al 2024, en el que más de 448,000 menores migrantes fueron capturados en la Frontera Sur de Estados Unidos, los que fueron puestos bajo tutela de centros de albergues, siendo señalados de violaciones a derechos humanos de los menores en reiteradas ocasiones y que fueron liberados posteriormente por el gobierno federal de administración Biden, según los datos consultados del Departamento de Seguridad Nacional.
El tema de la niñez migrante ha sido abandonado y no tratado con la seriedad que debería haber sido por parte de las autoridades consulares y cancillerías de los gobiernos de Guatemala, Honduras, El Salvador, no realizando las acciones necesarias de asistencia y protección consular al sector más vulnerable de la migración, destacando que de El Salvador ingresaron autoridades a los centros.
Recordemos que la propia administración del gobierno de administración Biden, admitieron autoridades ante miembros del senado de Estados Unidos que perdieron el contacto con más de 86,000 menores originarios de Guatemala, El Salvador y Honduras debido a la abrumadora cantidad de menores que llegaron y sobrepasaron las capacidades de atención, exponiendo a los menores a graves riesgos como explotación laboral, trata de personas, trabajo forzoso, así como explotación sexual, siendo la nueva modalidad de esclavitud moderna en los centros de trabajo, en condiciones inapropiadas para los menores y las cancillerías no actuaron en asistencia y protección, para verificar las condiciones en centros laborales, suscitándose muerte de menores, entre ellos la de guatemaltecos, que se dieron a conocer a las autoridades de la Cancillería guatemalteca.
Autoridades del DHS advirtieron que el número real podría ser aún mayor, estimado en alrededor de 290,000 menores, que no contaban en ese momento con una cita en tribunales migratorios, que a la fecha superan más de 4 millones de citas atrasadas y se conoce que 9 de cada 10 menores que se presentan solos ante juez, al no contar con abogado defensor, son rechazados sus casos, por lo que veremos mayor deportación de menores a sus respectivos países.
El gobierno de Guatemala, así como el de Honduras y El Salvador, necesitan implementar un plan integral para la atención y reinserción de los menores inmigrantes no acompañados deportados ante la perspectiva del incremento que se realizará próximamente.
Se requiere una estrategia que brinde apoyo psicosocial, a largo tiempo, no como se dice actualmente de haber sido atendidos en la recepción de deportados, así como formación para el empleo y oportunidades reales de reintegración. Incorporarlos en el sistema educativo, brindarles la identificación correspondiente a quienes carecen de partidas de nacimiento o registro de Código Único de Identificación. Incorporarlos en el sistema de becas que otorga la iniciativa privada a través del Instituto Técnico de Capacitación y Productividad INTECAP, certificarlos en competencias laborales que hayan adquirido, entre otros apoyos.
También es fundamental que la Cancillería redoble esfuerzos diplomáticos para defender los derechos de los compatriotas en el exterior y denunciar cualquier vulneración al debido proceso migratorio.
A la vez, ser efectivos y diligentes por parte de los funcionarios guatemaltecos, en las visitas consulares, para evitar los errores cometidos en Alligator Alcatraz, en donde la gran mayoría de personas no tuvieron entrevista consular y desconocen el paradero de los mismos, error que no debe cometerse con los menores connacionales.
La relación bilateral con Estados Unidos, reitero que no puede construirse a costa del silencio, ante los atropellos contra los compatriotas, en especial hacia los menores inmigrantes no acompañados, debe ser la responsabilidad de este gobierno de responder a una población inmigrante que ha sostenido la economía del país y de más de 6.5 millones de familiares, no hacerlo, será una irresponsabilidad.
