El temor manifestado por parte de personas inmigrantes en situación ilegal, radicadas en Estados Unidos, es latente por la disposición de la administración de Donald Trump, quien lanzó una nueva amenaza de advertencia a los miles de inmigrantes indocumentados en situación ilegal, que de no marcharse en forma voluntaria, el gobierno de Estados Unidos multará con hasta US$998 diarios a los inmigrantes sin permiso que permanezcan en dicho país en forma retroactiva, al ignorar orden de deportación, disposición vigente desde el 25 de febrero del presente año.
Se menciona que en caso de no efectuarse el pago correspondiente de la multa, se iniciará el proceso legal para realizar la confiscación de propiedades, embargo de ahorros, como es aplicado en una deuda civil; tema que debe ser analizado de forma inmediata por las cancillerías de Guatemala, Honduras, El Salvador, México entre otras y brindar orientación a inmigrantes por equipos de abogados contratados en consulados de los países antes citados y tener un criterio unificado.
Debe considerarse el tratar el tema por parte de los equipos de abogados para realizar un análisis legal de las acciones anunciadas, así como el trabajar conjuntamente con organizaciones pro inmigrantes estadounidenses en una forma conjunta, para aclarar esta proclamación que ha sido publicada el pasado 9 de mayo y que hasta el momento, no ha sido tratada ampliamente con la población inmigrante residente en Estados Unidos, por parte de los gobiernos de países expulsores de migrantes.
He de recordar que el documento en mención, fue suscrito por parte del presidente estadounidense Donald Trump el viernes 9 de mayo del presente año, en el que se advierte a los cientos de miles de inmigrantes indocumentados en situación ilegal radicados en Estados Unidos, que, si no salen de dicho país en forma voluntaria utilizando la aplicación CBP HOME, se arriesgan a ser capturados, arrestados, encarcelados y multados y adicionalmente al embargo de sus bienes y propiedades, tema al que no se le ha puesto la atención debida, lo que es lamentable.
El plan de deportaciones masivas previsto por la actual administración republicana, las personas inmigrantes que se hallan en listados de deportables del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), tienen únicamente dos opciones a realizar: La primera es autodeportarse voluntariamente y utilizar la aplicación CBP HOME, que le brindará el pago de transportación aérea a su país de origen, así como una aportación económica de US$1,000 por cada persona al estar en su país.
La segunda es, si deciden continuar quedándose ilegalmente en Estados Unidos, corren el riesgo de ser localizados, capturados, encarcelados, procesados y que la administración Trump llegue a efectuar el embargo de automóviles, cuentas bancarias, salarios, casas, así como pertenencias que hayan adquirido en la permanencia en dicho país por un monto diario de US$998 diarios en forma retroactiva, y para promover pago de multa se iniciarán juicios civiles para pagar la deuda por estancia ilegal en la Unión Americana.
Como ejemplo, está el caso del inmigrante que recibió la notificación oficial en la que indican las autoridades, que debe efectuar el pago de los US$1,771,450 dólares al ignorar la orden de deportación emitida en 2020, manifestando el inmigrante su seria preocupación de la multa impuesta, ante la posibilidad de perder su casa, así como vehículos, bienes adquiridos con esfuerzo y sacrificio, por lo que ha requerido el apoyo de abogado migratorio.
La sanción económica se establece en multas de US$998 diarios, la que se encuentra vigente a partir del 25 de febrero del presente año, en el que las autoridades de DHS la implementaron, para inmigrantes indocumentados que: No informen el cambio de dirección; no se registren en la página de la agencia federal USCIS y que no cumplan con órdenes de deportación.
Al investigar, hasta la fecha se establece que más de 4,500 personas inmigrantes en situación ilegal residentes en Estados Unidos, han recibido estas notificaciones.
He de recordar a los gobiernos tanto de Guatemala, Honduras, El Salvador y México, que eran al 28 de noviembre del año pasado, más de 1 millón 300 inmigrantes con órdenes finales de deportación, no capturados por ICE, a quienes se puede aplicar la sanción económica.
En el caso de Guatemala eran 253,455 connacionales con órdenes finales de deportación, cifra que se incrementa diariamente, los que saldrían afectados, con la imposición de multas, se advierte.
Abogados especialistas en temática migratoria estadounidense, han manifestado que en la Ley de Inmigración y Nacionalidad (INA), manifiestan que se trata de un castigo hacia población inmigrante y que consideran que dicha amenaza, sobrepasa la máxima sanción estipulada en una ley civil de dicho país, que es la expulsión del inmigrante ilegal a su país de origen.
Los inmigrantes actualmente están comenzando a tomar algunas precauciones para proteger sus ahorros, como es sacar el dinero de los bancos, ante el temor de recibir notificación por parte de DHS y sean embargadas sus cuentas.
Reitero la petición a los gobiernos, así como a las cancillerías de Guatemala, Honduras, El Salvador, México, Ecuador entre otras, que sus equipos jurídicos contratados en consulados, realicen un trabajo conjunto para el análisis de la disposición del 9 de mayo relacionada con embargo de propiedades, bienes, salarios y vehículos.
No realizar una orientación legal, será una irresponsabilidad hacia sus comunidades de inmigrantes residentes en Estados Unidos.
Es urgente hacer un cambio profundo por las cancillerías e instituciones vinculadas al tema migratorio en realizar campañas de orientación tanto en medios escritos, radiales y televisivos para mantener informados a connacionales en varias temáticas, no hacerlo es una irresponsabilidad para quienes sostienen la economía de sus respectivos países y familias.
