El nuevo gobierno republicano de los Estados Unidos, que será presidido por Donald Trump, tomará posesión el 20 de enero de 2025, y como lo anunció a lo largo de la campaña presidencial, llevará a cabo políticas importantes en la temática migratoria y económica, entre otras, de las cuales no dudo nos afectarán directamente a Guatemala que se sostiene de remesas su economía y a 6.5 millones de familiares de inmigrantes, así como a Honduras y El Salvador entre otros.
La temática migratoria será tratada en forma inmediata y con mucha fuerza desde el mismo día de toma de posesión, recordando que en los mítines de campaña del presidente electo, se comprometió a efectuar la mayor deportación masiva de inmigrantes de la historia, tema que posteriormente, se convirtió en una exigencia por parte del electorado estadounidense.
Esperando que dentro de los primeros operativos de capturados de inmigrantes, sean los que se encuentran en conflicto con la ley y que constituyen una amenaza para los Estados Unidos, así como a quienes tienen órdenes de deportación sin ejecutar, para lo cual, se anuncia la aplicación de las Leyes de Enemigos Extranjeros y de Emergencia Nacional, esta última para utilizar el ejército en apoyo al proceso de deportaciones a efectuarse, así como la emisión de órdenes ejecutivas.
Se ha señalado también, que se efectuarán las deportaciones de inmigrantes que ingresaron al territorio estadounidense de manera ilegal y que se encuentran indocumentados.
Para el efecto, se está aceptando la propuesta presentada por parte del estado de Texas, en la donación de un terreno de 5.5 kilómetros en el que se construirán albergues, para tener a las personas migrantes detenidas, para procesar y expulsar de los Estados Unidos, así como se ubican cárceles en condados fronterizos con México.
Además, se puede considerar la posibilidad de que la nueva administración Trump, pueda realizar la revocación de visas, así como permisos temporales de trabajo, académicos y beneficios migratorios protectores como Parole Humanitario, DACA, así como la no renovación del Estatus de Protección Temporal TPS que a la fecha son 17 países los beneficiados, pero que 13 vencen en el 2025, siendo Honduras y El Salvador de los primeros, recordando que hubo la intención en su primer mandato de Trump, cancelarlos pero que en esta ocasión, sería no renovar y de no haber solicitado algún beneficio, los tepecianos quedarían desamparados y expuestos a deportación en forma legal.
A la vez, puede considerarse cancelación de residencias, así como que se promueva la desnacionalización de inmigrantes y sus cónyuges, contemplando a hijos y parientes.
Por lo que también el nuevo gobierno deberá analizar y evaluar el significativo impacto negativo de las acciones a tomar, tanto en la economía de los Estados Unidos, así como en el mercado laboral, por la disminución de productividad, falta de mano de obra y cierre de empresas, así como el encarecimiento de productos, entre otros.
En el tema económico se puede tomar en consideración el análisis de gravamen de las remesas que son enviadas a familiares, que en el caso de México y Guatemala, son los que reciben mayor monto de América Latina y que en el caso del último, este año podría alcanzar los US$22 millardos o inclusive superar la cifra ante el temor del nuevo gobierno republicano, recordando que representan más del 70% de las exportaciones.
No podemos dejar de evaluar también la posibilidad de la cancelación de amparos a refugiados o exiliados procedentes de Cuba, Haití, Nicaragua, Venezuela, entre otros, recordando que algunos de estos gobiernos han manifestado su renuencia en la aceptación de la repatriación de sus connacionales.
A lo que Trump anticipó las pláticas que se sostienen con 3 gobiernos caribeños y 1 centroamericano (Panamá) que ya rechazó que sean retornados a su país, no descartando que pudiera imponerse a Guatemala, como se hizo anteriormente, el que sea un tercer país seguro. Lo que agravaría la actual situación tanto económica, política, social, con mayor desempleo, inseguridad, falta de presupuesto, servicios de salud, educación, lo que perjudicaría al país.
Algunos políticos y dirigentes han manifestado que la retórica antiinmigrante durante la campaña de Trump, no se materializará, pero debemos enfocar la realidad, ya que los funcionarios designados para puestos en la nueva administración republicana, tal es el caso de Tom Homan, el Zar de la frontera, quien fungió como ex director del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos, así como Stephen Miller que trabajaron la política de Tolerancia Cero, son personas con experiencia que no cometerán los mismos errores en la primera administración, aunado a Kristi Noem, como secretaria de Seguridad Nacional, muestra que los ofrecimientos de deportaciones, serán cumplidos en la administración Trump.
No considerarlo, sería iluso, y veremos acciones a partir del 20 de enero del próximo año en la temática antiinmigrante, que están siendo enfáticos que laboran en la adecuación de la base legal correspondiente para realizarla y los planes a efectuar.
Existe el ofrecimiento de que contarán con los recursos humanos, económicos, así como logísticos necesarios para efectuar las capturas y deportaciones masivas, contando ya con apoyo de estados republicanos como es el caso de Texas.
También se ha conocido que incluso, las autoridades migratorias de ICE, podrán aplicar las disposiciones necesarias en ciudades santuario, para detener a inmigrantes irregulares para procesarlos y expulsarlos, a pesar de ser protectoras de inmigrantes.
En otra temática prioritaria por la nueva administración, puede ser la de la seguridad nacional de los Estados Unidos, la que indudablemente será trabajada una nueva estrategia interna, así como regional, para combatir a los integrantes de la delincuencia internacional en el tema de tráfico de personas, así como de drogas, exigiendo resultados a los gobiernos en los países, con operativos eficaces de capturas para extradición y procesamiento en Estados Unidos, como ya se están efectuando en Guatemala.
El gobierno de Trump llevará a cabo presiones económicas arancelarias en países como Canadá y México, a este último, ya anunciado una imposición del 25% hasta el 100% a los productos que ingresen a Estados Unidos, de no contener la migración hacia dicho país y poder incrementarse de no tener resultados que complazcan plenamente, hasta el cierre de fronteras, con lo que perjudica la economía mexicana fuertemente y por ello, no dudo que se tendrá mayor contención migratoria en dicho territorio.
El proteccionismo en lo que serán barreras arancelarias y no arancelarias, así como su reciprocidad, serán armas que utilizará la administración de Trump, teniendo como objetivo, el fortalecimiento del mercado estadounidense, con la finalidad de reducción de la inflación, así como la mayor generación de empleos para sus connacionales.
En el caso de las obligaciones contraídas por los gobiernos, serán exigibles indudablemente, so pena de imposición de sanciones, así como la renegociación del Tratado de Libre Comercio y que se pueda incluir un capítulo en la temática laboral.
Como podrá advertirse de la seriedad de la problemática que deberá afrontarse en el próximo año y venideros, es muy seria y era fundamental que el gobierno y los sectores empresariales de Guatemala, debieron haber contemplado las acciones a realizar y medidas a implementar, ante la anticipación de acciones a realizar en reiteradas ocasiones anunciadas por Donald Trump en la campaña presidencialista, como son las deportaciones masivas de inmigrantes, lo que muy probablemente los planes, no se tengan, lo que podrá ser muy lamentable para el país, tanto en lo económico, político y social.
Es por ello que en reiteradas ocasiones, he propuesto a lo largo del año, haber realizado una convocatoria por parte del gobierno de Guatemala a representantes de los sectores productivos, tanques de pensamiento, analistas migratorios, economistas, planificadores e instituciones de gobierno, organismos internacionales como la Organización Internacional para las Migraciones OIM y la Organización Internacional para el Trabajo OIT, coordinado por la Secretaría General de Planificación SEGEPLAN, para realizar un plan de trabajo para atender la problemática, ahora es muy tarde, pero no se pueden quedar inactivos y de brazos cruzados, ante los serios desafíos que se presentarán.
Se debió contar con un análisis de riesgos y oportunidades a desarrollar por los sectores involucrados en la temática migratoria, lo que era imperativo. El diseño de una estrategia integral, que abarcara tanto temas económicos, sociales, políticos, culturales, que cuenten un consenso entre los sectores, así como el financiamiento asignado a las acciones y programas a implementar, ante las deportaciones masivas.
Realizar una revisión profunda y de ajuste en la Política Migratoria aprobada en Guatemala, con deficiencias serias existentes, entre ellas la falta de asignación presupuestaria a 36 instituciones vinculadas al tema migratorio de 41 que tienen vinculación con la temática.
Considerar una nueva visión de trabajo en la política exterior de Guatemala, que sea orientada en forma eficaz y más dinámica, fortalecimiento de los consulados en la Unión Americana, así como una orientación de cooperación por parte del nuevo gobierno, por la situación de importancia geopolítica de Guatemala.
Efectuar campañas de difusión en radio, prensa y televisión, tanto en castellano como en idiomas mayas, para orientar a población inmigrante, en medidas a tomar en resguardo de sus derechos por las redadas a efectuarse por parte de ICE, en los Estados Unidos, no sólo en redes sociales de la cancillería o consulados, sino que debe ser amplia, con una estrategia comunicacional del estado. Tema que también deben tomar en cuenta los gobiernos de El Salvador, Honduras y México.
Así como documentación que deben tener los connacionales, acciones de protección para los menores hijos de inmigrantes, ante el anuncio de deportaciones que integran a familias completas, conocimiento de leyes antiinmigrantes que están y entrarán en vigencia en Estados Unidos y sus graves consecuencias, que a la fecha no se efectúan y muestran un desinterés total por parte de los funcionarios vinculados a la temática migratoria, hacia quienes sostienen la economía del país.
Es hora de actuar y exigir eficacia, funcionalidad y eficiencia en las instituciones vinculadas al tema migratorio, tema que deberían plantear los integrantes de organizaciones de inmigrantes a sus respectivos gobiernos.
