El segundo mandato presidencial de Donald Trump, se diferencia por tener el apoyo de los poderes judicial y legislativo, que serán fundamentales para llevar a cabo la promesa de campaña de realizar la mayor deportación de inmigrantes indocumentados residentes en Estados Unidos, así como desproteger a quienes están con algún beneficio de programas de residencia en dicho país, un tema que a la mayoría de gobiernos como en el caso de Guatemala, Honduras y El Salvador, entre otros, toma desprevenidos y sin contar con estrategias, para enfrentar los serios desafíos y consecuencias que conllevan las deportaciones anunciadas para sus respectivos países, lo que es lamentable.
Donald Trump, tiene definidas sus primeras acciones a realizar al tomar posesión de la presidencia el 20 de enero del próximo año, siendo una prioridad la política migratoria antiinmigrante, elaborando órdenes ejecutivas, así como aplicación de dos leyes anunciadas, como son de Enemigos Extranjeros y de Emergencia Nacional, que otorga al mandatario estadounidense, poderes extraordinarios, con el fin de aplicar sus planes de deportación masiva de migrantes indocumentados.
Normativa que utilizará, para poder apoyarse en las primeras acciones de resguardo y conducción de las capturas de inmigrantes en situación irregular, contando con el apoyo del Ejército y Guardia Nacional estadounidense, así como la cancelación de programas de acogida, considerar el cierre de la Frontera Sur de Estados Unidos, para contener el alto flujo migratorio, así como cambios legales que conlleven la expulsión de millones de migrantes, con y sin documentos.
El plan de deportaciones masivas, contempla también el reinicio de la política de detención de padres e hijos, conocida como detención familiar, otro tema que aflige a inmigrantes.
Recordemos que Trump en sus discursos y promesas electorales enfatizó estas palabras: “El primer día lanzaré el mayor programa de deportación en la historia de Estados Unidos para sacar a los criminales” y que al llegar a la Casa Blanca, “sería dictador por un día”, lo que provoca una gran incertidumbre para los gobiernos, así como temor dentro de la población inmigrante que puedan verse afectada y que organizaciones pro inmigrantes empiezan a realizar acciones previas de protección, como es la efectuada por representantes de la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU), conjuntamente con otras organizaciones, demandando al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).
El equipo de trabajo de Trump, considera ubicaciones para la construcción de centros de detención de inmigrantes, estando el ofrecimiento de la comisaría de tierras del Estado de Texas, Estados Unidos, dirigida por Dawn Buckingham, que envió misiva al presidente electo Donald Trump, manifestando poner a disposición, un terreno de 5.5 kilómetros cuadrados de extensión para realizar el albergue de centros de detención temporal y para realizar deportaciones, mostrando apoyo a la línea dura de trabajo del nuevo mandatario, que asumirá el 20 de enero del próximo año.
Así como también ubicaciones y compañías penitenciarias privadas para expandir los centros de detención de inmigrantes que los albergarían antes de que sean deportados, como parte del plan de deportaciones masivas.
Al parecer, no han evaluado los gobiernos de países expulsores de personas migrantes por la falta de empleo y desarrollo en sus países, como es el caso de Guatemala, Honduras, El Salvador, o por la situación económica, política y social existente, como es el caso de Cuba, Haití, Ecuador, Nicaragua, Venezuela, las serias consecuencias de las deportaciones de connacionales, que conllevarán en sus respectivos países, como es incremento del desempleo, inseguridad, falta de programas de incorporación de retornados, incapacidad de atención en salud, educación, trabajo, entre otros, por lo que debieron tener contemplado acciones desde principios de año, con estipulaciones presupuestarias para enfrentarlo, en un presupuesto que será aprobado por el Congreso, desfinanciado, planificando, hoy es sumamente tarde.
Otro tema que debe preocupar seriamente, es la reducción del envío de remesas a los países de origen, que afectaría seriamente en el caso de México y Guatemala, los dos principales países receptores de remesas en América Latina; en el caso guatemalteco, que sostienen a 6.5 millones de familiares de migrantes y constituye el 20% del Producto Interno Bruto, como sostenimiento económico del país y que con las deportaciones podrán reducirse los montos, afectando la economía de las personas y del país.
Trump también ha señalado que no solo a las personas inmigrantes en situación irregular están bajo la mira de la nueva Administración republicana, sino que a la vez, existen varios programas que permiten que inmigrantes residen de forma legal de forma temporal en los Estados Unidos y que según lo expresado, están seriamente amenazados que puedan desaparecer, con lo que perjudica enormemente a sus beneficiarios.
Dentro de los programas que se pueden contemplar su cancelación está el Estatus de Protección Temporal, conocido popularmente como TPS, el cual permite a miles de personas la residencia en Estados Unidos, por razones de inseguridad en sus países de origen, que podrían ser no prorrogados por su finalización en los primeros 6 meses del año entrante, y que corresponden a El Salvador, con un número de beneficiados de 195,000 personas, Honduras con más de 57,000 beneficiados y Haití con más de 50,000 personas, lo que perjudicaría enormemente a dichos países. Un proceso que enfrentaría demandas legales indudablemente y que puedan llegar a la Corte Suprema finalmente.
Una posibilidad que tendrán los gobiernos tanto de El Salvador y Honduras, es la negociación que puedan presentar al gobierno de Estados Unidos, para evitar sean cancelados los beneficios de TPS para sus respectivos países, realizando el compromiso de una contención migratoria efectiva del flujo de migrantes procedentes del Tapón del Darién, así como de Nicaragua, que es utilizado como puente de ingreso desde América del Sur y el Caribe, así como la aceptación de la imposición de ser un tercer país seguro, un tema que no dudo también será incluida Guatemala.
Tema que vendrá a ser sumamente complicado, ante la falta de puestos de trabajo, presupuesto, infraestructura, personal, atención en salud, educación, seguridad y que conlleva una seria carga a los países.
También la administración republicana, ha mencionado que podría afectarse el programa de Parole (permiso) Humanitario, el cual ha beneficiado a más de 500,000 personas inmigrantes procedentes de Cuba, Haití, Nicaragua, Venezuela que han ingresado a los Estados Unidos y puedan permanecer en forma legal y con permisos de trabajo por un período de 2 años, teniendo un patrocinador financieros en dicho país.
Otro gran sector que pueda también ser afectado seriamente son los beneficiados con el programa de DACA, programa que concede el beneficio de tener permiso para residir y laborar en Estados Unidos de forma legal, siendo llevados desde muy pequeños a dicho país y que podrían ser sujetos a la deportación a sus respectivos países.
Recordando que en su anterior mandato presidencial de Trump, pretendió realizar su deportación de los beneficiarios de DACA, y que corregirán los errores cometidos en la primera administración, teniendo que enfrentar nuevas acciones legales, que no dudo que se repetirán nuevamente, pero que en la Corte Suprema de dicho país, puedan dictaminar en contra de las acciones presentadas por parte de organizaciones pro inmigrantes y sean vencidos.
El realizar las deportaciones masivas, no hay duda que representará grandes desafíos de logística, infraestructura, presupuestaria, presiones a gobiernos para la recepción, que será difícil que pueda solventar en forma inmediata dichas problemáticas entre ellas logísticas, estructurales y económicas, pero no imposibles de solventar, al tener amplios poderes con las Leyes de Enemigos Extranjeros y de Emergencia Nacional, órdenes ejecutivas y el apoyo de los representantes del Senado y Congreso con mayoría republicana.
Los nombramientos de Tom Homan Zar de la Frontera y Stephen Miller, que supervisará las políticas de inmigración, ambos conocedores de la problemática migratoria, diseñadores y ejecutores de la política de “tolerancia cero”, que se tradujo en la separación de núcleos familiares, durante el primer mandato del republicano, de 2017 a 2021.
Trump y su equipo han asegurado que dentro de las primeras expulsiones, se efectuarán de las personas que ya tienen orden de deportación y a quienes cuentan con antecedentes criminales, que no se han efectuado.
A las repercusiones sociales, se deberán sumar las serias consecuencias económicas, de las que ya han alertado varios economistas estadounidenses, la pérdida de la fuerza laboral, la caída de la demanda en el consumo, la reducción en la producción, el cierre de empresas y la falta de ingresos por los impuestos que pagan los inmigrantes, supondría un descenso en el crecimiento del PIB considerado entre un 2.6 y 6%, con una posible recesión.
El coste de las deportaciones, se estima tentativamente en un calculado de US$315,000 mil millones de dólares por parte del Consejo Americano de Inmigración, cifra que podrá incrementarse, a lo que Trump ha mencionado, no ser un impedimento y no es una cuestión de precio, no teniendo otra opción.
Recomiendo iniciar campañas de información en radio, prensa y televisión, por parte de los gobiernos de orientación a la población inmigrante, de acciones a realizar para su protección, como son planes de emergencia, conocimiento de carta de custodia temporal para hijos menores, obtener su pasaporte, partidas de nacimiento de padres e hijos, acciones a realizar en caso de detenciones entre otras, no efectuarlas, será una irresponsabilidad ante la comunidad inmigrante, que ha sostenido las economías de sus respectivos países y que generalmente, han estado abandonados.
