Por ahora todo es una visión especulativa ante el anuncio de promover por la nueva administración presidencial de Donald Trump, “La mayor deportación de inmigrantes de la historia efectuada de Estados Unidos”, la repetida promesa como candidato republicano a la presidencia que tomará posesión el 20 de enero 2025, es un escenario nebuloso, un hipotético sin precedentes ni explicaciones sobre cómo se llevaría a cabo a ciencia cierta y las implicaciones que conlleva dicho ofrecimiento.
Sin ofrecer pruebas, Trump repitió en mítines o entrevistas que, aunque la cifra oficial más reciente indica que hay, incluyendo menores, unos 11 millones de inmigrantes sin documentos en Estados Unidos, él cree que el número es más cercano a los 15 o 20 millones de inmigrantes en situación irregular.
También dice que la expulsión de inmigrantes empezaría el primer día de su segundo mandato presidencial de Estados Unidos, emitiendo órdenes ejecutivas.
No hay claridad de cómo el republicano pondría en marcha esta política de dimensiones históricas, recordando que en el proyecto 2025, el manual ultraconservador escrito para un segundo mandato de Trump, establece una ruta a desarrollar en su administración.
La imagen que enfatiza, es de un estado policial con campos de internamiento de inmigrantes masivos a lo largo de la Frontera Sur de Estados Unidos colindante con México.
Pero queda otra pregunta sin contestar, es la evaluación del costo de las operaciones a efectuarse para la captura, albergue, procesamiento, alimentación, transporte y deportación de los miles de inmigrantes de Estados Unidos, tanto a México, como a países como Guatemala, El Salvador, Honduras, Ecuador, Haití, Cuba y Venezuela, entre otros.
Trump a lo largo de su campaña política ofreció 20 promesas más parecidas a eslóganes que a conceptos, de los cuales, los dos primeros, en mayúscula: “Sellar la frontera y detener la invasión de migrantes” y “llevar a cabo la mayor operación de deportación de la historia de Estados Unidos”.
Para Trump y el equipo de republicanos con el cual conformará su Gabinete de gobierno, el planteamiento es sensato y viable, ya que aperturará puestos de trabajo y expulsará de los Estados Unidos a personas sindicadas por él como supuestos criminales migrantes, sin distinguir nacionalidades.
Las cifras estadísticas consultadas de seguridad nacional, demuestran que los actos criminales se han reducido y que la población inmigrante son los que menos están propensos a realizar actos que contravienen la ley de Estados Unidos, contrario al señalamiento que realiza Trump, indicando que los inmigrantes están realizando “el envenenamiento de la sangre de la nación estadounidense.
Es de indicar que al enfatizar la realización de la mayor deportación de inmigrantes de la historia de los Estados Unidos, posiblemente no se está tomando en seria consideración el negativo impacto económico en la economía de dicho país, tanto en su costo operativo para realizar las capturas, proceso, albergue, alimentación y deportación de inmigrantes como en sus repercusiones económicas a largo plazo para dicho país y en la administración Trump.
Un estudio elaborado de deportaciones efectuado en el año 2015 por parte del American Action Forum, un think-tank económico, como referencia, estimó que identificar, detener, transportar, procesar, retener y finalmente expulsar a inmigrantes residentes en Estados Unidos en situación irregular, tendría un coste de aproximadamente US$18.214 por persona, en ese año y que a la fecha ascendería alrededor de US$24.094 por persona, ajustándose a la inflación, lo que genera una cuenta total de más 265,000 millones de dólares por deportar a los 11 millones de inmigrantes ilegales que actualmente se estima que hay residiendo en Estados Unidos, cifra que podría incrementarse a montos mayores, como mínimo 315,000 millones.
Si se aplica la cifra de 20 millones de inmigrantes en las que se basa Trump y su vicepresidencial, J.D. Vance, el costo sería de unos 481,000 millones de dólares, poniendo cifras tentativas que pueden incrementarse aun mayormente.
ICE, es la agencia migratoria que actualmente se encarga de deportar a quienes están en Estados Unidos de manera irregular y que estará implementando las directrices impulsadas por Donald Trump para darse cumplimiento a las expectativa, y la oficina de CBP, aduanas y fronteras, ambas en el presente año, tuvieron un presupuesto de casi 30,000 millones de dólares para operaciones.
Al revisar los datos de ICE en el reporte presentado, se indica que se realizaron las deportaciones de 142,580 inmigrantes en situación irregular y que su gasto había sido de más de 420 millones de dólares, lo que da un costo de casi 3,000 dólares por persona expulsada. Al realizar la multiplicación por al menos 11 millones de personas inmigrantes en situación irregular, el coste asciende a 33,000 millones de dólares para realizar la expulsión de los inmigrantes indocumentados que actualmente se estima se encuentran en los Estados Unidos, y casi el doble si el número de deportaciones fuese en un estimado de 20 millones de inmigrantes expulsados de dicho país.
Se debe enfatizar que esto solo se refiere a la expulsión de personas en situación irregular y no tiene en cuenta, como sí lo hace el cálculo anterior, el coste de poner en marcha un programa para la localización de inmigrantes, realizar las transportaciones a centros de detención y posteriormente a la Frontera Sur, efectuar el procesamiento en campos de internamiento, los cuales habría que construir o adecuar para albergar a los miles de inmigrantes capturados, así como el personal para cuidar instalaciones, alimentación, hospedaje, entre otros.
Como ha expresado en reiteradas ocasiones Donald Trump y también se hace mención en el Proyecto 2025, que para hacer frente al gran esfuerzo de deportación que se tiene previsto efectuar de los Estados Unidos, se debe considerar la incorporación de los elementos tanto de las fuerzas policiales locales y estatales, así como de la Guardia Nacional y contemplar hasta del ejército en las labores migratorias.
Esto no está permitido bajo la normativa actual, pero incluso, si lo fuera, también supondría un costo enorme difícil de estimar y que habría que sumar a los cálculos existentes. Recordemos que Trump ha mencionado la aplicación de la Ley de Enemigos Extranjeros para realizar las deportaciones, así como la creación de Órdenes Ejecutivas para apoyar las acciones de deportaciones.
En cualquier caso, la salvedad sirve para advertir que los dos cálculos presentados anteriormente, dentro de algunos elaborados por economistas estadounidenses, son probablemente cifras muy conservadoras y que podrían ser montos mayores.
El planteamiento de efectuar “la mayor deportación de la historia en Estados Unidos”, va más allá del coste de implementarla, ya que se vislumbra serios estragos en la economía de dicho país, entre los cuales se verían afectados primeramente al mercado laboral y a los salarios, pero también se han estimado impactos en el Producto Interno Bruto PIB y en la inflación.
La gran dificultad de monitorear el mercado laboral de personas inmigrantes en situación irregular o sin papeles para poder laborar, se estima por parte del National Bureau of Economic Research, tentativamente se estima que en Estados Unidos, existen más de 7.1 millones de trabajadores migrantes indocumentados, con lo que representan el 4.5% de la fuerza laboral de los Estados Unidos.
En el caso de que la administración de Donald Trump, pudiera efectuar la expulsión de todos los inmigrantes en situación irregular, se estima que dentro de las economías más afectadas estarían la construcción, con 1.5 millones de laborantes menos en los centros de trabajo, con lo que se incrementaría los costos de construcción, con lo que se incrementa el alto coste de la vivienda actualmente; el sector de hotelería, que se estima que perdería a 1.1 millones de trabajadores; en el ámbito de los servicios, se estima con otro millón de trabajo perdidos, así como en la manufactura, con 714,000 y en el caso de la agricultura, no se puede estimar el número aproximado, pero se considera ser mayor que el de la construcción.
Es imposible estimar de manera precisa o aproximada por la cantidad de variables que hay que considerar, pero el modelo llamado la Ley de Okum, que traza la relación entre el desempleo y el Producto Interno Bruto PIB, apunta que disminuiría el crecimiento del PIB por más de nueve puntos afectando la economía de Estados Unidos, comparado con el pico de la Gran Recesión de 2008 el crecimiento del PIB disminuyó 4.3%.
Se enfatiza que el modelo de Okun, ha sido utilizado más a menor escala y puede ser mucho menos preciso, al tratarse de un tema de deportaciones masivas a realizarse.
Otros estudios que tratan específicamente en relación al tema de las deportaciones, determinó que estas también implican la pérdida de trabajos por parte de nativos del país, a raíz del impacto económico más amplio, lo que debería preocupar a la nueva administración Trump y evaluar a profundidad el tema y sus serias consecuencias.
Un cálculo derivado de otro estudio de deportaciones, menciona que por cada millón de laborantes expulsados, se perderían 88,000 puestos de trabajo de estadounidenses, por consiguiente, si se expulsaran a un estimado de 7.1 millones de migrantes trabajadores en situación irregular, esto indicaría que más de 968,000 ciudadanos estadounidenses, perderían sus puestos de trabajo también, afectando su economía, a su familia y los ingresos al fisco.
El impacto negativo, no concluiría ahí, ya que la realización de un programa masivo de deportación, también podría considerar la reactivación de la inflación en Estados Unidos, afectando la economía profundamente de dicho país y del mundo.
Otro de los temas que deberían ser considerados, son los costos laborales, que se estiman en alrededor en un promedio del 60% de los gastos del sector empresarial, los cuales se incrementan cuando los propietarios tienen que realizar la sustitución de un gran fuerza laboral, como se suscitó cuando hoteles, restaurantes y bares aperturaron nuevamente posterior a la pandemia de coronavirus.
Se debe enfatizar que los empresarios que se enfrentan a una importante escasez de mano de obra, deben considerar tres opciones principales: el realizar más pagos por horas extras laboradas, incrementar el pagar más por la contratación de nuevos trabajadores o aceptar una menor productividad en sus empresas, con lo que conlleva pérdidas.
En todos los casos antes citados, los costos adicionales generalmente, conllevan un incremento de los de los precios, que son trasladados al consumidor final y que posiblemente se reduzcan sus ventas. Enfatizando que en el caso de la pérdida de más de siete millones de laborantes en los diversos sectores productivos de la economía estadounidense, el efecto en la inflación conlleva una seria amenaza de ser en forma masiva.
Es muy complicado y casi imposible predecir a futuro las serias consecuencias económicas que conllevará la realización de una deportación masiva de inmigrantes residentes en Estados Unidos por la administración Trump, y los serios efectos en las economías estadounidenses, como la de los países de origen de los inmigrantes, que se sostienen con el envío de remesas y en el caso de Guatemala, constituye un 20% del Producto Interno Bruto, superando a las exportaciones y el sostenimiento de más de 6.5 millones de familiares residentes en el país, según la encuesta de la Organización Internacional para las Migraciones OIM.
No dudo que cuando se trata de los efectos en la economía para los países, la cantidad de elementos en juego puede variar cualquier estimación, enfatizando que si la administración Trump, puede considerar el efecto catastrófico que conlleva para los Estados Unidos, sin una fuerza laboral de entre 11 a 20 millones de personas inmigrantes sin estatus legal en dicho país, que beneficien a su período presidencial, los datos estimativos pueden ser no considerados plenamente y las serias consecuencias económicas para Estados Unidos y los países de origen de inmigrantes.
Los costos de hacer cumplir la ley de Enemigos Extranjeros vigente para expulsar a inmigrantes residentes en situación irregular en Estados Unidos y al mismo tiempo evitar que los migrantes ingresen ilegalmente a dicho país, serán bastante altos sus costos para economías.
