Al asumir el gobierno de Panamá, José Raúl Mulino, el lunes 1 de julio, se ha firmado un memorándum de entendimiento entre los gobiernos de Panamá y Estados Unidos, en el que la administración Biden “se compromete a cubrir el gasto de la repatriación” de migrantes que sean capturados al pasar el Tapón del Darién, frontera con Colombia, paso migratorio que es utilizado por miles de migrantes de América Latina, Caribe y extracontinentales, en su ruta migratoria hacia la Frontera Sur de Estados Unidos.
El memorándum, fue suscrito por Javier Martínez Acha, canciller panameño y Alejandro Mayorkas, secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos, comprometiéndose este último, a la cobertura del gasto que ocasione la repatriación de inmigrantes que atraviesan el Tapón del Darién, definido como “asistencia y cooperación en asuntos migratorios”, cuyo objetivo es impedir el paso de inmigrantes irregulares a Panamá.
El texto del acuerdo, literalmente indica que; “ se busca apoyar a Panamá con equipos, transporte y logística de extranjeros detectados dentro de los flujos migratorios en contravención de las leyes migratorias de Panamá”, que estarán “sujetos a medidas administrativas migratorias de conformidad con el derecho panameño”.
Un tema, que siendo realistas y congruentes, será muy difícil que puedan implementar de forma inmediata, considerando que será una pequeña parte lo que podrán repatriar, ante la falta de infraestructura, personal migratorio, disponibilidad económica y las malas condiciones de la zona, ya que en el año 2023, se registraron más de 550,000 personas migrantes que atravesaron el Tapón del Darién y en lo que va del 2024, se tiene registro que sobrepasan los 210,000 inmigrantes.
Por parte del nuevo gobierno panameño, el compromiso establecido en el memorándum para dicho país, es “ cumplir con todos los acuerdos y convenios internacionales sobre los derechos de los inmigrantes y aquellos en condición de refugiados“. Mulino argumenta que está comprometido con frenar la migración irregular y el negocio ilegal de trata de personas, enfatizando que “su país no será más un país de tránsito para los ilegales”.
Recordemos que el negocio de tráfico de personas, es manejada por organizaciones constituídas a nivel internacional y que los montos económicos que reciben, son de miles de millones de dólares, por lo que en una selva de más de 550,000 hectáreas, buscarán pasos ciegos para llevar a migrantes, incrementando costos para trasladarlos y poniendo en riesgo aún más, la vida de cientos de miles de migrantes, por lo que también, las rutas marítimas se verán incrementadas para evadir autoridades migratorias panameñas.
El financiamiento que Panamá ha sufragado, según el discurso de Mulino, es de más de US$100 millones anuales, para atender la problemática migratoria, que ha incrementado la actual crisis humanitaria existente y que no ha sido reconocida por los gobiernos, ante la falta de atención a dicha población.
En el caso de Guatemala, se estima que más de 2.4 millones de personas atravesaron su territorio rumbo a Estados Unidos, sin brindarles atención humanitaria, de salud o protección adecuada en sus derechos humanos, por instituciones vinculadas al tema migratorio y ante la falta de implementación de una Política Pública Migratoria, carente de presupuesto de 36 de las instituciones que tienen vinculación de 41 incorporadas a la misma y con serias falencias, la que debería ser revisada a profundidad por la Autoridad Migratoria Nacional y el trabajo a realizar por parte del Instituto Guatemalteco de Migración.
Adrienne Watson, portavoz del Consejo de Seguridad Nacional de Estados Unidos, dio a conocer en un comunicado que el gobierno del presidente Joe Biden “apoyará los esfuerzos de Panamá para iniciar la repatriación rápida, segura y humana de los migrantes que carecen de una base legal para permanecer en Panamá”, teniendo como fin la disuasión de la migración irregular y contener el flujo migratorio hacia Estados Unidos y México.
A la vez, detener el enriquecimiento de redes de trata de personas, que con base de la explotación de las personas han obtenido cientos de millones de dólares, debiendo contemplar, realizar campañas informativas tanto en castellano como en otros idiomas, advirtiendo del cambio de condiciones migratorias.
Se ha dado a conocer por Jim Hepburn, codirector del grupo especial denominado Fuerza de Tarea Conjunta Alpha (JRFA) creado en el 2021, declarando en entrevista de la televisora BBC que las autoridades de Estados Unidos, tomaron la decisión de expandir el trabajo del grupo Alpha de dicho país, a la frontera entre Panamá y Colombia, en el Tapón del Darién, para perseguir a los líderes y capturar a quienes integran las redes de traslado clandestino de migrantes en Centroamérica y México.
Y dentro de sus nuevas misiones asignadas, los miembros que conforman la fuerza conjunta de EE. UU. buscará entablar con los gobiernos de Colombia y Panamá, el requerimiento de apoyo logrado con los gobiernos de El Salvador, Guatemala, Honduras y México, contra redes de contrabando de migrantes, habiendo expresado que se conocen que hay varios grupos que se benefician con el tráfico de personas, dentro de ellos los integrantes del Clan del Golfo.
Por lo que se estará a la expectativa de los resultados que se darán y si se realizan extradiciones de personas que lideran dicha redes de tráfico de personas a Estados Unidos, para su procesamiento y sentencia condenatoria, como se efectuaron ya en Guatemala y Honduras anteriormente, siendo procesados en tribunales de justicia estadounidenses y logrando condenadas de 10 y 30 años de prisión.
Esencialmente, el cierre de la frontera, también debe ser tratado en forma integral, para solucionar la seria problemática existente de falta de empleo y desarrollo en los países como es el caso de Guatemala, Honduras y El Salvador, o en el tema político y social como es el caso de Haití, Cuba, Venezuela, en un trabajo conjunto por parte de los gobiernos y con el apoyo de Estados Unidos y México, por ser los más afectados con la problemática migratoria, así como la colaboración de organismos internacionales.
De lo contrario, la migración no se detendrá y agravará la crisis migratoria existente actualmente, no reconocida oficialmente, muestra de ello es el incremento migratorio entre el 2020 y 2023, al ser más de 8.2 millones de personas migrantes capturadas en la frontera sur de Estados Unidos.
