El anuncio dado por Joe Biden, presidente de Estados Unidos recientemente, en el que se dio a conocer un plan para obtener la Green Card y con ello el estatus legal a los cónyuges de ciudadanos estadounidenses, casados legalmente al 17 de junio del presente año, ha generado una expectativa por cientos de inmigrantes, la gran mayoría de nacionalidad mexicana que se considera que alrededor de 400,000 podrán obtener el beneficio y el resto distribuído entre guatemaltecos, salvadoreños, nicaragüenses, cubanos y otras nacionalidades, pero inevitablemente, algunos quedaron fuera, comparte el licenciado Fernando Castro Molina, analista migratorio guatemalteco.

Las personas estadounidenses que se casaron con inmigrantes de varias nacionalidades, han tenido que pasar alrededor de 10 años teniendo que partir posteriormente a México posterior a realizar la boda, ya que por ley, tenían que vivir fuera de los Estados Unidos durante varios años, para obtener el estatus legal, sufriendo la separación familiar.

El anuncio dado a conocer por Joe Biden, presidente de Estados Unidos el martes pasado, indicando que su administración en los próximos meses, permitirá que los cónyuges de ciudadanos estadounidenses, sin estatus legal en dicho país, puedan solicitar la green card o tarjeta verde y con ello tener residencia legal en dicho país y, posteriormente gestionar, la ciudadanía americana, sin tener que salir de dicho país por hasta 10 años.

Reiterando que alrededor de 500,000 inmigrantes podrían beneficiarse, de acuerdo con las estimaciones de funcionarios gubernamentales de alto nivel.

Enfatizo que para hacerse acreedor a este beneficio, la persona inmigrante debe haber vivido en Estados Unidos por 10 años y estar casado con documentación legal, con un ciudadano estadounidense. Los cónyuges que no se encuentren dentro de EE. UU., no son elegibles para este beneficio.

Los beneficios migratorios, aún aquellos tan amplios como el ofrecimiento hecho recientemente por Biden, que se toma como propuesta para captar votos de cónyuges estadounidenses para beneficiar a demócratas, en año electoral, establece fechas límite y otros requerimientos de elegibilidad.

Dentro de las acciones de beneficio migratorio, se recuerda la realizada en septiembre del año pasado, al ampliar el estatus temporal para cerca de 500,000 inmigrantes venezolanos que residen en Estados Unidos, beneficio contemplado hasta el 31 de julio de 2023.

El programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA) lanzado por Barack Obama, que ha protegido de la deportación a cientos de miles de inmigrantes que llegaron a Estados Unidos siendo pequeños, exigía que los solicitantes estuvieran en Estados Unidos el 15 de junio de 2012 y que hubieran permanecido continuamente en dicho país, durante los cinco años anteriores, debiendo demostrar su permanencia.

Estimativamente, se calcula que más de 1,1 millones de cónyuges, están sin autorización en los Estados Unidos, quienes están casados con ciudadanos estadounidenses, de acuerdo con el grupo de defensa FWD.us., por lo que significa, que miles de personas inmigrantes, no podrán obtener el beneficio anunciado, porque han estado en Estados Unidos menos del tiempo estipulado en el beneficio que es de 10 años.

También se considera que alrededor de 50,000 menores no ciudadanos con padres casados con un ciudadano estadounidense, podrían ser beneficiados con el anuncio.

El presidente Biden también realizó el anuncio de nuevas normas, que benefician a personas del programa DACA, así como a otros jóvenes inmigrantes, que podrán cumplir en forma más fácil, los requisitos para obtener visas de trabajo consolidadas.

Es recomendable que los inmigrantes guatemaltecos, deban gestionar sus pasaportes correspondientes, así como de otras nacionalidades, requisito indispensable que deberán cumplir y que a la fecha, no se soluciona el serio problema de citas consulares, postergando por meses la misma o que por medio de pagos a tramitadores, las obtienen en forma inmediata, lo que debe investigarse, requiriendo el apoyo del Departamento de Estado, ya que es perjudicada la población guatemalteca, pues las citas son gratuitas, hacerlo demostrará el interés de combatir la corrupción.

Es de lamentar que el Ministerio de Relaciones Exteriores de Guatemala, así como el Consejo Nacional de Atención al Migrante de Guatemala CONAMIGUA, no contemplan dentro de sus acciones, el realizar campañas informativas en radio, prensa y televisión, tanto en castellano como en idiomas mayas, para orientar a inmigrantes residentes en extranjero, como a familiares en Guatemala, para que se lo comuniquen, como una obligación institucional.

Asimismo, la falta de fiscalización efectiva por parte de los miembros de las Comisiones de Migrantes, Menor y la Mujer del Congreso de la República, en exigir a funcionarios el cumplimiento que tienen de generar información hacia población inmigrante, migrante y sus familias.

Hago también un llamado a la licenciada Karin Herrera, Vicepresidenta de la República de Guatemala, que como coordinadora de la Autoridad Migratoria Nacional, exija a los funcionarios vinculados al tema migratorio que conforman dicha autoridad, realizar campañas de información, dando a conocer beneficios migratorios, así como leyes antiinmigrantes que afectan la población, que sostiene la economía del país, teniendo el papel protagónico que debe desempeñar en la temática migratoria en Guatemala, un tema que lamentablemente el anterior Vicepresidente, dejó mucho que desear en su pasividad e inactividad en la temática.

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