Desde hace meses han iniciado en redes sociales, de la forma más descarada y burda, las campañas políticas de la gran mayoría de candidatos a cargos de elección popular, principalmente para el de presidente y los de diputados y alcaldes.
El mapa político en Guatemala ya se encuentra lleno de personajes que buscan ser reelectos o llegar al poder, para aprovechar sus cargos y saquear el erario, ya sea directamente por medio de coimas (los más burdos) o indirectamente a través de contratos con el gobierno gestionados por medio de redes de empresas (los más sofisticados), en su mayoría fantasmas.
Ante esta anomalía, que no es nueva, ya que los presidentes Morales y Arévalo alcanzaron su presidencia utilizando redes sociales y no medios de comunicación tradicionales, nuestro país adolece de un marco legal que permita a la autoridad electoral poner las sanciones correspondientes para penalizar a todos los políticos que se “robaron la salida”, como diríamos los chapines, utilizando medios no tradicionales como las redes sociales. En el caso de medios tradicionales, como la televisión, radio o prensa, creo que su uso para hacer campaña electoral sí está lo suficientemente regulado y la autoridad electoral tiene los elementos coercitivos para detener una campaña anticipada. En el caso de las redes, eso no existe.
Hemos visto que las redes sociales son un instrumento de comunicación muy poderoso que, con mensajes bien estructurados y enfocados a un público objetivo, puede generar grandes resultados. En mi humilde opinión, su poder ya sobrepasó al de los medios tradicionales, principalmente en los centros urbanos, que es donde últimadamente se decide la presidencia del país. Tanto el “ni corrupto ni ladrón” como el “ajedrecista”, accedieron con éxito a la presidencia del país utilizando estos medios no tradicionales de comunicación.
La idea, en todo caso, no es prohibir el uso de las redes sociales como medio para atraer votantes o lanzar una campaña electoral, pero sí debe ser, definitivamente, normar y dar las herramientas al TSE para que puedan sancionar, de acuerdo con la legislación nacional, a quienes aprovechan el uso de redes sociales para hacer propaganda anticipada, así como lo han hecho conocidos candidatos de oposición, diputados que ya no son oficialistas y opositores.
Todos tapándose con la misma chamarra de impunidad.
