Vetar o no el Decreto 7-2025, el dilema del presidente Arévalo. Este decreto es un verdadero mamarracho, ha sido declarado de urgencia nacional por el Congreso, y los legisladores lo venden como una “ley que permite el desarrollo local y comunitario” en los municipios y departamentos de todo el país. Fueron 108 irresponsables diputados quienes lo aprobaron.
El rechazo a esta ley es amplio. Columnistas de opinión que profesan ideologías muy distintas, cámaras empresariales, Segeplan, entre otros, han expresado su rotundo rechazo a este decreto argumentando, con toda la razón, que permitirá a los Codedes (y quienes están detrás de estos, que ya los conocemos) disponer de miles de millones de quetzales sin mecanismos efectivos de fiscalización. En pocas palabras, los diputados buscan garantizarse una descomunal arca abierta para que ellos mismos, que decretaron el Día de la Biblia, ahora puedan darse gusto pecando junto con sus socios, allegados y alcaldes. Esto es lo que proponen para el año antes de las elecciones. Además de garantizarse enormes sobras con las obras, buscan la reelección.
La presión del presidente de la ANAM y al menos 260 alcaldes se ha hecho sentir, y seguramente tomarán medidas de hecho en contra del presidente, y de la población en general, para lograr su cometido.
Aunque la autonomía municipal y el situado constitucional están consagrados en la Constitución Política de la República de Guatemala en el artículo 253, también define, en su artículo 238 la Ley Orgánica del Presupuesto, cuyo inciso h) indica que “… Cuando se contrate obra o servicio que abarque dos o más años fiscales, deben provisionarse adecuadamente los fondos necesarios para su terminación en los presupuestos correspondientes”. Lo que el anterior inciso indica, es que las obras ya contratadas contarán con fondos para su finalización, los cuales deben ser provisionados.
El texto del decreto 7-2025 claramente contradice lo consignado en la Constitución permitiendo el arrastre de saldos por devengar no desembolsados de las asignaciones extraordinarias otorgadas a un fondo común, en el cual los fondos podrán ser asignados incluso si los Codedes no cuentan con convenios firmados para la ejecución de obras. La Constitución establece que el arrastre debe ser únicamente para obras ya contratadas y la asignación debe consignarse en el presupuesto del periodo siguiente.
El punto es que el bisoño Arévalo está metido en un gran dilema. Si veta, seguramente los diputados no solo no le aprobarán el presupuesto más grande de la historia, sino que los alcaldes y los mismos diputados lo meterán en una crisis de gobernabilidad. Si sanciona (es decir, no veta), será totalmente incongruente con su discurso de transparencia y honestidad (que únicamente es narrativa), además de que nada le garantiza que los diputados no le aprueben su presupuesto y pase el del 2025, con todos los defectos que ya tenía.
El dilema no debe existir. Arévalo debe vetar semejante esperpento. Y debe trabajar en un proyecto de ley que sea congruente con lo que establece la Constitución para que, con una reestructuración de los Codedes y una política de inversión e infraestructura (que tampoco la tiene) coherente, se pueda legislar para qué las obras en los municipios y departamentos puedan tener continuidad entre periodos fiscales e incluso entre gobiernos.
