emiliomattasaravia@gmail.com
La impunidad campea en Guatemala. Con abierto y repugnante cinismo, varios exfuncionarios públicos, sus parejas y sus allegados, quienes han sido acusados del constante saqueo del Erario, se burlan de la justicia merced a los favores de magistrados y jueces, igualmente corruptos.
Tenemos el caso de los exministros Sinibaldi y Benito, así como del exdiputado y excandidato presidencial Baldizón, todos acusados de corrupción por recibir coimas, sobornos, mordidas, o como le quiera llamar, para favorecer a determinados constructores de obra pública. Al exministro del bufón que para engatusar al electorado dijo que no era “ni corrupto ni ladrón”, por ejemplo, se le llegó a vincular con maletas que contenían más de Q122 millones, las cuales fueron encontradas en una casa en Antigua Guatemala, dinero que presuntamente provenía de ilícitos.
Relacionados de alguna manera al caso de las maletas de la Antigua, un “ultraconservador” expresidente (no precisamente por su orientación) y su pareja, resultaron siendo los peores y más abyectos saqueadores del Erario. Las vacunas Sputnik V, compradas y pagadas con fondos públicos, y más 4 millones de dosis vencidas, son el mejor ejemplo del manto de impunidad que los cubre.
El más reciente caso es el del expresidente del INDE, alfil y aliado de la pareja que gobernó Guatemala del 2020 al 2024, quien cínicamente (rasgo que caracteriza a los corruptos) dijo que buscaba “esclarecer” su situación legal y “aportar” los medios de prueba necesarios. Salió ese mismo día con libertad condicional bajo fianza, la cual pagó inmediatamente.
En general los funcionarios y “empresarios” que logran amasar enormes fortunas utilizando prácticas corruptas, jamás podrían hacer tanto dinero trabajando honradamente bajo condiciones competitivas. Es más, en prácticamente todos los casos, los funcionarios acceden a sus puestos públicos sin dinero y salen de los mismos forrados de dinero. No es casualidad, lamentablemente esa es la regla de los funcionarios en nuestro país.
Por supuesto, nada de esto sería posible si en Guatemala no existiera la “certeza jurídica” de que los corruptos no van a ir a prisión y de que quienes fueron acusados y enfrentaron juicios por corrupción salieron libres y encima les devolvieron sus bienes extinguidos. Todo eso gracias a una Corte Suprema de Justicia y Salas de Apelaciones hechas a la medida para que los casos sean desestimados y las pruebas no sean admitidas. Todo bajo la mirada vigilante y pasiva del Ministerio Público.
