No fue casualidad que recientemente extraditaran desde México al ex diputado por la UCN y ex candidato a la presidencia y a la alcaldía metropolitana por el FRG, Luis Rabbé, para que viniera a “enfrentar” los procesos penales en su contra. Correrá la misma suerte que los Baldizón, Sinibaldi, Benito y demás políticos que han sido acusados de corrupción, lavado de dinero, enriquecimiento ilícito y un sinfín de delitos. El fuerte y firme Ministerio Público desestimará los cargos, así como ha venido haciendo con los ex funcionarios de gobiernos anteriores que han sido acusados de corrupción, quienes, cínicamente, ahora critican a quienes inicialmente los acusaron.
La semana pasada, en conferencia de prensa, el Superintendente de la SAT junto a varios de sus intendentes, anunció que habían descubierto una red de más de 400 empresas (de cartón, es decir, sin sustancia económica, activos o infraestructura, para ejercer las actividades comerciales que dicen ejercer), las cuales están vinculadas a otras empresas que hicieron millonarios negocios con el Estado entre 2021 y 2023, y el menoscabo al fisco podría estimarse en más de 800 millones de quetzales. El fuerte y firme MP no quiso reunirse con el superintendente de la SAT previo a anunciar el caso. Se entiende que hay intereses de por medio que se guardan y protegen fuerte y firme, allá por Gerona. El circo mediático que armaron al día siguiente del anuncio del superintendente, con sus “allanamientos” rayó en lo ridículo; sabemos que la cabeza de esta red no caerá, únicamente los sacrificables.
Sumémosle a lo anterior, el hecho de que personajes del poder judicial, declarados non gratos por ser actores antidemocráticos en más de una treintena de países desarrollados (todos “chairos”, dirían algunos ignorantes), ahora ingresan su papelería en las postuladoras buscando ser magistrados en las salas de apelaciones (más bien pretenden tener inmunidad, o impunidad), porque seguramente serán perseguidos por sus actos una vez dejen los cargos que hoy ocupan.
Los acusados de corrupción ven que su ventana de oportunidad para salir libres se está cerrando. Si después de todo el enredo que hay con las Comisiones de Postulación, se logra elegir magistrados medianamente decentes, únicamente quedará como opción para los acusados de corrupción, la fuerte y firme desestimación de cargos hasta el 2026, año en que Arévalo elegirá a un nuevo Fiscal General, quien presumiblemente irá tras quienes ocupan hoy los puestos principales de la persecución penal en nuestro país.
Y para mientras, la justicia no será pronta, mucho menos cumplida, salvo para quienes dirigen el dedo acusador de Gerona.
