De todas las brasas que el gobierno de Arévalo ha heredado de sus antecesores, la que tendrá peores consecuencias para la economía nacional, en mi humilde opinión, es la de la terminal especializada en contenedores de APM Terminals en Puerto Quetzal. Ese es un problema que este gobierno debe resolver, de raíz, lo antes posible.
El problema de TCQ (como inicialmente se llamó a esta terminal), viene desde los tiempos del gobierno de Álvaro Colom, en el que se hicieron los primeros contactos con el grupo español con el que se realizó el negocio. Ya durante el gobierno de Pérez Molina se finalizaron los detalles del mismo, dentro de los cuales se incluía el pago de coimas a las distintas partes involucradas y se dio inicio la operación de la terminal bajo la figura de usufructo. Al ponerse al descubierto la red de corrupción que hubo tras el negocio, el mismo fue adquirido por otro grupo naviero, actual propietario de la maquinaria en operación de dicha terminal. El contrato ya fue declarado nulo por la Sala Quinta del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, lo que obligará, salvo resolución de un tribunal de mayor jerarquía, a detener la operación. Actualmente personal de la EPQ opera la terminal mencionada, es por ello que ahora los retrasos en dicha operación son considerables, llegando a ser hasta 30, los días de espera para el atraque de barcos, principalmente graneleros. Vale decir que con la cantidad de demoras que se viene pagando desde 2021 por las embarcaciones graneleras, ya se podría haber construido una terminal portuaria especializada en graneles; esto no es ninguna exageración.
El negocio nació torcido (corrupto, para ser más precisos), bajo una figura que no era la legal en su momento pero que se utilizó por ser la más conveniente para los intereses de quien pagaba las coimas. Ahora se tiene la enorme oportunidad de enderezarlo por la vía legal, con una figura de concesión, que entiendo es la correcta, legalmente hablando, para este tipo de contratos.
El tema está en que la situación de Puerto Quetzal es crítica, no sólo por la nulidad de este contrato, sino que también porque las administraciones anteriores, nombradas por los gobiernos anteriores, fueron incapaces de realizar las labores de mantenimiento, dragado, adquisición o concesión de maquinaria, inversión en infraestructura, y un larguísimo etcétera, para mejorar las operaciones del puerto. Un grupo de diputados ahora quiere pasar una “ley de dragados”, acción loable pero que a todas luces no servirá para que las autoridades actuales puedan, efectivamente, dragar la dársena del puerto. El dragado se debe realizar luego de realizar mediciones de calado y estudios técnicos de las corrientes que ingresan al puerto y su impacto en el lecho marino, para poder determinar las operaciones de dragado que se necesitan. Esto no lo dará la ley propuesta, sino que debe ser parte de un plan de trabajo de la nueva administración, que se debe realizar en conjunto con los sindicatos del puerto, para poder realizar todas las labores correspondientes al mejoramiento de la infraestructura actual y para la ampliación del puerto, de acuerdo con el plan maestro que tienen, que data del gobierno de Lucas García, cuando la obra fue ejecutada.
Como una solución inmediata, se puede poner a disposición de los barcos graneleros, incluyendo cemento, hierro y otros materiales cuya descarga es similar a la de graneles sólidos, la terminal especializada en carbón, que se encuentra a un costado del puerto, con lo que se ayudaría a resolver de forma temporal la enorme cola de barcos que hay para atraque en Puerto Quetzal y dejaría un espacio de tiempo para que las autoridades logren resolver finalmente el problema que tienen con APM Terminals. Lo único que falta es voluntad de las autoridades.
