Con las primeras lluvias de este invierno se ha podido evidenciar el deplorable estado de nuestra infraestructura vial. El daño más relevante, en términos de su impacto en la movilidad de la población y los daños en la economía, fue el socavamiento que se dio el jueves 13 de junio en el kilómetro 43.9 de la CA-9 (la autopista Palín a Escuintla), con lo que se tuvo que cerrar el paso parcialmente el jueves y por completo el viernes 14. Esta ruta es una de las más transitadas del país, y es la vía que conecta al departamento de Guatemala con Puerto Quetzal (el puerto de mayor relevancia comercial en Guatemala).
No debemos olvidar que el responsable del colapso de esta carretera tiene nombre y apellido, y se llama ALEJANDRO GIAMMATTEI FALLA, quien, en su afán por continuar controlando todas las instituciones del país después de su mandato, tomó la POPULISTA MEDIDA de no renovar la concesión del mantenimiento de dicha ruta ni de otorgar una concesión a otra empresa. Esto, con el fin de ganar votos para que su delfín, Manuel Conde, pudiera acceder a la presidencia (y poder así mantener el control de la misma). El exdiputado no llegó a la presidencia, pero la evidente falta de mantenimiento de la autopista provocó el desastre que tiene prácticamente incomunicada a la costa sur de Guatemala con la capital. Los daños económicos para el país son altísimos, los cuales debemos agradecer al expresidente y flamante diputado del Parlacen, Alejandro Giammattei.
Lo anterior no exime a este gobierno de su responsabilidad. Si bien es cierto, no fue su culpa el deterioro al que fue sometida la autopista del 1 de mayo del 2023 al día en que tomó posesión el presidente Arévalo, sí lo ha sido a partir del 15 de enero de este año. De igual forma, la pasmada reacción del gobierno ante este incidente fue inaceptable. El ministro de comunicaciones fue a inspeccionarla (en helicóptero, me imagino, porque los ministros ya no se dignan a viajar en automóvil por nuestras carreteras) hasta el domingo 16, y el Presidente se apersonó a la misma hasta ayer.
El cierre de la principal vía para las exportaciones e importaciones guatemaltecas, así como una de las rutas más transitadas del país, obliga a los funcionarios de más alto nivel a atender personalmente la emergencia el día en que ocurre y no días después. Es una tarea indelegable e inaplazable.
Es obvio que, como viajan en helicóptero, los funcionarios desconocen que las vías alternas que se utilizan para no pasar por la autopista cerrada se encuentran paralizadas, debido al intenso tráfico liviano y pesado, que ahora las transitan. Estas vías van a colapsar más temprano que tarde, debido a que tampoco han contado con el debido mantenimiento. De hecho, la RN-14, que es una de las vías alternas utilizadas, ya tiene derrumbes.
Lo que debe hacer el gobierno, desde ya, es asignar recursos vía reasignaciones del abultadísimo presupuesto con el que ya cuentan para tener disponibilidad de fondos y poder así atender las emergencias en infraestructura. A la vez, el ministro de Finanzas debe trabajar en su presupuesto 2025, para que el mismo contemple un mantenimiento vial masivo, en todo el país, de tal forma que el próximo invierno no haga estragos la frágil infraestructura vial que tiene nuestro país.
