Emilio Matta

emiliomattasaravia@gmail.com

Esposo y padre. Licenciado en Administración de Empresas de la Universidad Francisco Marroquín, MBA de la Universidad Adolfo Ibáñez de Chile, Certificado en Métodos de Pronósticos por Florida International University. 24 años de trayectoria profesional en las áreas de Operaciones, Logística y Finanzas en empresas industriales, comerciales y de servicios, empresario y columnista en La Hora.

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En distintas entrevistas realizadas al gerente de la Empresa Portuaria Quetzal, quien tomó posesión en febrero de este año, se ha abordado el tema de la problemática de los puertos en Guatemala, tema que tiene un impacto directo en los costos, o más bien sobrecostos, que pagamos los consumidores por importar productos vía marítima al país.

Según el funcionario, el país tiene una emergencia portuaria, debido al índice de azolvamiento que tiene el puerto, el cual ha reducido el calado original del puerto.  Para los estimados lectores que desconocen sobre estos temas, azolvamiento se refiere a que, debido a la fuerza de las corrientes marinas, el lecho marino donde se encuentra el ingreso a la dársena del puerto ha recibido más arena del mar, la cual no ha sido dragada en más de 20 años, acumulándose y reduciendo el calado, es decir, la distancia entre el lecho marino y la superficie del mar.

Esto supone un riesgo importante porque los barcos con un mayor calado, los cuales tienen mayor capacidad de carga, y con los cuales se pueden obtener economías de escala en el transporte de bienes, no pueden atracar en puerto Quetzal, o deben llegar con una fracción de su capacidad de carga, con lo que se encarecen los fletes.

Sumado a lo anterior, existe una espera para atraque de barcos de entre 15 y 20 días, lo cual ocasiona que los barcos se retrasen en atracar ese lapso ya mencionado, por lo que el propietario del barco cobra demoras a los fletadores o charter partys, los cuales lo trasladan a los consignatarios, quienes a su vez lo trasladan a sus clientes en Guatemala.  Ese impacto económico ha aumentado en los últimos años y puede estimarse en por lo menos unos 100 millones de dólares anuales (únicamente las demoras), más el costo adicional de flete por no aprovechar la escala del barco debido a la limitante de calado, más el costo adicional que un dueño de barcos cobra por hacer un flete a un puerto tan congestionado.

Tuvimos dos presidentes (Morales y Giammattei) muy soberbios que no admitían de ninguna manera que habían cometido un error.  Esa era la actitud, por supuesto, que también tenían las autoridades portuarias designadas por los exmandatarios, quienes jamás admitían la crisis tan profunda en la que se encontraba Puerto Quetzal, a pesar de que era obvia para cualquier usuario del puerto, inclusive para quienes iban a vacacionar a las playas del pacífico guatemalteco, quienes subían videos a las redes contando la cola de barcos fondeados, esperando atraque en el puerto.

Esa actitud ha cambiado con las nuevas autoridades portuarias. Para que no se quede en palabras y buenas intenciones, debemos ver también un cambio en la administración y manejo del puerto, con la ejecución del plan maestro de expansión del puerto (que también data de la época de Lucas) para poder rescatar este puerto.  El presidente Arévalo no necesita ni dos dedos de frente para declarar la recuperación de Puerto Quetzal de urgencia nacional, priorizando así todos los trabajos de dragado, mantenimiento, expansión, e inclusive concesión de tierras para más atracaderos.  De lo contrario, estaría actuando en sentido opuesto a su discurso de abaratar los productos de primera necesidad para los guatemaltecos.

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