Emilio Matta

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Esposo y padre. Licenciado en Administración de Empresas de la Universidad Francisco Marroquín, MBA de la Universidad Adolfo Ibáñez de Chile, Certificado en Métodos de Pronósticos por Florida International University. 24 años de trayectoria profesional en las áreas de Operaciones, Logística y Finanzas en empresas industriales, comerciales y de servicios, empresario y columnista en La Hora.

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En unas más que desafortunadas declaraciones, el diputado Allan Rodríguez, electo por el partido VAMOS, se refirió como “sicarios” y “delincuentes” a los vecinos de la colonia La Bethania, ubicada en la zona 7 de la ciudad capital, acusándolos de “obstaculizar” al pueblo de Guatemala, aludiendo a los bloqueos que hubo el mes de octubre del año pasado.  La indignada respuesta de los vecinos de la citada colonia no se hizo esperar, rechazando sus señalamientos y declarándolo NON-GRATO, con toda la razón.

La conducta del diputado Allan Rodríguez es indigna de un funcionario público, que, por cierto, recibe un cuantioso sueldo más quien sabe cuántas prebendas, todo producto de los impuestos que los vecinos a quienes insultó, pagan.  El diputado de marras también nos demuestra, con sus despectivos comentarios, el desprecio que siente por personas trabajadoras de las clases medias urbanas del país.

Por cierto, el diputado Rodríguez fue sancionado por la OFAC (Oficina de Control de Activos, por sus siglas en inglés, del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos), integrando la SDN (lista de Nacionales Especialmente Designados, por sus siglas en inglés).  Esta lista incluye a convictos y/o sospechosos de narcotráfico, a terroristas y también a actores políticos o del ámbito privado que, por sus presuntos actos de corrupción, socavan o vulneran los derechos humanos de los habitantes de un país.  En un listado con ese selecto grupo se encuentra el diputado Rodríguez.  Por cierto, la Orden Ejecutiva 13818 fue emitida por el expresidente Donald Trump durante su mandato y bajo dicha orden fue sancionado el diputado Rodríguez.

Resulta entonces un disparate que el expresidente del Legislativo arremeta en contra de los habitantes de La Bethania, llamándolos sicarios y delincuentes, con el único fin de pasar una ley que declare terroristas a los mareros.  El propósito de esta columna no es argumentar a favor o en contra de dicha ley, no soy jurista, tampoco soy experto en derechos humanos y gracias a Dios no he sido objeto de ataques de mareros o extorsionistas, por lo que no puedo opinar con propiedad sobre el contenido de la misma.  Sin embargo, sí considero pertinente, como ciudadano, hacer ver que un funcionario que engrosa un listado de personas sancionadas por otro país no debería estar haciendo comentarios peyorativos, ni de ningún tipo, sobre personas de clase media, vecinos de nuestra ciudad, que lo único que hacen es trabajar y pagar sus impuestos, al igual que usted y yo, estimado lector.

Haber presidido por dos años una legislatura tan cuestionada como la anterior difícilmente es la mejor carta de presentación.  Encima de todo, el diputado se dedica a insultar y descalificar a un grupo de vecinos.  El expresidente de la XI Legislatura del Congreso de Guatemala, Allan Rodríguez se vio como lo que es, un burócrata más aprovechándose de su posición para denigrar y descalificar a personas honestas.

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