El Ministerio Público, bajo la dirección de Consuelo Porras, se ha convertido en el principal protector de los corruptos en Guatemala. Tanto así que hemos visto a personajes acusados de corrupción aceptar cargos en audiencias a puerta cerrada y bajo total opacidad, excusándose en la cada vez más socorrida figura, por no decir excusa, de la “reserva”.
El caso en el que aceptó los cargos imputados el exministro de Comunicaciones, José Luis Benito, por su vinculación con las maletas con 122 millones de quetzales encontradas en un allanamiento en una residencia alquilada en Antigua Guatemala, es el último ejemplo de la forma en que opera estos casos el Ministerio Público. En una audiencia secreta, a puerta cerrada a piedra y lodo, se acordaron penas y sobre todo multas pírricas y risibles para castigar desfalcos millonarios al Erario por parte del exfuncionario. El presunto destino de estos fondos era para que Benito se asegurara el puesto de ministro de Comunicaciones en el gobierno de Giammattei.
Resulta obvio que el Ministerio Público dirigido por Porras continúa operando para evitar los casos en que pueda salir implicada la pareja presidencial del anterior gobierno. Ambos, Giammattei y Martínez, no son investigados por el Ministerio Público, a pesar de que el exjefe del extinto Centro de Gobierno carece de inmunidad (no así de impunidad). Al expresidente no se le ha solicitado retirarle el derecho de antejuicio, aunque existan denuncias en su contra que lo ameritarían. Eso sí, a jueces como Wendy Coloma, que han fallado conforme a derecho, pero sus resoluciones han sido contrarias a los caprichos y deseos de la señora que dirige Gerona, sí le solicitan antejuicio para aleccionarlos que se hace lo que el MP exige o se pagan las consecuencias.
Antes de estos casos, han salido de prisión Manuel Baldizón, Alejandro Sinibaldi y Gustavo Alejos, todos implicados en casos de corrupción, de lavado de dinero o de tráfico de influencias. O todos los anteriores. Otros más esperan.
La cosa es que aquí en Guatemala pareciera que, durante los últimos gobiernos, el de Pérez Molina, el del payaso Morales y el de Giammattei y su pareja, qué decir de los anteriores, no existió la corrupción. Pareciera que fue una alucinación en masa que tuvimos todos los guatemaltecos. Caso tras caso, corrupto tras corrupto, todos van saliendo, ante las narices de un Ministerio Público que se ha dedicado más a perseguir a sus enemigos que a atrapar corruptos. Las letanías que lee la titular de Gerona en sus comunicados institucionales ya son palabras huecas, pura retórica, sin ningún significado, al no tener coherencia alguna con la realidad.
Pero, lejos de sentir indefensión, los guatemaltecos debemos alzar la voz y ejercer nuestros derechos cívicos para exigir que se den los cambios en las instituciones que han sido tomadas por personas que están únicamente al servicio de la corrupción y de la impunidad, no de los guatemaltecos.
