Hace un par de años escribí una columna en la que enumeraba las similitudes de la toma de las instituciones en Nicaragua por parte de la dictadura Ortega-Murillo con lo que ha ocurrido en Guatemala a partir del año 2017. Ahora, con las recientes decisiones del dictador nicaragüense de retirar la personería jurídica a la orden de Frailes Menores Franciscanos y confiscar sus bienes, así como lo hizo con la Compañía de Jesús y la Universidad Jesuita de Managua (acusada de terrorismo, por cierto) y con el INCAE, por mencionar algunas de las más relevantes, no puede uno dejar de pensar en que Giammattei y su círculo cercano siguen casi al pie de la letra el guion de la toma de control de las instituciones, tal como fue realizado en el vecino país.
Desde el inicio de su gobierno, Giammattei se hizo del control del Congreso y de una fuerte base de municipalidades utilizando el Listado Geográfico de Obras como herramienta para comprar voluntades de diputados y alcaldes y así asegurar los apoyos requeridos en el Legislativo, así como los votos necesarios en las elecciones 2023. El control de las cortes (o por lo menos tenerlas alineadas) viene de la negligencia del Congreso para elegir magistrados de la Corte Suprema de Justicia y Salas de Apelaciones, siempre con el concurso en su momento de los Alejos, Baldizón y Sinibaldi para conformarlas. La designación de los actuales magistrados de la Corte de Constitucionalidad fue precisamente para tenerlos plegados, en caso fueran necesarias resoluciones ad hoc, como las emitidas durante los bloqueos de las semanas anteriores.
La reelección de la fiscal general tuvo momentos álgidos debido a que no era la favorita del mandatario, y ella (la fiscal) tuvo que recurrir a que la CSJ presionara a la CC para que ésta (la CC) emitiera una resolución que obligara a la Comisión de Postulación para que incluyeran a Porras en el listado final entregado al presidente, quien no tuvo más remedio que reelegirla. Hasta la USAC fue tomada bajo asalto con una elección de rector presuntamente fraudulenta. Y hablando de fraudes, se suponía que el Tribunal Supremo Electoral sería la última sobre la que tendría control el gobernante y su círculo íntimo. Esta última institución demostró estar a la altura de las circunstancias y han sido de los pocos funcionarios públicos que no se han plegado a las exigencias del gobernante y mantienen su autonomía, aún.
Todo estaba preparado para que el todavía diputado Conde, o Zury Ríos en su defecto, pasara a la segunda vuelta y se enfrentara a la eterna perdedora, Sandra Torres para asumir la presidencia el 14 a las 14. Al no darse las circunstancias como se deseaba, este grupo que controla todas las instituciones, menos el TSE, anuncia por todos los medios posibles que hubo un supuesto fraude para favorecer a Semilla. Todas las investigaciones del MP van encaminadas hacia ese fin: invalidar y repetir las elecciones, alegando fraude, para que llegue uno de los candidatos ungidos.
El Ministerio Público, al pedir el retiro de la personería jurídica del Movimiento Semilla, va a sentar un nefasto precedente en el que, bajo sospecha, se pueda retirar a cualquier empresa o institución su personería jurídica. Para que pueda dimensionarlo, estimado lector, si el día de mañana al presidente se le ocurre que su empresa no cumple con un determinado requerimiento, tiene el poder para despojarla de su personería jurídica (es decir, quitarle su propiedad privada) y que el Estado se apropie de sus bienes. Piense en ese precedente que los fiscales Porras y Curruchiche quieren sentar.
Nos encaminamos a una dictadura, a menos que todos los sectores que, como sociedad, valoramos y queremos vivir en democracia, nos articulemos, ya no en la búsqueda de acuerdos mínimos, que considero ya están, sino que de qué forma podemos participar y ayudar para evitar que el gobierno actual manosee los resultados de las elecciones y con ello, se lleve por delante nuestra democracia.
