Bloquear las carreteras e impedir por la fuerza el paso de las personas no es la forma correcta de protestar. Exigir un derecho vedándole a otra persona su derecho a ir a trabajar, a estudiar o a realizar cualquier actividad tampoco es lo correcto.
Es comprensible que la frustración que muchas personas tienen por todos los abusos que está cometiendo el Ministerio Público, se quiera canalizar en acciones como bloquear el paso de vehículos afectando así, según lo que creen quienes los organizan, a los grandes empresarios y al gobierno. En realidad, quienes resultan más afectadas por estas acciones son las personas comunes y corrientes que tienen que transitar por las calles y carreteras bloqueadas.
El deleznable curso de acción que ha tomado el Ministerio Público como rostro visible de quienes están empecinados en revertir los resultados de las pasadas elecciones porque resultarán en la pérdida de sus privilegios, sus negocios y de su impunidad, lejos de dividir a los grupos genuinamente interesados en que tengamos un país libre y justo, donde exista igualdad de oportunidades para todos los guatemaltecos, nos ha unido. Los guatemaltecos estamos hartos de la corrupción y del saqueo de los recursos para que unos pocos, muy pocos, puedan llevar una vida llena de lujos que no podrían ganársela trabajando en el sector privado.
Cómplices en toda esta trama hay muchos, siendo los más visibles una Corte de Constitucionalidad indolente, que, en vez de resolver los recursos presentados por distintas organizaciones y ciudadanos, con dolo los traslada a la siguiente instancia. La Corte Suprema de Justicia, cuyos magistrados llevan casi cuatro años más de lo que su periodo constitucional les permite, también ha sido un actor clave para allanarle el camino al MP para que puedan actuar a su antojo. El presidente, que ahora abre la boca únicamente para elogiarse a sí mismo creyéndose el mejor gobernante que ha podido tener Guatemala, ha sido, junto con su conviviente, uno de los presuntos cerebros detrás de las acciones del ente investigador (de acuerdo con un audio filtrado, el cual también dio muestra de la impaciencia y volatilidad de Centro del Gobierno de Vamos). Entre las personas que enumeré anteriormente puede usted, estimado lector, encontrar a los responsables de los bloqueos de carreteras de esta semana.
Cabe cuestionar por qué la celeridad de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (no la Fiscalía de Delitos Electorales) para investigar la acusación de firmas falsas y el uso de identidades de difuntos para la constitución del Movimiento Semilla, incluidos el allanamiento a la sede de dicho partido con lujo de fuerza policial y el intento de cancelarlo, pero no investigan casos de financiamiento ilícito de la UNE o uso de recursos públicos para la campaña por el partido oficial VAMOS. Para los que perdieron comprensión de lectura en la primaria, ojo que cuestiono la celeridad con la que el MP investiga y actúa en este caso particular, no la investigación, como tal, que sí debe ser investigada por el órgano competente.
También cabe cuestionar por qué la celeridad de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad para investigar la compra del sistema TREP por el Tribunal Supremo Electoral. Si hubo anomalías en dicha adquisición, la misma se debe investigar. Sin embargo, cuestiono por qué motivo el Ministerio Público ni siquiera investiga, no digamos con la debida celeridad, las compras sobrevaloradas de medicamentos por el IGSS. La salud de los guatemaltecos no pareciera ser prioritaria para el Ministerio Público.
