El Ministerio Público, a través de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad, ha pisado el acelerador a fondo para investigar las supuestas anomalías en la formación del partido político Movimiento Semilla. Estoy totalmente de acuerdo en que las mismas deben investigarse, esclarecerse y deducir responsabilidades. No es el hecho en sí, sino la prisa por hacerlo y los métodos utilizados por el MP, muchos de ellos reñidos con la ley (vulnerar las cajas donde se encuentran los votos, por ejemplo).
Causa extrañeza, si no suspicacia, que el Ministerio Público no investigue con la misma celeridad a la UNE por financiamiento ilícito o al exmandatario Jimmy Morales quien, siendo presidente de Guatemala, participó en un almuerzo con el excandidato presidencial de la UCN, Mario Estrada, condenado por conspiración para importar cocaína a los Estados Unidos, y con agentes encubiertos de la DEA haciéndose pasar por miembros del Cártel de Sinaloa.
Y queda uno más perplejo aún, escuchando que las razones que da el MP para llevar a cabo todas las acciones que han realizado, estén o no dentro de la ley, es que ellos (el MP) son los “garantes de la protección de las víctimas del delito” y de sus “derechos humanos”, los cuales fueron violentados por los miembros del Movimiento Semilla que presuntamente falsificaron sus firmas. Sí, es cierto, los derechos de esos ciudadanos fueron violentados.
Sin embargo, el supuesto “garante” de protección a víctimas del delito, se ha abstenido de investigar (o lo hace a ritmo de tortuga sin patas) casos de corrupción como la pestilente compra de vacunas rusas, con serios incumplimientos al “confidencial” contrato de suministro y retrasos en la entrega de las vacunas; o la sobrevaloración en la compra de distintos medicamentos por parte del IGSS o del MSPAS con distintos laboratorios; o la responsabilidad de los funcionarios del Mineco y la Unidad Ejecutora de Conservación Vial (Covial) por su indolencia y desinterés en la reparación de los hundimientos del kilómetro 17.5 de la Carretera al Pacífico, en Villa Nueva. Estos tres ejemplos de corrupción e indolencia de las autoridades han sido causantes de más de una muerte, privando a los ciudadanos afectados del más sagrado de los derechos humanos: el derecho a la vida. En el caso de las vacunas rusas y de la sobrevaloración de compras de medicinas, se niega el derecho humano a la salud en un gobierno presidido por un “médico”.
La actitud del MP ante casos de corrupción que venían siendo investigados por la fiscal anterior ha sido laxa e indiferente, de tal suerte que varios exministros acusados de corrupción han recuperado la libertad. El MP tiene enfocadas sus baterías en otros casos, siguiendo directrices dictadas desde quién sabe dónde. Dicen que el presidente está tratando de quedar bien, principalmente con los Estados Unidos, para no recibir sanciones, y con esto no me refiero a la lista Engel, que lo único que hace es quitarles la visa americana a las personas sancionadas. La sanción que realmente están tratando de evitar es la lista de Nacionales Especialmente Designados o SDN (por sus siglas en inglés) de la OFAC, lista que enumera a las personas y empresas con las que los ciudadanos y empresas estadounidenses tienen prohibido hacer negocios. Y créame, estimado lector, que las empresas y bancos de los Estados Unidos verifican que uno no se encuentre en este listado antes de hacer negocios con usted.
Resulta paradójico que so pretexto de los derechos humanos de las víctimas del delito se investigue con tanto ahínco al ganador de las pasadas elecciones, pero se deje de investigar casos de corrupción que han costado la vida, literalmente, a guatemaltecos.
