Emilio Matta Saravia
emiliomattasaravia@gmail.com
La infraestructura portuaria es un factor clave para la competitividad de una nación. En Guatemala, lamentablemente, nuestros puertos distan mucho de ser competitivos y el gobierno no mueve un dedo por cambiar esta situación.
En el Atlántico, tanto en Puerto Barrios como en Puerto Santo Tomás, la infraestructura que se tiene es deficiente y son muy limitadas las empresas que pueden prestar servicios portuarios, como grúas, básculas, etcétera. La limitación de recepción de barcos por el calado poco profundo (entre 9 y 10 metros para la mayoría de atracaderos) también juega en contra de la competitividad de ambos puertos. Sumado a lo anterior, la escasa infraestructura alrededor del puerto, como bodegas de almacenaje, básculas, carreteras amplias que permitan un flujo vehicular más fluido, vuelven a dichos puertos extremadamente ineficientes para el movimiento de carga.
En el caso del Pacífico, aunque Puerto Quetzal cuenta con una mejor infraestructura portuaria y un mejor ecosistema de servicios adicionales alrededor del puerto, la falta de muelles para atracar barcos, así como una limitación de calado (en este caso 11 metros), aunado a que dicho puerto mueve muchísima más carga que sus pares del Atlántico, ocasiona que los barcos tengan que esperar fondeados (parqueados, utilizando un vocablo más coloquial) hasta 15, o inclusive más días esperando atracar. Esta espera ocasiona que los consignatarios de la carga (las empresas que van a importar o exportar producto, según sea el caso), tengan costos adicionales en concepto de demoras, simplemente porque el barco donde su carga venía, tuvo que esperar aproximadamente 2 semanas para atracar. Aunado a los costos incrementales que causan las demoras, los importadores deben aumentar sus inventarios para evitar el riesgo de quedarse sin existencias para su producción o venta (dependiendo del destino del bien importado) y los exportadores pueden hasta perder contratos con clientes por no poder entregar su producto en el tiempo pactado.
En su fatuo discurso del 14 de enero de 2023, el presidente Giammattei dijo textualmente que “En la campaña me comprometí a convertir Guatemala en un país exportador y los índices reflejan en estos tres años que hemos logrado llegar al 42% de crecimiento en las exportaciones”. En el 2020 las exportaciones se redujeron debido a la pandemia, y en 2021 y 2022, el incremento en las exportaciones FOB provino, en su mayoría, de incrementos en los precios internacionales de los principales productos de exportación del país o de las materias primas utilizadas para elaborarlos, léase aceite de palma, azúcar y sus derivados, café, banano, manufacturas de alimentos balanceados para animales y productos plásticos, entre otros. Los exportadores de algunos de estos productos, como el azúcar, también se han visto afectados por este sobrecosto llamado DEMORAS. La administración del presidente Giammattei no ha movido un dedo por mejorar esta situación, lo que desvirtúa el argumento utilizado por el mandatario en su fantasioso y petulante discurso.
Sólo en Puerto Quetzal, en 2020 las importaciones y exportaciones de graneles sólidos pagaron alrededor de 15 millones de dólares en concepto de demoras. Esta cantidad se incrementó aproximadamente a 40 millones de dólares en 2021 y se espera que la misma crezca por lo menos en un 50% en 2022. Uno de los principales afectados es el gremio azucarero, que exporta su producción por dicho puerto y tiene que pagar demoras, creando ineficiencias en la industria local, debido a esta anómala situación portuaria. De igual forma los granos básicos como trigo, maíz y arroz, que son varios de los componentes principales en la dieta del guatemalteco, se ven afectados por estos costos, ya que obviamente el importador traslada dichos costos al consumidor, directa o indirectamente. Solo este costo de las demoras impacta actualmente entre 3 y 4 quetzales por quintal de producto (trigo, maíz o arroz), un 2.5%. En dos años, este impacto se duplicará, llegando a incrementar el costo del producto en 5%.
Todo esto, ante la pasividad y permisividad de un gobierno que se jacta, del diente al labio, de “convertir” a Guatemala en un país exportador y de estar al “servicio” de los guatemaltecos.
