Emilio Matta Saravia
emiliomattasaravia@gmail.com
El financiamiento electoral era el peor de los males de nuestro sistema electoral y de partidos políticos, lo cual ya es decir mucho. La abundancia de partidos políticos y comités cívicos utilizados como vehículos electorales, el voto de diputados por lista cerrada en vez de nominal y la reelección sin límite de diputados y alcaldes (aunado a que ahora ellos mismos son los “empresarios” que proveen al Estado prácticamente todo), son también enormes vicios del sistema. Para estas elecciones del 2023, aparentemente, el problema del financiamiento electoral habrá finalizado, para convertirse en uno peor.
Con todas, absolutamente todas, las instituciones bajo el control del gobernante y del “jefe de jefes”, se han recetado un presupuesto para el año 2023 de por lo menos 112 mil 294 millones de quetzales (desfinanciado, por supuesto, y sin contar las ampliaciones, que seguramente tendrá), y que seguramente será ordeñado al máximo por el oficialismo para financiar su campaña presidencial, además de la de los diputados y los 200 alcaldes “afines” que necesitan para pasar a la segunda vuelta. Esto es 77 veces más que el techo permitido por el TSE para el proceso electoral del 2019, en el que resultó ganador el actual presidente Alejandro Giammattei.
Pero esto no es todo. Para colmo de males, el presupuesto puede ser ampliado, tal como lo hicieron en 2022. Pareciera ser que la mitomanía y la grandilocuencia, padecimiento del mandatario, son también moda en el actual gobierno. El titular de la cartera de finanzas indicó que el presupuesto de 2023 era menor al de 2022, algo que “nunca en la historia” se había dado, utilizando la socorrida frase del gobernante. Pareciera que el funcionario de finanzas públicas no se percató de que el presupuesto aprobado para el 2022 fue de 106 mil 229 millones de quetzales, es decir, un 5.4% menor al de 2023, y fueron las ampliaciones presupuestarias, entre las que va una gamonal asignación para el MICIVI y las municipalidades, las que elevaron su cuantía. Asimismo, los montos que las municipalidades y los consejos de desarrollo departamental no ejecuten del presupuesto 2022, podrán trasladarse al 2023.
Todo lo anterior se traduce en más recursos para la campaña electoral de los candidatos del partido oficial y de quienes tengan la venia del jefe de jefes de ser allegados y aliados del régimen. Ya este año ha sido publicitado como el “año de los logros” por parte del oficialismo y sus aliados. La “dupla” oficial, de forma separada, recorre el país haciendo una flagrante campaña electoral anticipada en todas y cada una de sus apariciones en público, ante la permisividad de un vergonzoso TSE totalmente controlado por el oficialismo.
El control de todas las instituciones del país ha permitido que el financiamiento electoral (lícito o ilícito), ya no sea el factor fundamental para los candidatos a puestos de elección popular. El control total, valga la redundancia, sin candados, sin límites y sin contrapesos del presupuesto más alto en la historia del país permitirá que el candidato oficial haga propaganda, prácticamente sin competidores, durante un año completo, utilizando los recursos del Estado para lograr un solo fin: la continuidad del régimen.
