Emilio Matta

emiliomattasaravia@gmail.com

Esposo y padre. Licenciado en Administración de Empresas de la Universidad Francisco Marroquín, MBA de la Universidad Adolfo Ibáñez de Chile, Certificado en Métodos de Pronósticos por Florida International University. 24 años de trayectoria profesional en las áreas de Operaciones, Logística y Finanzas en empresas industriales, comerciales y de servicios, empresario y columnista en La Hora.

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Emilio Matta Saravia
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Punto de no retorno se define como el punto crítico a partir del cual no es posible retornar. En Guatemala, desde la perspectiva de nación democrática y republicana, estamos muy cerca de llegar a ese punto después del cual no habrá vuelta atrás.

A poco menos de un año habrá elecciones generales. Si el candidato presidencial del partido oficialista logra llegar tan sólo a la segunda vuelta en la elección para presidente, ya no habrá retorno. Teniendo el control que tienen sobre las “instituciones” clave (Tribunal Supremo Electoral, Corte de Constitucionalidad y Ministerio Público), únicamente con pasar a segunda vuelta el partido de gobierno prácticamente se asegurará la presidencia. En caso contrario, la alternativa lo hará. En ambos casos, asegurando el control del Ejecutivo, ya tienen clarísimo cómo es que se compran voluntades en el Legislativo, en el Judicial y, sobre todo, a nivel municipal. Guatemala pasará entonces a engrosar la larga lista de dictaduras latinoamericanas.

Ese embuste de este es el primer gobierno “municipalista” de la historia únicamente se lo pueden creer quienes, siguiendo la lógica de Joseph Goebbels, lo repiten como loros. A lo largo de su gestión, este gobierno ha demostrado que el Listado Geográfico de Obras es un poderoso incentivo para alinear a alcaldes y diputados distritales. La amenaza del antejuicio y la posterior persecución penal, enjuiciamiento y condena también lo son para los disidentes. Tienen casi todos los cabos atados, excepción hecha de la prensa independiente, de la mayoría de pequeños y medianos empresarios (varios de los grandes también) y de burócratas honestos que están hartos de ver tanta corrupción enfrente de sus narices. Y de la plaza. Sin embargo, con la iniciativa 6076, que legitima el uso de la fuerza policial y del ejército en las manifestaciones, y el decreto 39-2022, que criminaliza a las fuentes de información de la prensa permitiendo al MP y a sus adláteres perseguirlas penalmente. Pretenden amarrar los últimos cabos sueltos que les quedan pendientes.

Más de algún despistado (o malintencionado) columnista piensa que vivimos bajo una república con separación de poderes y bajo un Estado de Derecho. Quizá padecen de ablepsia, o tal vez son ignorantes. El punto es que en Guatemala no existe una democracia republicana, al no haber contrapesos reales, ya que, al tener todas las instituciones controladas por el grupo que gobierna, se cumplen los deseos del mandatario. Tampoco se respetan los derechos individuales y, dentro de poco, tampoco se respetarán las garantías constitucionales. De hecho, pasamos de un estado de excepción a otro como que nada ha ocurrido.

Así se vive en las dictaduras, y esta será la consecuencia que tendremos que afrontar por dejar pasar desapercibidos todos los actos de corrupción de este gobierno y de todos los anteriores. Con nuestra indiferencia les dimos alas para volar tan alto como quisieron.

 

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