En momentos como el actual, es notoria la ansiedad existente en muchos por un cambio contundente en la manera de actuar de un Organismo Ejecutivo que “fue puesto allí” por voluntad popular para que la cosa pública marche de manera diferente a como nos habían acostumbrado a verlo. Ante esa ansiedad, resulta necesario mencionar dos aspectos fundamentales que, por ser aparentemente “cosas evidentes”, se nos pasa meditar sobre ellos con el ánimo de llegar a tener consciencia de su verdadera importancia y dimensión.
La una se refiere a la necesidad de que el Organismo Ejecutivo, para gobernar de acuerdo a su legítimo mandato (entendido éste como el consentimiento y voluntad de una mayoría políticamente activa -expresado vía el voto- para cumplir con el plan de gobierno anunciado), debe contar con el acompañamiento de un Organismo Legislativo que, aunque independiente como tal, comparta en buena medida las orientaciones y el espíritu básico del plan de gobierno del Ejecutivo.
El caso de nuestro país en lo que corresponde a la actual Legislatura es del todo conocido: una bancada oficial demasiado pequeña y un resto de diputados de viejo cuño (esto es: nominados para integrar los listados de candidatos bajo los criterios acostumbrados; lo cual hace difícil esperar una legislatura apartada de los vicios, de las “malas costumbres” y del nivel general de la diputocracia instalada). No vale la pena incursionar, con este breve artículo, en todas las sinrazones que hacen posible la permanencia de esa gran trampa (soportada, entre otras, vía le existencia -forzada- de una Ley Electoral y de Partidos Políticos, LEPP, diseñada para mantener este estado de cosas) y el espantoso fenómeno de cómo no surge un movimiento civilizado y fuerte, por parte de la sociedad civil, para luchar de manera permanente por un cambio.
El otro aspecto que se nos olvida considerar y entender como un auténtico “pantano” en el cual se le ha destinado habitar a todo gobierno que llegue pretender ejercer la administración de lo público en nuestro país, consiste en la maraña normativa interna vigente para hacer posible (o “imposible” ¡¡) el ejercicio del poder en el ámbito de lo que le corresponde con exclusividad al Organismo Ejecutivo y que solamente se debe sujetar a no contravenir las leyes dentro de las cuales se ubican sus potestades.
Se trata del “pantano normativo” constituido por el sinnúmero de acuerdos gubernativos, acuerdos ministeriales y otras disposiciones normativas… que existen gracias a la buena intención, a la mala intención, a la ignorancia, a la estupidez o a la sabiduría… (¡qué sé yo!) … de administraciones anteriores y que amarran el accionar de ejercicio ejecutivo en el presente.
Son normas que “amarran y comprometen” porque, para muchos, son compromisos asumidos que, aunque signifiquen contradicciones con los objetivos y los principios del gobierno de turno, se deben cumplir; algo que, en principio, tiene sentido porque nunca puede ser, así como así y de forma caprichosa que se adopten nuevas prácticas y disposiciones. Po esa razón, lo que se debe realizar es una auténtica HIGIENE NORMATIVA al interno del Organismo Ejecutivo y sus dependencias. Un ejercicio serio y complejo en el cual no solamente deben saber intervenir abogados (para velar por la conformidad de las normas de orden ejecutivo con la legislación ordinaria y la Constitución) sino que técnicos conocedores de la ciencia de la administración pública y profesionales de las distintas ramas del saber (agricultura, salud, seguridad, economía, etc.).
Se trata de un desafío muy grande, sobre todo cuando se piensa en qué medida es legítimo y justo desde la perspectiva política (y, eventualmente, ideológica) que un funcionario público tenga que actuar para cumplir con desatinos urdidos por administraciones públicas anteriores, amparadas esas en propósitos no compartidos en la actualidad. Esta última consideración es suficiente, a mi criterio, para fundamentar el inicio serio de un programa para el SANEAMIENTO NORMATIVO INTERNO DEL ORGANISMO EJECUTIVO. Un saneamiento normativo que permita, por lo menos desde el espacio dado al Ejecutivo, una adecuación de sus acciones al espíritu de su gobierno.
La anterior reflexión tiene sentido importante en actual momento porque la historia ha permitido que se acumule demasiada materia indeseable en el escenario de la normativa que atañe al funcionamiento del Organismo Ejecutivo y que debe ser de su propio cuño. En un escenario de sucesivos gobiernos sanos y bien intencionados, un ejercicio como el apuntado seguramente sería innecesario puesto que el “saneamiento”, supuestamente, se iría dando de una manera natural y sin mayores atropellos. Situación que no es la que se vive en la actualidad.
