¿Sabemos qué es “cooptar”, cómo se coopta, quién coopta… y para qué nos puede servir saberlo…?
En un reciente artículo llamado “Sin identificar el problema, es imposible resolverlo” (https://gazeta.gt/76681//), Ricardo Gómez Gálvez acertadamente afirma que “es imperativo desenmascarar la narrativa criminal que pretende secuestrar el sistema”, refiriéndose al perverso funcionamiento del sistema político-jurídico que prevalece actualmente en Guatemala, contrario a lo pretendido y establecido en el ordenamiento contenido en la Constitución Política de la República (CPR, 1985).
Se suele decir que, al haber identificado y comprendido adecuadamente un problema, se ha andado la mitad del camino necesario para resolverlo. Y esto es cierto; lo demuestra la práctica en todos los ámbitos del quehacer humano.
Determinar con precisión cuál es el problema y entenderlo en su simpleza o en su complejidad, permite atisbar sobre su naturaleza, sus causas y sus posibles efectos, cuanto menos. Y será sobre esos conocimientos básicos que se podrán ingeniar soluciones y establecer, eventualmente, la necesidad de indagar más, de profundizar más para alcanzar mejores soluciones; y llegar a alguna.
Cuando son problemas que atañen a pocos, lo apuntado con anterioridad parece bastante evidente. Se torna distinto cuando se trata de asuntos de Estado en los cuales la opinión del público juega un papel importante debido a que el peso de la opinión ciudadana cuenta. Es un factor más. Y es aquí, entonces, cuando surge la importancia adicional de saber describir y denominar los problemas de una manera clara y lo más neutral posible. Denominar de una forma en que la ciudadanía sepa entender de qué se trata la cosa y, a partir de ello, se pueda dar un debate público que sirva positivamente para ilustrar y formar criterio. Un criterio que debe ayudar en la toma de las decisiones necesarias para resolver el problema. Decisiones de carácter político que sepan afectar las instancias y las estructuras que deben afectar.
Si la denominación de la problemática o partes de ella es impropia, eso deriva en confusiones que, al fin y al cabo, malogran la comprensión de los asuntos y, con ello, se desorienta o se impide el encuentro de soluciones adecuadas.
En Guatemala se repite con demasiada frecuencia el fenómeno de que a muchos asuntos no se les llama por su nombre, con lo que los problemas adquieren una dimensión etérea, inaprehensible, que no permite comprenderlos en su justa dimensión y atajarlos a tiempo. Cuando se dan esos casos, extraña cómo es que no surgen entes que aclaren, entes que adviertan, entes que orienten en lo básico: ENTES QUE RECLAMEN QUE A LAS COSAS SE LES LLAME POR SU NOMBRE. Es lo mínimo que debería hacerse; acción que podría curar en salud muchos entuertos que nacen pequeñitos, sin apenas notarse… y pueden crecer hasta tornarse imbatibles. Es como si existiera una sombra que inhibe a todos de reconocer que ignoran algo; que da vergüenza reconocer que no lo saben. Me referiré a unos pocos casos.
El caso de LOS DEPURABLES
Se dio por llamar “depurables” a los diputados que conformaban la legislatura en los tiempos del presidente Serrano Elías. Un error de lógica que nadie advirtió en su momento pero que sirvió para desviar la atención de las verdaderas responsabilidades. “Depurable” podría denominarse al Congreso, no así a las piezas indeseables que lo integraban. Al enfocar la atención sobre los ocupantes de las curules -a quienes no pretendo defender de manera individual-, se olvidó analizar exhaustivamente y juzgar de forma crítica -y ante el público- con el ánimo de buscar y encontrar a los responsables de haber llevado al Organismo Legislativo -vía la corrupción de sus integrantes- al estado al que se le llevó y facilitar así, por lo menos, la articulación de una sanción social y política bien merecida. Un ejercicio que hubiera permitido iniciar, desde entonces, una fiscalización social más enfocada de un fenómeno que ha venido creciendo y perfeccionándose.
El caso de la RECONOCIDA HONORABILIDAD
Como no se ha consultado el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española (DRAE), en Guatemala la “honorabilidad” se ha entendido como algo distinto a lo que en rigor significa en nuestra lengua y en cualquier otra (Ehrenhaftigkeit, en alemán; honneur, en francés; onorabilitá, en italiano; honorability, en inglés;…) y se llegó al extremo de legislar a ciegas para que las instancias encargadas de seleccionar candidatos a puestos que la demandan como requisito a satisfacer, acepten como únicas credenciales que acreditan la honorabilidad si los candidatos están en ejercicio de sus derechos civiles y políticos, si no ha sido inhabilitado para ejercer cargos públicos y si presenta constancias de antecedentes policíacos y penales (¿?) (Ley de Comisiones de Postulación, Decreto Número 19-2009). Y todos felices y contentos de ser el país que llegó a entender así la “honorabilidad” y de darse cuenta que, por esa razón, ya no es posible discutir al respecto y dudar de la honorabilidad de nadie…
El caso de LA COOPTACIÓN
Se habla en Guatemala de un sistema de cortes de justicia “cooptadas” y todo el mundo parece tener el derecho a manejar un concepto propio y personal de lo que eso significa, sin interesar si es el universalmente aceptado y si es compartido entre todos. Nadie parece haber consultado el DRAE y reconocido que, si es cierto lo que dice ese diccionario (cooptar. tr. Llenar las vacantes que se producen en el seno de una corporación mediante el voto de los integrantes de la misma), en Guatemala no se ha dado ese fenómeno (¡!).
Pero algo sí debería estar bien claro: en sentido lato, ninguna corporación puede ser cooptada por una fuerza externa.
Si las fuerzas disruptivas están efectivamente afuera de las Cortes, lo que probablemente aplicaría sería el término “secuestrar”, lo cual permitiría descargar a los magistrados de esa inexistente atribución y encontrar que los responsables prácticos del secuestro han sido, en última instancia, los diputados al Congreso después de los procesos de postulación de candidatos iniciados con la conformación de comisiones ad hoc producidas al son de traguitos, churrascos y música en vivo. Esta constatación es la que debería servir de fundamento para la identificación pública de los responsables intelectuales y financieros que han venido descomponiendo la cosa. Las verdaderas fuerzas que, tras bambalinas, han venido interviniendo en los procesos mencionados; así como sus alegres marionetas.
