Lego en Derecho, pero ciudadano preocupado en el derivar político y social de nuestro país, leí con sumo interés el texto escrito por el abogado Mario Fuentes Destarac (28 de agosto 2023) en el cual se refiere a la actual crisis político-electoral.
Me llamaron la atención de manera especial unas cortas, pero muy esclarecedoras líneas en las cuales identifica de manera diestra y sintética el tipo de problema político en el cual nos encontramos en la actualidad. Algo que es fundamental, previo iniciar cualquier intento de búsqueda de solución.
A su entender, estamos ante un “conflicto de jurisdicción en materia de constitucionalidad” entre, por un lado, (a) la “jurisdicción constitucional en el ámbito de la justicia ordinaria” y, por el otro, (b) la “jurisdicción constitucional en el ámbito de la justicia político electoral”. Y agrega cómo, conforme a la Constitución Política de la República (inciso f) del Art. 272.- Funciones de la Corte de Constitucionalidad”, le corresponde a la Corte de Constitucionalidad, CC, “Conocer y resolver lo relativo a cualquier conflicto de jurisdicción en materia de constitucionalidad”. Fuentes Destarac, opina que esto lo puede hacer la CC, “aunque no existe un procedimiento específico”.
En el escenario nacional actual, lo que se puede observar es un ejército de personas (abogados, los unos, espontáneos, los otros), buscando leyes y artículos en ellas para construir “razones jurídicas” con la esperanza de abonar con ello a armar algún caso con sentido. Un caso que se pueda someter al dictamen de alguna instancia jurisdiccional y que ésta falle a favor. Se trata de esfuerzos en pro y de esfuerzos en contra de un mismo asunto. Considero que eso, no es lo más importante.
A mi criterio, lo central es constatar que, por un lado, se está generando un gran cúmulo de razones jurídicas que apenas tienen el efecto de atolondrar al gran público y, por el otro, que esto tiene poco sentido en una situación nacional en la cual no habría razón para confiar en el fallo serio, imparcial y sabio de ninguna instancia jurisdiccional. Una situación realmente preocupante. La que más debería llamar nuestra atención.
Son pocos los que se percatan de que, “armar” casos o causas (por muy ingeniosas, sabias y razonables que parezcan), no es el camino. Así como se arman los casos, así también los pueden desarmar los adversarios.
Considero que, en nuestra situación actual, lo que se requiere no es de “razones jurídicas”. Lo que se necesita son “razonamientos políticos”. Razonamientos políticos, esgrimidos por entes dotados de poder político. En este caso y en un orden democrático (por lo menos nominal, como es el caso de nuestro país), dotados de poder sustentado en la evidencia y el peso que le otorga la mayoría.
Tomo dos ejemplos de razonamiento político que considero bien articulado con respecto a la actual situación político-electoral por la cual atraviesa nuestro país. Tienen en común, la característica de ser breves e ir al grano tanto al señalar sus inconformidades (y, eventualmente, las razones para juzgarlas de esa manera) como al declarar sus pretensiones en concreto. Y no se olvidan de dejar en claro cuál es el beneficio que se puede esperar en el caso de aceptarlas. Los ejemplos son:
Juan Carlos Paiz, Presidente de FUNDESA, en una entrevista (s.f.) con Emisoras Unidas, comunica de manera parca: “…Ya no es momento de perseguir al Presidente electo. Hay que respetar el voto, y el voto dice que esta persona es el próximo Presidente. Y si todos lo apoyamos, vamos a tener mejores resultados”.
El Consejo Nacional Empresarial, CNE, comunica (29 de agosto de 2023) que reclama la renuncia de la Fiscal General y su equipo cercano; que lo hace por considerar inaceptable que esas personas continúen “encabezando acciones para socavar la legitimidad de los resultados y por ende de la democracia del país”; recuerdan la naturaleza y eventual legitimidad de su entidad para efectos de, a partir de sus necesidades gremiales, expresar sus pretensiones (cuando indican que ellos representan a empresarios nacionales); hacen ver que tienen poder (cuando señalan su capacidad para invitar al resto de organizaciones empresariales a “dar el mismo paso que hoy efectuamos”); y que se trata de una acción que no es un capricho si no que va en “pos de la certeza y democracia nacional”, de supuesto beneficio general.
En el contexto de lo anterior y ante la insólita falta de reconocimiento de la auténtica fuerza/poder demostrado en las recientes elecciones de la mayor fuerza política existente en el país, a esa fuerza mayor de entre las que contendieron, no le queda más que buscar la manera de volver a hacerla patente, de manera contundente e inequívoca, para que se la reconozca. Algo que no debería ser necesario porque es inaceptable que se le ningunee el poder que tiene (al estilo de aquel comentarista que, no había transcurrido ni media hora luego de haber sido anunciado el resultado de las elecciones, ya manifestaba su contrariedad negándole el calificativo de “victoria arrasante” a una contienda electoral en la que, la opción ganadora recibió un 56% más del total de los votos que logró la parte derrotada).
En la búsqueda de la paz social que promete el adecuado uso de los sistemas y las vías democráticas, no es mucho pretender que, en nuestro país, se den un par de cosas. Es necesario que, en esa brega, el adversario vencido reconozca con hidalguía el triunfo conseguido por el otro. Y también es necesaria, por parte de todos los otros restantes líderes nacionales (de todos los ámbitos) -y de las múltiples organizaciones político-sociales que existen en el país-, la clara y auténtica manifestación de su conformidad con el veredicto del voto, el reconocimiento del liderazgo del que triunfó y su disposición a colaborar con él, desde sus respectivos ámbitos de competencia, para su más exitosa gestión. Es un liderazgo que debería estar presente, y sin ambigüedades, acompañando siempre a los que confían en la Democracia.
