Edmundo Enrique Vásquez Paz
-apuntes teóricos-
El “ciclo de vida” de los movimientos y de los partidos políticos (antes, por supuesto,
de su natural extinción), comprende tres “momentos” fundamentales, a saber: a) el momento de su fundación; b) el momento o momentos de las contiendas políticas en las cuales participan y c) el momento del ejercicio del poder público que se les concede u obtienen (según el punto de vista).
El momento de la fundación de los movimientos o partidos, es de significativa importancia: la contundencia y la autenticidad de los contenidos básicos que los definen como grupos organizados, es trascendental. Estos contenidos, constituyen los elementos alrededor de los cuales se comprometen con el emprendimiento político y, por lo mismo, son las ideas y los modos en los que están de acuerdo y que garantizarán la coherencia de todo lo que decida realizar y realice la organización. Marca su “norte” y su particular estilo o modo de proceder para alcanzarlo. Es la “marca” que lo distingue de las demás entidades. Se recomienda que, al tenerlo, se plasme en blanco y negro; y que sea concreto y de comprensión fácil y unívoca. Ese documento se podría llamar “plataforma” o algo similar.
Contar con una plataforma bien estructurada, es fundamental para el efectivo ejercicio de ganar simpatizantes, para conseguir afiliados y adeptos y -por supuesto, y para el caso de los partidos políticos- para conseguir votantes.
Una plataforma bien concebida, facilita la adhesión de “seguidores conscientes”. Los “seguidores conscientes” son los llamados “adeptos”. Unidos alrededor de objetivos y modos de proceder que comparten, ese conjunto de adeptos es el que le confiere poder a cualquier movimiento.
Adicionalmente, y esto es importante, la plataforma es el instrumento básico necesario para la construcción de cualquier alianza o coalición. Es a partir de las plataformas de los grupos interesados en aliarse que se puede proceder, de forma ordenada y sistemática, a identificar puntos en común y negociar -en el sano sentido del término- las concesiones que son aceptables para cada organización y llegar, así, a acordar un concepto o plataforma común. No debe olvidarse que la unión de capacidades de distinto origen (los diferentes partidos políticos con intención de aliarse), solamente tiene sentido y sirve para actuar al unísono (en alianza), si se concreta en función de creencias y de aspiraciones realmente compartidas.
El momento de la contienda política no se reduce al evento electoral que permite dilucidar democráticamente cuáles son los mandatos preferidos y designar a los mandatarios. Se trata de un momento al que se llega después de un largo camino. No es cuestión aquí de entrar en el detalle de las muchas acciones que hay que considerar -y ejecutar- durante la preparación para una contienda electoral. Me concentraré, solamente, en uno de los principales instrumentos que deberían servir durante ese proceso: los denominados Planes de Gobierno (derivados de las plataformas).
De manera general, los planes de gobierno deben estar confeccionados para cumplir con dos grandes propósitos. Por un lado, ser el listado de los compromisos y de las responsabilidades que los partidos en contienda declaran ante la ciudadanía con el ánimo de ganar simpatizantes y votos. Por el otro servir de base para juzgar la gestión del partido o sus funcionarios después del ejercicio de alguna determinada responsabilidad en lo público. En ambos casos, los planes de gobierno deben ser una lógica derivación de sus correspondientes plataformas. Es decir: las propuestas o compromisos concretos que se ofrece realizar, deben ser consistentes con los enunciados conceptuales del partido que los enuncia.
La sustancia de los planes de gobierno debe surgir de una reflexión realizada al interior de los partidos, desde diferentes perspectivas. Básicamente, esas perspectivas son dos. La perspectiva de “la demanda” y la perspectiva de “la oferta”. Y deberían confeccionarse considerando las tres diferentes categorías de espacios de poder público en disputa, a saber: el Organismo Ejecutivo (con los candidatos a presidente y vicepresidente); el Organismo Legislativo (con los candidatos a diputados); y las corporaciones municipales (con las planillas para alcalde, síndicos y concejales). Esto de disponer de tres planes separados (que parecería una simple ocurrencia), permite tener claridad sobre lo que se pretende realizar en cada uno de esos ámbitos. Claridad para los actores (los políticos, los funcionarios) y claridad para la ciudadanía.
Al confeccionar los planes de gobierno, se debe estimar la real viabilidad de sus contenidos. Esto es: se debe considerar de manera honesta la medida en que, desde la perspectiva del que los propone, sean realizables. No se trata de ofrecer solamente con el propósito de ganar votos y sin importar si se trata de un engaño. Debe ser una “oferta seria”.
La “oferta seria” debe partir, por supuesto, de las necesidades sentidas por parte de la población. No se debe olvidar que el Estado-Gobierno no es más que un apéndice del Estado-Nación; el apéndice encargado de servirle (realizar el bien común). Una buena manera de conocer esas necesidades es sabiendo leer las demandas que articulan los diferentes movimientos político sociales y grupos de interés existentes en el país. Esto, por supuesto, no debe entenderse como una limitante. Las demandas explícitas de la población se deben poder completar con las propuestas emanadas de los equipos de técnicos y de ideólogos de los partidos. Pensando, siempre, que no deben ser listados extensos e ininteligibles si no que paquetes concretos y claros.
La “oferta seria” debe contener los compromisos y las responsabilidades concretas que los órganos encargados en los partidos políticos han identificado como estratégicos y como “viables”. Viables: esto es: al alcance de sus posibilidades como gestores de política, en consideración de su tamaño (peso político, traducido en cantidad de curules, por ejemplo) y de las capacidades reales de sus candidatos. Para cada partido, la “viabilidad” debe concebirse tanto en consideración de las posibilidades que se autoadscriban de llegar a acceder a las vacantes que se están disputando, como de sus perspectivas de trabajar de manera efectiva desde los diferentes espacios que puedan ocupar.
Cuando me refiero a la confección de las ofertas a partir de un autodimensionamiento del verdadero poder de cada uno de los partidos, no quiero decir con ello que cada partido, a priori, se disponga como perdedor o se disminuya a sí mismo. Lo que quiero decir es que, sobre todo los partidos más pequeños, sí deberían conocer y reconocer su peso real y sus reales posibilidades, lo que debería conducirlos a un “sabio autodimensionamiento”. Al electorado le interesa conocer cuál será su papel como bancadas minoritarias en el Congreso o como integrantes minoritarios en las diversas corporaciones municipales.
En próximos artículos, me propongo ofrecer algunas reflexiones complementarias a este tema. Sobre todo, relacionadas con el “sabio autodimensionamiento”. En Guatemala, tradicionalmente, los partidos en contienda construyen planes de gobierno de manera general, esto es: aglutinan y ofrecen propuestas desde la utópica posición de que llegarán a ser el partido gobernante en un escenario de dominio completo de todo el poder. Algo que es, en la mayoría de los casos, una situación completamente ajena a la realidad. No obstante, es la práctica más generalizada: como que a todos y a cada uno le avergüenza reconocer que el ejercicio de la “oposición” no es digno de ellos; como que no supieran que uno de los dos principales papeles que se pueden dar en el ejercicio de la política es el de la inteligente y efectiva oposición.
