La noción del Estado de derecho constituye un pilar fundamental en nuestras sociedades, a la vez que es objeto de constantes deliberaciones. Habitualmente, empleamos este término para ilustrar un contexto en el cual todas las personas e instituciones, sin excepción, están sometidas a leyes que se han aprobado públicamente, poseen una vigencia futura y general, y son aplicadas o administradas por tribunales de justicia independientes.
Sin embargo, este ideal enfrenta obstáculos considerables en su aplicación práctica. Un fenómeno que se observa frecuentemente en diversos regímenes autoritarios es el atropello de los límites constitucionales y los derechos fundamentales, todo bajo el pretexto de la ley y el Estado de derecho.
Estos regímenes manipulan y tergiversan la ley a favor de aquellos que mantienen control sobre las instituciones, apoyándose en una narrativa que pone énfasis en una visión formal y superficial de la ley y el Estado de derecho. Un caso reciente es la dictadura venezolana que, citando una sanción de la Contraloría General de Venezuela, anunció la descalificación de la líder opositora, María Corina Machado. Es evidente cómo el régimen invoca una razón legal para coartar la participación de la oposición.
Como señala el profesor András Sajó en su libro «Ruling by Cheating: Governance in Illiberal Democracy«, el acto de «engañar» implica fingir cumplir una regla para poder eludirla, obteniendo por lo general beneficios no merecidos a expensas de las personas engañadas o del «sistema». Esta ventaja se logra quebrantando una regla que otros siguen, lo que se traduce en una ventaja injusta.
Este «engaño legal» es una táctica común en muchos regímenes autoritarios. La ley, por su naturaleza, puede ser interpretada de diversas maneras, y presenta diferentes visiones y significados plausibles. Una buena legislación reduce la incertidumbre, pero es imposible aspirar a un sistema legal compuesto exclusivamente por normas de significado e interpretación inequívocos.
Los tribunales frecuentemente recurren a marcos interpretativos para dar sentido a la ley, y existe un margen dentro del cual ciertas interpretaciones pueden competir entre sí. Esta circunstancia es aún más evidente en materia constitucional, donde los conceptos están lejos de ser fijos y predeterminados.
Indudablemente, existen interpretaciones que desvían el curso de la justicia y trascienden cualquier marco razonable de interpretación. Como recuerda el profesor Sajó, lo que evita el engaño legal y constitucional es «la contención moral y cultural entre los actores constitucionales, resultado de las restricciones y convenciones que los políticos decentes, los administradores y los abogados aceptan sin dudarlo o bajo la presión de una opinión pública moralmente sensible.»
Actualmente, el orden constitucional guatemalteco se encuentra en una situación precaria debido a los continuos embates que han afectado el proceso electoral y los órganos electorales. Muchos de estos ataques se han perpetrado en nombre de la ley, pero son resultado de interpretaciones que podríamos categorizar dentro del concepto de «engaño legal».
Si, como hemos expuesto, la defensa del verdadero significado de la Constitución y las leyes depende en gran medida de esa contención moral y cultural de diversos actores, no cabe duda de que su voz y liderazgo son imprescindibles en este momento crucial.
