Edgar Ortiz
El precio de las energías fósiles ha aumentado de manera importante durante el último año. Esto se debe a múltiples factores. Por el lado de la demanda, la recuperación económica impulsada por el relajamiento de las restricciones de la pandemia hace que la demanda de energía haya repuntado llevando consigo los precios al alza.
Por el lado de la oferta, los altos precios no han traído aparejado un incremento igual en la producción por diversas razones. Los expertos apuntan a que hay un éxodo de inversiones de los petróleos de gas y petróleo en respuesta a las agendas de los gobiernos de las naciones ricas que apuestan por un futuro en el que no exista dependencia de los combustibles fósiles. Esto hace que la oferta no incremente al ritmo que los altos precios lo harían en otras condiciones.
El conflicto en Ucrania agrega una incertidumbre a los precios de la energía, pero independientemente de este conflicto todos los diarios y expertos en materia económica ya nos advertían del encarecimiento del gas y el petróleo.
Guatemala es un país importador neto de gas y petróleo y por lo tanto espectador de estos fenómenos cuyas consecuencias ya se dejan sentir. Hace un año el cilindro de gas de 25 libras se cotizaba a Q116 y en noviembre de 2021 estaba a Q142. El galón de gasolina súper se compraba al 14 de febrero de Q33.22 en la capital y hace un año se compraba a Q25.53.
El Congreso de la República respondió al alza del gas natural con el decreto 15-2021 mediante el cual otorgó un subsidio de Q8.00 al cilindro de 10 libras, de Q16.00 al cilindro de 20 libras, de Q20.00 al cilindro de 25 libras y de Q28.00 al cilindro de 35 libras. Con el subsidio el cilindro de 25 libras bajó Q20 de Q142 a Q122.
De acuerdo con el decreto 15-2021, el subsidio era por tres meses y finalizaría el 28 de febrero de 2022, o sea, hoy. El Congreso introdujo a la carrera la iniciativa de ley 6034 que disponía prorrogar dicho subsidio por dos meses más en la sesión del pasado 23 de febrero pasado, pero no obtuvo los votos necesarios para aprobarla en una sola sesión de urgencia nacional.
Cabe preguntarse si la solución a una subida de precios en el mercado internacional será un subsidio con todo lo que esto implica. Los subsidios son siempre transferencias de un sector a otro y esto tiene costos. En segundo lugar, los subsidios pueden generar incentivos perversos si su modo de implementación no es el adecuado. La intervención del diputado Arzú Escobar parecía sugerir que alguna empresa reaccionó subiendo precios al ver que se aprobaría el subsidio, por ejemplo.
Es inaceptable que el Congreso pretenda prorrogar un subsidio sin ofrecer una evaluación los méritos de la implementación del decreto 15-2021. Los precios del gas, termine pronto o no el conflicto en Ucrania, continuarán altos por mucho tiempo. Dos meses de subsidio no harán la diferencia.
Cabe preguntarse si no sería más lógico apostar a una discusión más estructural como, ¿qué barreras de importación u operación podría removerse para que baje el costo de operar una compañía de gas y esto se refleje en un mayor dinamismo económico y por tanto en precios menores?
Por otra parte, parece más razonable la propuesta del unionismo de exonerar temporalmente el Impuesto a Productos Derivados del Petróleo en el caso de la gasolina y diésel. Dado que se paga un impuesto fijo de Q4.70 por galón de súper y Q4.60 por galón de gasolina, haría alguna diferencia. El erario no se vería afectado considerablemente si además consideramos que el combustible de por sí paga el 12% de IVA de importación con lo cual la recaudación por este rubro ha de ser mayor ahora que la factura petrolera ha aumentado.
